Los registros de la Corte Suprema muestran una reducción de los femicidios durante 2025, pero más de 107.000 mujeres denunciaron violencia de pareja ante la Justicia desde 2008. El aniversario encuentra al país atravesado por un intenso debate sobre el alcance de las políticas públicas.
“En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos siete años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta”.
Con esas palabras comenzaba el documento que dio origen a Ni Una Menos. El 3 de junio de 2015, una movilización masiva convirtió un reclamo social en una de las expresiones ciudadanas más significativas de las últimas décadas. Once años después, la consigna conserva vigencia, aunque el contexto obliga a una lectura más compleja de la realidad.
Las cifras muestran avances en algunos indicadores y persistencia en otros. Mientras los registros oficiales reflejan una disminución de los femicidios, la demanda de asistencia judicial y protección continúa siendo elevada. La violencia de género sigue ocupando un lugar central en los tribunales, en los organismos especializados y en el debate público.
El punto de partida de aquel movimiento fue el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino, Santa Fe, por su entonces novio. El caso provocó una conmoción que trascendió fronteras y funcionó como catalizador de una indignación acumulada durante años.
Una década de cambios en los números
De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas vinculadas.
La cifra representa una disminución del 12,3% respecto de 2024 y consolida una tendencia descendente observada en los últimos años. Desde el pico de 260 víctimas directas registrado en 2019, la reducción acumulada alcanza el 20,6%.
Sin embargo, detrás de la mejora estadística persisten datos que mantienen la preocupación. Durante 2025 se produjo una víctima directa de femicidio cada 44 horas.
El informe también permite observar patrones que se repiten con el paso de los años. El 78% de los hechos ocurrió dentro de viviendas y en el 83% de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor. En seis de cada diez expedientes se trataba de parejas, exparejas o relaciones sexoafectivas.
La estadística volvió a cobrar visibilidad en las últimas semanas a partir de distintos casos que conmocionaron a la opinión pública y reabrieron interrogantes sobre los mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, los especialistas suelen advertir que los hechos que alcanzan notoriedad mediática representan sólo la expresión más extrema de una problemática mucho más amplia.
El iceberg de la violencia cotidiana
Los femicidios constituyen la punta visible de un fenómeno que se manifiesta diariamente en los tribunales.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, creada en 2008 para facilitar el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad, informó que desde su puesta en funcionamiento evaluó 107.417 situaciones correspondientes a mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante ese período realizó 105.933 derivaciones a la justicia civil y 85.191 a la justicia penal, un promedio cercano a 30 intervenciones judiciales por día.
La oficina funciona las 24 horas, todos los días del año, y cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social. Su tarea incluye la recepción de denuncias, la evaluación de riesgos, la constatación de lesiones y la elaboración de informes destinados a los juzgados competentes.
Los números permiten dimensionar una realidad que muchas veces permanece invisible. Detrás de cada denuncia aparecen situaciones de violencia física, psicológica, económica o simbólica que requieren respuestas institucionales inmediatas.
La radiografía porteña
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) también elaboró recientemente un análisis sobre los femicidios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2024.
Durante esa década se registraron 123 víctimas de femicidio, equivalentes al 62% de los homicidios dolosos de mujeres cis, mujeres trans y travestis ocurridos en la jurisdicción.
El año con mayor cantidad de casos fue 2015, con 21 víctimas, mientras que el menor registro se observó en 2022, con seis.
El estudio también identificó factores de vulnerabilidad recurrentes. La edad promedio de las víctimas fue de 43 años. Un tercio eran extranjeras, principalmente provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú. Además, se registraron antecedentes de consumos problemáticos, discapacidades, trastornos de salud mental y situaciones de calle en una proporción significativa de los casos analizados.
En el 86% de los hechos, el agresor era una persona conocida por la víctima.
Políticas públicas y debate político
A lo largo de estos once años, la problemática de la violencia de género generó respuestas institucionales de distinto alcance.
Entre las medidas impulsadas durante la última década se encuentran la creación del Registro Nacional de Femicidios, la sanción de la Ley Micaela, el fortalecimiento de la Línea 144 y la implementación del Programa Acompañar, orientado a brindar asistencia económica a personas en situación de violencia.
La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019 representó el punto más alto de esa institucionalización. Su posterior cierre, dispuesto durante la actual administración nacional, abrió un nuevo debate sobre la forma en que deben organizarse las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia.
Mientras sectores vinculados al Gobierno sostienen que era necesario revisar la eficacia de las estructuras existentes, organizaciones especializadas y organismos de derechos humanos advierten sobre la necesidad de garantizar mecanismos estables de protección y acompañamiento para las víctimas.
La deuda pendiente
Más allá de las discusiones políticas, uno de los desafíos que continúa atravesando al sistema judicial es la capacidad de actuar de manera preventiva.
El propio informe de femicidios correspondiente a 2025 muestra que en al menos 101 casos existían antecedentes de violencia de género previos al crimen.
La historia de Olga del Rosario Díaz se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de esa problemática. Tras años de violencia y múltiples pedidos de protección, fue asesinada en 2017 por su agresor. El caso llegó hasta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que cuestionó la actuación estatal y señaló deficiencias en la respuesta institucional frente al riesgo denunciado.
Su historia resume una preocupación que continúa vigente: la distancia que muchas veces existe entre la denuncia, la protección efectiva y la prevención del desenlace fatal.
Once años después
A once años de aquella movilización que reunió a cientos de miles de personas en todo el país, los números muestran avances, retrocesos y desafíos que siguen abiertos.
La disminución de los femicidios registrada por la Corte Suprema constituye una señal alentadora. También lo es la mayor visibilidad que adquirió una problemática que durante demasiado tiempo permaneció confinada al ámbito privado. Sin embargo, las más de 107.000 situaciones de violencia doméstica atendidas por la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires recuerdan que detrás de cada estadística hay historias concretas, muchas veces atravesadas por el miedo, el aislamiento y la falta de respuestas oportunas.
Quizás el mayor legado de Ni Una Menos no haya sido únicamente llenar plazas o instalar una consigna que atravesó generaciones. Tal vez haya sido obligar a la sociedad a mirar de frente una realidad que durante años prefirió ignorar.
Porque el verdadero desafío no empieza cuando una mujer ya fue asesinada y miles de personas salen a la calle a exigir justicia. El desafío empieza mucho antes. Empieza cuando una víctima realiza una denuncia. Cuando pide ayuda a una amiga, a un familiar o a una institución. Cuando aparecen las primeras señales de violencia. Cuando todavía existe la posibilidad de evitar el desenlace.
Once años después, la pregunta ya no es solamente cuántas mujeres murieron. La pregunta es cuántas podrían seguir vivas si las alertas fueran escuchadas a tiempo. Si las medidas de protección llegaran cuando se necesitan. Si la prevención ocupara el mismo lugar que la conmoción posterior.
Porque ninguna sociedad debería acostumbrarse a contar víctimas. Y porque el objetivo último de Ni Una Menos seguramente nunca fue marchar después de cada femicidio, sino construir las condiciones para que esas marchas algún día dejen de ser necesarias.
