La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a la jueza Sandra Arroyo Salgado en la investigación por el tramo ENERSA del pago de sobornos de la empresa Securitas, que implica al ex senador entrerriano Edgardo Kueider.
Lo que importa
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, continuará al frente de la causa que investiga una compleja trama de sobornos pagados por la filial argentina de la empresa sueca de seguridad Securitas a diversas dependencias estatales, entre ellas la empresa estatal de energía entrerriana ENERSA. En este tramo del expediente está involucrado el ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, actualmente detenido en Paraguay.
La confirmación de la magistrada fue decidida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de tres de los imputados: Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y la firma Segar Seguridad SA. En la resolución, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo consideraron que la decisión no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención del tribunal y no se advertía un “perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.
“No se encuentra en juego ninguna cuestión federal que permita habilitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, concluyeron los camaristas, confirmando así lo resuelto previamente por la Cámara Federal de San Martín, que había rechazado un planteo de falta de competencia presentado por la defensa.
El caso Securitas: millones en sobornos
La investigación judicial se originó en 2019, cuando la empresa Securitas -tras un cambio de gestión- detectó movimientos financieros irregulares y presentó una autodenuncia. Según admitió la propia compañía, se realizaron pagos ilegales a funcionarios de distintas entidades públicas para asegurar contratos de seguridad privada y acelerar el cobro de servicios adeudados.
Entre los organismos involucrados se encuentran Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Energía de Entre Ríos SA (ENERSA).
En este último caso, la figura de Edgardo Kueider aparece en el centro de la escena. Exdirector de ENERSA y luego senador nacional, Kueider está acusado de enriquecimiento ilícito y de haber recibido parte de esos pagos irregulares cuando era funcionario.
Contexto
El ex senador fue detenido junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Ambos se encuentran con arresto domiciliario en ese país, a la espera del trámite de extradición solicitado por la jueza Arroyo Salgado.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó diversas medidas de prueba para profundizar la investigación sobre Kueider. Entre ellas, la obtención de los estatutos de la empresa Betail, a través de la cual se habrían adquirido propiedades en la ciudad de Paraná, presuntamente con fondos no declarados. También se pidieron informes a la AFIP, al Banco Central y copias de sus declaraciones juradas patrimoniales.
De acuerdo con la causa, los departamentos fueron construidos por un grupo desarrollador en el que participaban Claudio y Marcelo Tortul, dos de los principales imputados en la causa Securitas.
Cómo sigue
Con esta definición, se despeja un obstáculo procesal importante y se habilita la continuidad del expediente en manos de la magistrada, que ahora podrá avanzar en la producción de pruebas clave y en los pedidos de cooperación internacional necesarios para que Kueider rinda cuentas ante la Justicia argentina.
Arroyo Salgado reclama a Paraguay la extradición de Kueider.