Se trata del ex titular de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia, quien enfrentará un juicio como presunto líder de una asociación ilícita. También serán juzgados cinco exagentes, un abogado penalista y operadores del mercado financiero.
El comisario mayor José Segovia estuvo al frente de la Jefatura Departamental de Mar del Plata entre los años 2021 y 2024. En ese período -según la acusación fiscal- armó una “policía paralela” para recaudar dinero exigiéndole a delincuentes parte del botín de sus robos a cambio de alterar pruebas, y un canon a los arbolitos para que pudieran operar sin problemas, entre otras cosas.
Segovia, de 47 años, fue arrestado el 8 de mayo del año pasado. Trece meses después, la Justicia ordenó la elevación a juicio oral de la causa por delitos que incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, falsificación de documentos públicos, estafa procesal, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La decisión fue adoptada por el juez Daniel De Marco, quien rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa del exjefe policial. De este modo, el comisario y otros trece acusados deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Entre los coimputados figuran varios exagentes de la fuerza, como Claudio David Alaniz, Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Gastón Daniel Moraña y Jonathan Sonzogni; un abogado penalista, Lautaro Resúa; y operadores del mercado financiero informal, como Jorge Toletti, señalado como arbolito y dueño de un bar en la zona céntrica de la ciudad. También se encuentran implicados Mauricio Ramírez Armani, Nicolás Rivademar, Héctor Sabino Sosa, Javier Collova, Cristian Gari y Juan Pablo Velázquez.
La investigación, a cargo del fiscal general adjunto Marcos Pagella, sostiene que el comisario mayor organizó un grupo operativo informal denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), que respondía directamente a sus órdenes y operaba sin los controles habituales. “No es ni más ni menos que la policía paralela que Segovia armó para demostrar suficiencia y mantener el control de las comisarías”, había señalado el funcionario judicial.
Las acusaciones describen un esquema delictivo donde el grupo exigía parte del botín a ladrones conocidos, manipulaba pruebas, protegía a arbolitos a cambio de pagos y encubría operaciones ilegales como la compraventa de dinero falso y juegos clandestinos.
En junio del año pasado, el juez De Marco sostuvo que la asociación funcionaba para controlar lo que sucedía en las comisarías, y que existía un peligro concreto de fuga, dado el poder económico y la capacidad de influencia de los principales acusados. Las pruebas obtenidas del celular de uno de ellos revelaban búsquedas sobre destinos sin tratado de extradición y posibles rutas de escape.
Si bien no todos los imputados permanecen detenidos, Segovia y otros cuatro implicados fueron alcanzados por la prisión preventiva, ratificada por el mismo juez. En su resolución, De Marco afirmó que el comisario “no solo controló la actividad ilegal sino que continúa ejerciendo influencia sobre sus subalternos”.
