Los casi 600.000 dólares secuestrados a Sofía Clerici en su casa de Nordelta en medio del escándalo de sus fotos con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en un yate en Marbella quedarán por ahora depositados en una cuenta judicial. Resolución completa
Se revocó una decisión previa que había autorizado a la modelo a usarlos para un blaqueo de capitales.
La Cámara Federal de La Plata advirtió que por ahora esos dólares tienen que seguir bajo custodia judicial hasta que se determine su origen.
El juez federal Ernesto Kreplak que llevaba hasta hace unos meses la causa contra Insaurralde y los demás acusados había autorizado a la modelo a disponer de los dólares -569.911 exactos- secuestrados en su casa de Nordelta para acogerse al Régimen de Regularización de Activos, conforme a la Ley 27743. Eso nunca se concretó porque hubo apelación por parte de la Unidad de Información Financiera.
Ahora los camaristas platenses Roberto Lemos Arias y Carlos Vallerfin revocaron esa decisión hasta que se determine si son efectivamente de la modelo y su origen. Clérici aún no fue convocada a citación indagatoria y goza de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme, pero no está sobreseída.
La Cámara Federal de La Plata advirtió que los dólares deben seguir en una cuenta judicial.
Los vínculos entre Insaurralde y Clérici
A Clérici se la investiga como supuesta responsable, en algún grado, «de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde, habiéndose originado esos fondos por un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó» desde 2009.
Por eso debe estarse a la «estricta preservación de bienes que puedan estar ligados a presuntos hechos de corrupción», advirtió la Cámara.
La ley a la que Sofía Clérici busca acogerse con esos dólares excluye los casos en los que no puedan descartarse delitos contra la administración pública, fundamentaron además los jueces.
Qué argumentó la UIF
En su apelación, la UIF remarcó la «gravedad de los hechos que se investigan» por su vinculación con posibles maniobras de corrupción también que no se ha acreditado que ese dinero sea de ella pese a sus explicaciones y marcó como «elemento relevante» que Clérici haya viajado con Insaurralde al exterior.
«No se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen», aseguró.
Clérici fue situada «en un viaje al exterior junto con Insaurralde, siendo la legitimidad de los fondos para su concreción objeto de la presente pesquisa».
En la investigación judicial «claros indicios» de que la modelo «realizaba pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él», advirtió
El artículo 41 de la ley 27.743 no contempla la posibilidad de que pudieran acogerse provisionalmente al régimen aquellos sujetos con procesos penales en trámite por los delitos contra la administración pública, concluyó.
El inicio del Yategate
La investigación judicial contra Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, se ha intensificado en los últimos meses. La causa, que comenzó tras la difusión de imágenes de un lujoso viaje a Marbella con la modelo Clerici, ha revelado una serie de presuntas irregularidades financieras y patrimoniales que involucran a su entorno más cercano.
En la actualidad hay en marcha medidas de prueba vinculadas a la evolución patrimonial de la ex esposa de Insaurralde, Jésica Cirio.
El denominado «Yategate» estalló en septiembre de 2023, cuando se viralizaron fotos de Insaurralde y Clerici a bordo del yate «El Bandido» en Marbella. Las imágenes, que mostraban un estilo de vida ostentoso, llevaron a la Justicia a iniciar una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La causa ha cambiado de juez en varias ocasiones, y actualmente está en manos del juez federal Luis Armella, quien ha reactivado las medidas de prueba que estaban frenadas. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la competencia de la Justicia federal en la investigación, rechazando el intento de la defensa de trasladar el caso a la Justicia provincial.
