El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó este jueves 12 de diciembre levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, de la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo y de otros investigados por supuesto lavado de activos en relación a presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.
La decisión tiene como objetivo determinar si los involucrados han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”. La investigación abarca movimientos financieros desde diciembre de 2021 hasta la fecha.
En la causa que investiga si ambos “ por sí y/o a través de interpósitas personas -físicas o jurídicas-, incluyendo su núcleo familiar y de confianza” han incrementado “ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio”, según la imputación a la que tuvo acceso Quorum
Para avanzar en la pesquisa el magistrado dispuso “proceder al levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil” de D’Onofrio, Pombo y otros cinco investigados, según consta en el escrito judicial para “ lograr recabar los datos de interés de los nombrados, establecer fondos de las posibles cuentas, movimientos y saldos”
“ No debe perderse de vista que nos hallamos ante la hipótesis de la comisión de un delito complejo. En este sentido, siempre respetando las garantías del proceso, corresponde adoptar medidas de prueba eficaces para investigarlo”, explicó González Charvay.
Entre las medidas dispuestas, se destacan:
- Requerimientos al Banco Central de la República Argentina (BCRA): El juez solicitó que las entidades bancarias informen sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros activos en pesos y moneda extranjera pertenecientes a los investigados.
- Informe a la Unidad de Información Financiera (UIF): Se ordenó determinar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y antecedentes vinculados a los imputados, además de colaboración con organismos internacionales, incluyendo pares en España, a través de la plataforma del Grupo Egmont.
- Consulta a proveedoras de criptomonedas: Se instruyó a empresas locales a verificar si los investigados son clientes y proporcionar información sobre sus movimientos desde fines de 2021.
Un esquema financiero bajo la lupa
La investigación apunta a detectar maniobras que podrían configurar lavado de activos y otros delitos financieros. Según la imputación, los involucrados habrían utilizado a terceros o empresas para canalizar ingresos no declarados, aumentando de manera notable su patrimonio sin justificación aparente.
“Es indispensable adoptar medidas que permitan acceder a la información financiera integral de los investigados para determinar el origen y destino de los fondos”, explicó González Charvay.
Cómo sigue
El juez de Campana esperará los resultados de las medidas de prueba ordenadas para resolver si tiene sustento la denuncia que presentó la empresa a cargo de las multas de tránsito Secutrans vinculada a delitos con el cobro de esas infracciones cuando llegan a instancia judicial y que derivarían en significativas mermas de sus ingresos.
La pesquisa está en estado «embrionario», ha definido el juez en la resolución a la que tuvo acceso Quorum, y los pedidos de informes apuntan a determinar la existencia de elementos para avanzar.
Por lo pronto el magistrado ha rechazado tomar como querellante al titular de Secutrans, Leandro Camani. Esta decisión podría ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín
Contexto
Secutrans denuncia el presunto montaje de un «esquema delictivo» de recaudación paralela con el sistema de multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, que derivaría en una directa afectación a su patrimonio.
Esta es la investigación que se ha iniciado en el juzgado federal de Campana bajo la figura del artículo 303 del Código Penal que castiga el lavado de activos.
Imputados
En la investigación han sido imputados: el ministro D’Onofrio, la concelaja de Pilar Pombo y un supuesto «círculo de confianza» que estaría conformado al menos por Facundo Asencio, Mario Quattrochi, Roxana Pombo y otros dos familiares.
Las medidas de prueba se ordenaron para con todos ellos.
Quattrochi es juez de faltas de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires
Roxana Pombo, hermana de Pilar Pombo, es funcionaria del Ministerio de Transporte provincial.
Asencio es director provincial de la VTV (Verificación técnica vehicular)