Marisa Graham fue removida de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes

Tras una votación impulsada por el oficialismo en la Comisión Bicameral, la abogada fue desplazada de su cargo como defensora del organismo. “No la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”, denunció una de las diputadas que impulsó su salida.

La Libertad Avanza (LLA) logró este miércoles lo que no había conseguido en marzo: remover a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, junto a su adjunto Facundo Hernández, en una votación realizada por la Comisión Bicameral. Pese a los cuestionamientos del bloque de Unión por la Patria, que advirtió que la remoción requería una mayoría de dos tercios, los legisladores oficialistas avanzaron con una votación a mano alzada, apelando a que el rechazo a la resolución 1/25 podía resolverse por mayoría simple.

La decisión fue respaldada por las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia, y por las diputadas del PRO María Sotolano y Andrea Cristina, además de las radicales Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela. El eje de la controversia fue la resolución con la que Graham había prorrogado su mandato y el de Hernández, ante la falta de renovación por parte del Congreso.

La resolución 1/25 establecía que, en caso de no designarse un nuevo titular tras el vencimiento del mandato, el defensor en funciones continuaría hasta tanto se produjera esa designación. El cargo, creado por la ley 26.061 en 2005, fue ocupado por Graham desde febrero de 2020, luego de un extenso proceso de selección que incluyó concurso público, impugnaciones, examen escrito, plan de trabajo y audiencias públicas.

La diputada libertaria, Nadia Márquez, sostuvo que “es sumamente grave que la defensora se autoprorrogue su mandato” y enfatizó que “no la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.

La bicameral encargada de monitorear el organismo rechazó a mano alzada la resolución 1/25 que extendía el mandato del titular hasta una nueva designación.

A su turno, Nicolás Mayoraz -también oficialista- entendió que Graham estaba “ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado”. “La actitud raya el delito de sedición”, entendió y agregó: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.

Tras su remoción, Graham denunció en una entrevista que la Defensoría quedó formalmente acéfala y advirtió sobre las consecuencias judiciales: “Hoy está sin firma”, admitió en diálogo con Modo Fontevecchia. Si bien explicó que algunas delegaciones de firma permiten sostener cuestiones administrativas mínimas, alertó que “tenemos cientos de casos de un nene o una nena víctima de abuso sexual infantil”, y que ahora depende de cada juez si los expedientes pueden seguir su curso.

Graham aclaró que no tenía interés en continuar en el cargo por otro mandato, aunque legalmente podía hacerlo. La falta de constitución de la Bicameral durante todo el 2024 la llevó a optar por incluir en el reglamento interno una prórroga tácita, como ya ocurre en organismos como la Defensoría del Pueblo o la Procuración Penitenciaria. “Tenía dos alternativas: o apagaba la luz y me iba, o buscaba una vía jurídica. Los jueces nos dijeron que no era competencia de ellos, así que fuimos por esta vía reglamentaria”, explicó.

La ex defensora también reveló que había enviado cartas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y al titular de Diputados, Martín Menem, advirtiendo sobre la urgencia de constituir la comisión y designar nuevas autoridades. “Jamás tuvimos una respuesta. El año pasado también le mandamos cartas a todos los jefes de los bloques”, relató.

La remoción de Graham se produjo pese a que su resolución de prórroga había sido avalada por al menos tres jueces: dos de primera instancia, uno de Cámara en lo contencioso administrativo federal y un juez penal. Este último desestimó una denuncia por abuso de poder, entendiendo que la reforma del reglamento estaba dentro de sus competencias. “Esa prórroga fue lo que provocó que se constituyera la Bicameral. Lo digo yo porque lo dijo la diputada Sarapura en el recinto”, apuntó Graham.

Graham se mostró preocupada por las causas que quedan sin conducción clara. “En un momento eran los niños no defendidos por nadie, y por el otro lado no iba a pasar nada en una semana. En una semana pueden pasar muchas cosas. Y siguen pasando”, remarcó, en referencia a causas sensibles como la situación de la niñez wichi en Salta, los amparos por comedores escolares y el corte en la provisión de medicamentos a niños con enfermedades poco frecuentes.

Por último, Graham expresó alivio por la convocatoria a un nuevo concurso para reemplazarla, aunque advirtió que el proceso podría extenderse si no hay voluntad política. “No creo que sea algo contra mí particularmente. Pareciera que algunos sí tienen un encono conmigo, pero no los conozco. Así como ellos dicen que no me conocen a mí, yo nunca he tenido charlas personales con ellos”.

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