Con vacantes sensibles, causas de alto impacto y una reforma estructural en puerta, el fuero Penal Económico se enfrenta al desafío de sostener la eficacia en delitos que tocan intereses estratégicos del Estado y el sector privado. Quiénes son los jueces que tendrán que adaptarse a la lógica acusatoria.
El fuero Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires representa uno de los engranajes más relevantes y, a menudo, menos visibles del sistema judicial argentino. Mientras los juzgados federales de Comodoro Py 2002 concentran investigaciones resonantes por corrupción, el fuero penal económico aborda una agenda no menos sensible: evasiones tributarias multimillonarias, contrabando de droga y mercadería, apropiaciones indebidas, maniobras cambiarias ilegales y otros delitos contemplados en los regímenes penal cambiario, penal tributario y penal aduanero.
Con la inminente implementación del sistema acusatorio prevista para el 11 de agosto, este fuero experimentará una transformación clave. Si se lleva a cabo con éxito -recursos económicos, tecnológicos, edilicios y humanos mediante- traerá consecuencias. La oralidad, la celeridad procesal y la publicidad que caracterizan al nuevo modelo afectarán directamente a causas donde están en juego intereses económicos estratégicos para el Estado y el sector privado.
La Cámara Federal de Casación Penal, que ejerce la superintendencia sobre este fuero y el federal de la ciudad de Buenos Aires, dispuso ya la creación de los tres Colegios de Jueces que prevé la entrada en vigor del sistema acusatorio en el marco del Código Procesal Penal Federal.
Quién es quién en el fuero Penal Económico
Tramita casos en los cuales organismos públicos como ARCA, ANSES y la UIF suelen jugar roles centrales como denunciantes y querellantes. Mantiene estrecho vínculo con su “primo cercano”, el fuero federal. El último superior común de ambos antes de la Corte Suprema es la Cámara Federal de Casación. Las carretillas con expedientes cruzan a diario de un edificio a otro.
El fuero Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires cuenta con 11 juzgados -ocho ubicados en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950, a la vuelta de Comodoro Py, y tres en Sarmiento 1118-, uno de los cuales (el Juzgado Penal Económico 10) está vacante. Estos juzgados conformarán desde agosto el “Colegio de Garantías”, que tendrán a su cargo la supervisión de la etapa de investigación penal preparatoria y el control de garantías procesales.
Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, ingresaron al fuero 1.370 casos catalogados como “complejos”, según el sistema de gestión de casos penales, mencionado por el procurador General de la Nación Eduardo Casal en la última nota enviada al ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona en demanda de recursos
Además en su caso particular tiene jurisdicción en base al Código Aduanero en 27 partidos del Conurbano bonaerense.
Su primera instancia de revisión es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, debería estar en teoría integrada por dos salas de tres jueces cada una, con despachos en Avenida de los Inmigrantes.
Los juicios están a cargo de tres Tribunales Orales y uno creado pero aún no integrado, con sede en los pisos superiores del edificio de Comodoro Py.
Se trata también de un fuero en crisis y para muestra basta un botón. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico tiene en este momento cuatro vacantes. De hecho en el receso judicial de enero último, sus únicos dos miembros tuvieron que integrar sala de feria con sus pares de la Cámara Federal porteña para poder irse de vacaciones.
Si las vacantes no se cubren, sólo habrá dos camaristas para asumir el nuevo rol de tribunal garante de la legalidad y encabezar todas las audiencias orales vinculadas a las flamantes causas que vayan ingresando y las previas que queden en transición.
De hecho, Casación ha advertido que en caso de no concretarse las designaciones de jueces titulares para la instancia que desde agosto será el “Colegio de Revisión” del fuero en el sistema acusatorio, podría dictar una resolución “de contingencia, que autorice a jueces de otras instancias a integrar provisoriamente el Colegio de Jueces de la Cámara”.
Según estadísticas de la Procuración General de la Nación, el fuero posee 522 empleados y funcionarios mientras que el Ministerio Público Fiscal cuenta con 193.
