La causa Securitas es una mega investigación judicial abierta desde 2020 en el fuero federal de San Isidro. Se trata del expediente que desvela al senador entrerriano por el PJ Edgardo Kueider, sorprendido la semana última con más de 200.000 dólares cash intentando ingresar de madrugada a la paraguaya Ciudad del Este.
El senador que quedó bajo arresto domiciliario en Asunción junto a su secretaria Iara Guinsel Costa, está imputado desde este año en la investigación, sospechado de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
Se investiga si departamentos y cocheras en un lujoso complejo habitacional en Paraná, que figuran a nombre de la sociedad Betail, en realidad le pertenecen
En octubre pasado presentó abogado defensor en el juzgado que lleva el caso, el federal 1 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
«La corrupción es estructural y endémica en nuestro país», advirtió la magistrada sobre este caso en una entrevista que ha concedido al programa de Luis Majul, en el canal La Nación +
El entramado Securitas
La mega causa investiga ilícitos vinculados a pagos indebidos realizados por miembros de la filial argentina de esa empresa de seguridad privada con casa matriz en Suecia.
El objetivo de las maniobras cometidas entre 2013 y 2018 habría sido asegurar o mantener contratos comerciales con organismos públicos y privados. Entre ellas, la empresa estatal de energía de Entre Ríos, Enersa.
En este tramo de la pesquisa se investiga a Kueider: se sospecha que es el real propietario de los departamentos, dentro del complejo que según la denuncia habría sido construído por un grupo desarrollador integrado por dos de los principales acusados en Securitas, los hermanos Claudio y Marcelo Tortul
ENERSA y Kueider
Kueider fue directivo de la empresa estatal en parte del período investigado.
Después el actual Senador acusado de contrabando en Paraguay ejerció como secretario General de la Gobernación durante la administración de Gustavo Bordet
El 2 de octubre pasado, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió medidas de prueba en relación a Kueider: estatutos de la empresa Betail, declaraciones juradas del legislador, informes a la AFIP y al Banco Central sobre su patrimonio, entre otras medidas.
El pasado miércoles 4 de diciembre – mismo día del control aduanero paraguayo-, y a cientos de kilómetros de distancia, un tribunal del norte de la provincia de Buenos Aires le puso la firma a la confirmación de procesamientos de los Tortul y otros implicados en la megacausa Securitas.
Los jueces de la Cámara Federal de San Martín Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán ratificaron las acusaciones de la jueza que lleva la causa, la federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y ordenaron profundizar en diferentes aspectos de la pesquisa.
El senador no aparece nombrado en esta resolución pero está imputado en la parte del caso que sigue bajo investigación ya que la fiscalía pidió unificar la denuncia en su contra con esta mega causa penal
Los procesados están excarcelados por decisión de ese Tribunal de Apelaciones
Qué se sabe de los delitos
A través de sus posiciones jerárquicas en la organización, los acusados habrían asignado funciones específicas para coordinar las maniobras necesarias para sobornar y garantizar contratos con entidades como ENERSA. Por eso quedaron confirmados procesamientos por presunta “asociación ilícita”, entre otros delitos.
Pruebas remarcadas por la Cámara
- Declaraciones de testigos clave y otros colaboradores, mencionaron explícitamente ENERSA en sus relatos sobre las prácticas sistemáticas de pagos indebidos.
- Los registros contables y las empresas ficticias señaladas (por ejemplo, Tornell) apuntan a ENERSA como parte de las actividades ilícitas que involucran tanto pagos como dádivas a funcionarios.
- Las acusaciones contra los imputados incluyen asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública. ENERSA es uno de los casos representativos dentro del universo de delitos investigados.
- Aunque las imputaciones aún están en proceso de resolución, la Cámara Federal de San Martín considera que los elementos probatorios reúnen el grado de probabilidad necesario para sostener los cargos en esta etapa procesal.
Contexto
- La investigación surge de una autodenuncia del Grupo Securitas, llevada a cabo como parte de su programa de integridad, en virtud del artículo 9 de la Ley 27.401, sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Lo hizo luego de recibir una serie de correos electrónicos en su casa matriz, donde se denunciaba lo que ocurría en Argentina.
- Según la imputación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, directivos y empleados de empresas del grupo habrían establecido un esquema de pagos indebidos a funcionarios públicos y entidades del Estado, entre las que figura ENERSA.
- Los imputados, pertenecientes a la jerarquía del Grupo Securitas, habrían utilizado una contabilidad marginal para registrar pagos a proveedores ficticios o fraudulentos. Los fondos así generados se habrían empleado para realizar sobornos a funcionarios públicos.
- ENERSA aparece en este esquema como una de las entidades cuyos funcionarios o intermediarios habrían recibido pagos indebidos en el marco de contrataciones y otras gestiones administrativas.
- En las evidencias recogidas por la investigación interna y las declaraciones de testigos, se señala la utilización de la empresa “Tornell” para canalizar pagos relacionados con ENERSA.
- Las maniobras incluían sobrefacturación en las horas de trabajo facturadas, lo que permitía generar fondos para pagos ilícitos
- El objetivo era mantener, renovar o acelerar procesos relacionados con contratos comerciales, cobros de facturas pendientes y habilitaciones necesarias para las operaciones del Grupo Securitas.
Imputados
- Los principales acusados, incluyendo los hermanos Tortul, Jorge Christian Faria, Gabriel Di Cesare y otros ahora ex directivos del grupo Securitas en Argentina, habrían diseñado y supervisado el esquema de corrupción.