La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de Claudia Pombo -presidenta del Consejo Deliberante de la localidad bonaerense de Pilar- contra una sentencia que la obligó a pagar una multa de 320.000 pesos por «malversación».
Se trata del veredicto del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que la condenó a la pena de multa de $320.000 e inhabilitación especial de cinco años por considerarla autora penalmente responsable del delito de malversación imprudente de caudales públicos, cuando era titular de un Registro del Automotor.
Los hechos investigados ocurrieron en 2011 cuando Pombo se desempeñaba como titular del Registro de la Propiedad del Automotor 2 de San Miguel, es decir, durante el ejercicio de la función pública.
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martin la había condenado el 28 de diciembre del 2021 a una multa de 320 mil pesos e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos por malversación imprudente de caudales públicas en la modalidad de sustracción.
La defensa apeló. Cuestionó que se la hubiera equiparado a una empleada pública de alta jerarquía y pidió la prescripción.
El caso llegó en queja a la Corte Suprema que hoy rechazó el recurso extraordinario porque no se dirige contra una sentencia definitiva.
Fotomultas
Pombo es en la actualidad investigada por el escándalo de las fotomultas y la intermediación de gestores, que determinó la salida del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y pareja de Pombo de su cargo.
Hay dos causas activas en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay y ante la fiscalía federal de La Plata de Alvaro Garganta.
De hecho Garganta imputó esta semana al exministro en esa investigación como supuesto partícipe necesario de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública y en calidad de autor por el delito de cohecho pasivo a raíz de la actuación de gestores que cobraban porcentajes para reducir a la mitad multas de tránsito.
Garganta imputó a un total de 16 acusados por la presunta «connivencia» con personas -entre ellos abogados- que captaban a deudores de infracciones de tránsito y les prometían reducirlas al 50 por ciento a cambio de un porcentaje.
