Una denuncia presentada ante la Justicia federal argentina pide juzgar al ex presidente de Bolivia Evo Morales por presuntas masacres, torturas y otros crímenes cometidos durante su presidencia considerados delitos de lesa humanidad y en base al principio de justicia universal.
La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Lo que importa
El ex presidente de Bolivia Evo Morales Ayma fue denunciado ante la Justicia argentina por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, durante su mandato. La denuncia, que quedó registrada bajo el expediente CFP 1940/2025, se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los denunciantes, entre ellos el Foro Argentino por la Democracia en la Región, el Foro Internacional por la Democracia, y múltiples ciudadanos bolivianos y argentinos, acusan a Morales de haber sido responsable político de masacres, torturas y tratos inhumanos, actos que fueron documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El sistema judicial boliviano no tiene condiciones para actuar con independencia”, señala la presentación, que invoca el principio de jurisdicción universal, habilitando a la Justicia argentina a intervenir ante crímenes de tal gravedad, aún cuando no hayan sido cometidos en su territorio.
Contexto
La denuncia invoca la Ley 26.200, que en Argentina implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y habilita expresamente a los tribunales nacionales a ejercer jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, sin importar el lugar de los hechos ni la nacionalidad de las víctimas o de los autores.
Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia atravesó crisis políticas, sociales y represivas, con una fuerte denuncia internacional por parte de organismos de derechos humanos. La CIDH ha documentado en distintos informes el uso excesivo de la fuerza estatal, la represión de protestas y episodios de violencia con participación de fuerzas de seguridad estatales.
En particular, se destacan eventos catalogados como masacres, y denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia opositores políticos, líderes cívicos y manifestantes. Morales dejó el poder en noviembre de 2019, tras una fuerte crisis institucional y presión tanto interna como externa.
“La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, sostienen los denunciantes.
Cómo sigue
La jueza deberá determinar si la Justicia argentina puede asumir la competencia en base al principio de jurisdicción universal. En esta fase, también se definirá si corresponde avanzar en una investigación formal contra Evo Morales.
