La solicitud fue formulada por el fiscal Diego Velasco, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). También pidieron el embargo de sus bienes, entre ellos inmuebles, una embarcación y un vehículo.
El fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, pidió este miércoles la detención del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de proteger a grupos narcos en Santa Fe y favorecer a un financista.
La solicitud fue realizada, tal como se había adelantado en la reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, en el marco de la audiencia imputativa que se llevó a cabo este miércoles en el Tribunal Oral de la ciudad de Rosario. Bailaque fue imputado por maniobras de corrupción incumplimiento en los deberes de funcionario público pero no quedará detenido por el momento porque tiene inmunidad de arresto.
“No escapa a este Ministerio Público Fiscal que el imputado tiene inmunidad de arresto. Esto es un pedido sujeto a que el Consejo de la Magistratura actúe en consecuencia”, aseguró Velasco ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
Entre otros puntos, Velasco destacó que existen pruebas suficientes para justificar el pedido de detención del magistrado porque estando en funciones podría interferir en el desarrollo de las investigaciones. De hecho, recordó un episodio en el que el juez federal habría intimidado a una empleada judicial convocada a declarar en la causa, lo que fue interpretado como un intento de condicionar su testimonio.
En paralelo, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó el embargo de diversos bienes del juez, entre ellos inmuebles, una embarcación y un vehículo, como parte de las medidas cautelares en el marco del proceso penal.
La acusación
Uno de los ejes centrales de la imputación contra el juez está vinculado a una causa de 2013 que tiene como principal acusado a Esteban Lindor Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista. Bailaque no se excusó de intervenir a pesar de un evidente conflicto de interés: su asesor contable personal asesoraba también a empresas vinculadas a Alvarado y su ex pareja, Rosa Capuano.
También quedó en la mira por su rol en una de en 2019 que involucró a las cooperativas Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo, junto con una financiera cuyo titular, Fernando Whpei, sería amigo personal del magistrado. Este expediente, que se originó en el Juzgado Federal de Campana, terminó en el juzgado de Bailaque tras una declaración de incompetencia territorial.
Una vez radicado el caso en Rosario, el juez liberó en diciembre de 2020 fondos embargados por unos 150 millones de pesos, permitiendo que la cooperativa retomara operaciones a través de una sociedad anónima y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, ambas vinculadas a Whpei. El titular de la cooperativa ya había sido detenido, acusado de administración fraudulenta, lavado y asociación ilícita.
Además, Bailaque enfrenta otra acusación por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y prevaricato. Esta se desprende de una causa en la que el magistrado dictó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa que estaban siendo investigados en su juzgado.
