Antes de llegar a la Presidencia de la Nación, Alberto Fernández facturaba servicios al broker de seguros Héctor Martínez Sosa, principal beneficiario luego del decreto firmado por el ex mandatario que abrió camino a la intermediación y cobro millonario de comisiones por la contratación de pólizas de seguro en organismos públicos.
Ambos están acusados en la investigación penal que se encamina a definir situaciones procesales y esa relación comercial de vieja data la revela un informe de la Procelac incorporado a la causa que se investiga en Comodoro Py.
Lo que importa
El ex presidente Alberto Fernández emitió facturas por más de cuatro millones de pesos al broker de seguros Héctor Martínez Sosa entre 2010 y 2019, según reveló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Las facturas, por supuestos servicios jurídicos, se emitieron a las empresas HMS SA y Austral Consulting SA, ambas vinculadas a Martínez Sosa, esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de que Fernández asumiera la presidencia.
Este vínculo comercial se suma como prueba clave a la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado, donde Fernández, Martínez Sosa y Cantero están imputados y ya fueron indagados.
Según el informe de 662 páginas ya bajo estudio del juez Casanello y del fiscal del caso Carlos Rívolo, Fernández facturó al menos 4.257.000 de pesos entre 2010 y 2019.
El trabajo analiza la actividad económica del exmandatario durante el período en que no ocupaba cargos públicos. El documento expone un vínculo sostenido durante más de nueve años con el empresario de seguros
Una relación sostenida en el tiempo
Las operaciones comerciales entre Alberto Fernández y las empresas de Héctor Martínez Sosa comenzaron formalmente el 4 de diciembre de 2010 y concluyeron el 6 de diciembre de 2019, según la documentación fiscal analizada. Durante ese lapso, Fernández emitió múltiples facturas por servicios profesionales dirigidas a Héctor Martínez Sosa S.A. y Austral Consulting S.A., ambas compañías bajo el control del broker.
El año de mayor actividad fue 2019, en el que Fernández facturó un total de 1.422.000 pesos, coincidiendo con el tramo final de la campaña presidencial que lo llevaría de regreso a la Casa Rosada.
Según el informe de la PROCELAC, las empresas de Martínez Sosa realizaron retenciones impositivas por “locación de obra y/o servicios” y “ejercicio como síndico o director de S.A.”.
Además de la firma principal de Martínez Sosa, Fernández también le facturó a Austral Consulting S.A., otra empresa del mismo grupo. Entre julio de 2014 y diciembre de 2015, emitió dos facturas mensuales por 10.000 pesos cada una. Luego, entre enero de 2016 y abril de 2017, el monto mensual subió a 15.000 pesos. Aunque los valores parecen menores, consolidan el patrón de relaciones contractuales sistemáticas con el entorno del broker, explican fuentes judiciales.
El informe también señala a Sancor Seguros como otro de los clientes relevantes del expresidente. Entre 2011 y 2012, la aseguradora contrató servicios de Fernández mediante un abono mensual de 37.190,08 pesos neto de IVA, hasta el 3 de mayo de 2012, fecha de la última factura detectada por los peritos de la procuraduría.
Contexto
En la causa Seguros se investigan delitos en la contratación mediante brokers de pólizas de seguro para organismos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández.
Durante 2024 el caso estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, radicado en el juzgado federal 11 vacante desde el fallecimiento del juez Claudio Bonadio.
En febrero último se sorteó nuevo magistrado para la subrogancia y resultó designado Casanello. Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado, entregó un escrito y se negó a responder preguntas. En esa ocasión manifestó que con Martínez Sosa lo unía una relación de amistad.
El descubrimiento de estas facturaciones forma parte de una causa judicial en la que Fernández y Martínez Sosa están imputados por supuestas maniobras irregulares en la contratación de seguros para organismos estatales. La investigación apunta a una posible red de beneficios indebidos canalizados a través de contratos con brokers seleccionados, entre los que figura Martínez Sosa.
El informe de la PROCELAC se incorporó al expediente la semana pasada. La Justicia busca determinar si hubo delitos vinculados al lavado de dinero, evasión fiscal o conflicto de intereses en estas relaciones comerciales. Además, se analizan dispositivos electrónicos secuestrados y registros de comunicaciones entre los involucrados.
A los acusados -39 en total- se los acusa de «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.
Cómo sigue
Terminadas las indagatorias de los 39 imputados, empezaron a correr los plazos legales para definir situaciones de los acusados. Es decir, si se procesa a los acusados por administración fraudulenta, se dicta la falta de mérito y sigue profundizándose la investigación o se los sobresee.
El juez Casanello ordenó estas nuevas medidas de prueba de manera previa a decidir y una vez que se conozca su resolución comenzará la etapa de apelaciones ante la Cámara Federal porteña.