Quiénes integran la Cámara
Carolina Robiglio. Fiscal durante 23 años, la jueza es la primera mujer designada en la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), es magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral y especialista en Tributación por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, cuenta con una especialización en Derecho Penal Económico otorgada por la Universidad Notarial Argentina. Su perfil combina una sólida formación académica con experiencia docente en posgrados de Derecho Penal Tributario y Aduanero tanto en la UBA como en la Universidad Austral. A lo largo de su carrera ha participado en investigaciones complejas vinculadas a delitos económicos y ha publicado numerosos artículos especializados.
Roberto Hornos. Es camarista desde 1995. El año pasado obtuvo el acuerdo del Senado para permanecer cinco años más en el cargo luego de cumplir 75. Con una extensa trayectoria judicial y académica, es una de las figuras más influyentes del fuero penal económico argentino. Su carrera en la Justicia comenzó décadas atrás, con pasos previos como Secretario de Instrucción, Fiscal en lo Criminal y Correccional, y Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción. Desarrolló una sólida actividad docente. A lo largo de su carrera ha publicado libros y artículos sobre derecho penal, procesal penal, constitucional, tributario y aduanero. Fue cofundador de la Unión de Magistrados del Mercosur y ocupó en tres períodos consecutivos la Secretaría General de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
Jueces de primera instancia
Ezequiel Berón de Astrada. Oriundo de la provincia de Corrientes, es juez en lo Penal Económico desde hace 17 años. Ha llevado casos de relevancia, como la investigación de una organización narcocriminal que operaba entre Argentina y Chile. También procesó por evasión de aportes a dos hijos del empresario Lázaro Báez y llevó adelante la investigación por apropiación indebida de aportes previsionales contra empresarios dueños de Radio América.
Pablo Yaradola. Durante años fue Secretario del Juzgado Federal 12 en Comodoro Py 2002, cuando su titular era Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Juró como juez del fuero Penal Económico en diciembre de 2015, cargo al que llegó por concurso, y desde entonces estuvo a cargo de investigaciones como el caso Antonini Wilson; y el secuestro en 2018 de armamento de alto calibre que ingresaba a la Argentina de contrabando rotulado como “ropa deportiva”, entre muchas otras causas.
Rafael Caputo. Inició su carrera en el Poder Judicial en 1988, desempeñándose en diversos cargos dentro de los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico 1, 2, 3 y 6. Ocupó funciones como auxiliar, secretario y juez de primera instancia. Desde el 10 de abril de 2008, es juez titular. Intervino en causas por contrabando de efedrina, lavado de activos y delitos tributarios, incluyendo investigaciones que involucraron tanto a personas físicas como jurídicas. Investigó por evasión tributaria al Grupo Boldt. Estuvo a cargo durante un tiempo de la causa Wenance por lavado de activos e investigó en una primera etapa a Hugo y Pablo Moyano en una denuncia por presunto lavado de activos.
Alejandro Catania. Presidente del Instituto de Estudios Penales del Sur (ITEPSur), es juez desde abril de 2008. Ha liderado investigaciones relevantes, como la causa por contrabando de autos de lujo que involucró al empresario Cristiano Rattazzi, el narcoavión de los hermanos Juliá, el presunto envío ilegal de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019 y una pesquisa sobre la posible vinculación entre consultoras privadas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la difusión de datos de inflación alternativos a los oficiales en 2011.
Marcelo Aguinsky. Ha estado al frente de causas emblemáticas como la denominada “mafia de los contenedores”. En marzo de 2025, transfirió 44 millones de pesos al municipio de Bahía Blanca para asistir a los damnificados por un temporal, utilizando fondos provenientes de decomisos judiciales. Además, ha impulsado iniciativas de concientización sobre delitos aduaneros, como la instalación en su juzgado de relojes decomisados y destruidos, provenientes de una causa por contrabando con más de 30 años de antigüedad.
Juan Galván Greenway. Titular de su juzgado desde septiembre de 2011. Inició su carrera en la Fiscalía en lo Penal Económico 6 y ocupó diversos cargos en el ámbito judicial. Su trayectoria incluye funciones como Secretario en juzgados penales tributarios y en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Ha intervenido en causas por lavado de activos. Es docente del “Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario” de la Facultad de Derecho de la UBA y del “Programa de Profundización en Derecho Penal Tributario” de la Universidad Austral.
