El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y la Universidad Torcuato Di Tella, subió 0,1 puntos en el primer semestre de 2025, aunque seis de cada diez argentinos siguen viendo al sistema judicial como poco confiable y discriminatorio.
La confianza en la Justicia argentina experimentó una leve mejoría durante el primer semestre de 2025, según el último informe del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador general aumentó 0,1 puntos con respecto al segundo semestre de 2024 y 0,9 puntos frente al primer semestre de ese mismo año, alcanzando un valor de 50,1 en una escala de 0 a 100.
Este crecimiento se debió principalmente al repunte del subíndice conductual, que evalúa la disposición de los ciudadanos a recurrir al sistema judicial frente a diferentes tipos de conflictos. Este componente alcanzó 71,9 puntos, dos unidades más que en la medición anterior. En contraste, el subíndice perceptual, que recoge las opiniones sobre atributos como la imparcialidad, eficiencia, honestidad y capacidad de controlar los poderes político y económico, se mantuvo casi sin cambios y cerró en 28,3 puntos.
A pesar del leve progreso, los indicadores siguen mostrando un fuerte nivel de desconfianza estructural. De acuerdo al relevamiento, el 60% de los encuestados considera que la Justicia es poco confiable, mientras que otro 26% la califica directamente como nada confiable. Solo un 10% la percibe como bastante confiable y apenas un 4% como muy confiable.
La percepción sobre la equidad judicial también es crítica. Ante la consulta sobre si la Justicia trata a todas las personas por igual, el 56% respondió que no lo hace, el 26% opinó que es absolutamente desigual, mientras que sólo un 11% cree que hay un trato equitativo.
No obstante, se registraron algunas señales de cambio positivo. En noviembre de 2024, un 43% de los encuestados aseguraba que no recurriría a la Justicia debido a su mal funcionamiento o lentitud. Para mayo de 2025, ese porcentaje se redujo al 40%. En la misma línea, aquellos que preferían resolver sus problemas por otras vías o por cuenta propia también bajaron del 43% al 39%.
Este cambio de actitud se reflejó sobre todo en determinados grupos: jóvenes, personas con estudios secundarios o terciarios, mujeres (excepto en cuestiones penales), y residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraron una mayor disposición a acudir a la Justicia. En contraste, en el conurbano bonaerense y el interior del país la predisposición fue significativamente menor.
A nivel perceptual, las mejoras son más tenues pero sostenidas. Al observar la combinación de respuestas “muy confiable” y “bastante confiable”, los valores pasaron de 9 puntos en octubre de 2023 a 14 en mayo de 2025, duplicándose incluso la confianza plena en la última medición. Sin embargo, esta mejora todavía está lejos de modificar la imagen general del sistema judicial.
El informe también hace foco en los organismos que generan mayor confianza en la sociedad. El 17% señaló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 16% a los abogados y la Justicia Penal Federal, el 15 % a las ONGs y el 9 % a la Justicia provincial.
Un dato paradójico que subrayó el estudio es que quienes efectivamente pasaron por una experiencia judicial, si bien están más dispuestos a volver a usar el sistema, presentan percepciones aún más negativas respecto a la equidad, eficiencia y honestidad del mismo.
Ante este panorama, los ciudadanos identificaron una serie de reformas urgentes para mejorar el sistema judicial: reducir las demoras en los procesos, limitar la interferencia política y económica, fortalecer la formación y capacitación de los jueces y una mayor transparencia en los procesos judiciales.