Gustavo Meirovich. Lleva 15 años al frente de su juzgado. Estuvo a cargo de la investigación por delitos vinculados con Declaraciones Juradas de Importación Anticipada y también de la causa que desarticuló una red internacional de lavado de dinero y tráfico de droga en 2024. Investigó a funcionarios aduaneros por asociación ilícita y contrabando en el aeropuerto internacional de Ezeiza. También tramitó una causa por tráfico internacional de obras de arte. Su juzgado fue distinguido con el premio Fores.
Javier López Biscayart. Con una visión crítica sobre la formación jurídica en Argentina, ha destacado la necesidad de promover un «aprendizaje significativo» en el estudio del derecho. Estuvo al frente de investigaciones de alto perfil, como las causas por evasión fiscal contra el empresario Lázaro Báez y su entorno, la causa Skanska y la investigación por el presunto envío irregular de armas a Bolivia en 2021. También investiga usinas de facturación apócrifa. En 2008, recibió el premio Konex en la categoría Jueces.
María Verónica Straccia. De extensa trayectoria judicial, desde 2003 es la única mujer jueza de primera instancia del fuero. Entre las causas a su cargo figuran la investigación por cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos en la filial suiza del HSBC; también tramitó temporalmente la causa Oil Combustibles hasta su pase al fuero federal, e investigó a la empresa Red Cluster S.A. por presunta evasión fiscal.
Tribunales Orales
Con el sistema acusatorio sus integrantes pasan a ser parte del “Colegio de Juicio” y asumen los debates orales en las causas que lleguen a esta etapa. En esta instancia también enfrentan cargos vacantes.
TOPE 1
Ignacio Carlos Fornari. De larga trayectoria en el Poder Judicial, es juez titular del Tribunal desde 2018. Ha intervenido en casos complejos, como el que involucró a Enrique Blaskey -el Madoff argentino- por apropiación de tributos de sus empleados, además de investigaciones contra el ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, entre muchas otras. En la actualidad integra como juez subrogante el Tribunal que juzga en el fuero federal a los llamados “copitos” por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Diego García Berro. Inició su extensa carrera judicial a los 18 años y ha ocupado diversos cargos en el fuero penal económico. Es juez en el Tribunal Oral desde 2018. En 2006, García Berro y su equipo en el Juzgado en lo Penal Tri butario 2 fueron galardonados con el premio a la excelencia judicial otorgado por las organizaciones Fores e IDEA. Entre otros juicios orales de relevancia política y económica, ambos magistrados llevaron adelante el debate en la causa Antonini Wilson.
TOPE 3
El Tribunal recibió la certificación internacional ISO 9001 por su sistema de gestión de calidad de trabajo por parte de IRAM.
Karina Perilli. Integra el Tribunal desde 2010 y ha intervenido en causas de alto perfil, como el caso de contrabando conocido como “Manzanas Blancas” y el juicio al “Clan Loza” por narcotráfico y lavado de dinero Además de su labor judicial, es un claro referente en la vida institucional del Poder Judicial. En 2023, fue candidata a la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la lista “Compromiso Judicial”, promoviendo una justicia más moderna e independiente. También se desempeña como vicepresidenta de la Asociación de Jueces Federales de Argentina (AJUFE).
Jorge Zabala. Es juez desde diciembre de 2018. Condenó en juicio abreviado al estilista Roberto Giordano, también intervino en procesos contra Lázaro Báez por delitos impositivos y evasión de aportes y en el juicio al Clan Loza.
Luis Imas. Es abogado graduado de la Universidad Nacional de Córdoba en 1969. Fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la Capital Federal, inicialmente como subrogante en 2006 y luego como titular en 2011 Obtuvo acuerdo en noviembre de 2020 para permanecer en el cargo cinco años más luego de cumplir 75 años. Llevó adelante, entre muchos otros, el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, el del triple crimen de General Rodríguez, y ha sido asesor en casos relacionados con narcotráfico.
El fuero Penal Económico está en el centro de una transformación estructural. La implementación del sistema acusatorio exige no solo adaptación normativa y procedimental, sino también fortalecimiento institucional. En juego está la eficacia del Estado para sancionar delitos que erosionan su recaudación, comprometen su integridad económica y afectan su relación con los organismos multilaterales y la comunidad internacional. La capacidad y trayectoria de sus magistrados serán determinantes en esta nueva etapa.
