La presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora María Fernanda Vázquez advierte que la acumulación de vacantes, las jubilaciones recientes y los concursos demorados afectan el funcionamiento de la Justicia. Desde su rol académico, también alerta por el impacto del ajuste en las universidades públicas.
Fotografía: Valentina Villarreal para @derechounlz
“Cuando los cargos judiciales permanecen sin cubrir, se resiente la capacidad del Estado para garantizar derechos”. María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, no esconde bajo la alfombra uno de los principales problemas que afecta a la Justicia: la falta de jueces.
Vázquez sigue de cerca el avance de los concursos, el aumento de jubilaciones y la presión que enfrentan los tribunales orales y las cámaras. Y suelta algunos números: “Actualmente tenemos 203 propuestas de ternas en el Ejecutivo, 336 cargos vacantes en tribunales habilitados y 25 cargos vacantes en cargos no habilitados.En diciembre se produjeron algunas vacantes en laboral, que se profundiza la crisis ahí y en la cámara de seguridad social”.
En una entrevista con Quorum, repasa el panorama actual y las medidas que buscan acelerar un sistema que quedó por detrás de sus propias urgencias.
¿Cómo evalúa el estado actual de las vacantes en la Justicia Nacional y Federal, considerando que un tercio de los cargos se encuentran sin cubrir?
Me parece muy grave el estado actual de la falta de nombramientos y cobertura de cargos. Cuando los cargos judiciales permanecen sin cubrir, se resiente la capacidad del Estado para garantizar derechos y cumplir obligaciones. Hay mucha expectativa respecto de los concursos que están a consideración del Poder Ejecutivo para impulsar las designaciones. En lo que refiere a los cargos que tramitan en el Consejo son más de 330 vacantes y otro número muy importante sin cubrir también de los Ministerios Públicos. En el último tiempo se advierte, además, un aumento sostenido en las solicitudes de jubilación dentro del Poder Judicial. Esta tendencia agrava el problema de las vacancias, situación que es muy preocupante.
Desde su rol en la Comisión de Selección, ¿qué medidas concretas se están impulsando para acelerar los concursos que llevan meses -o años- en trámite?
Siento un enorme orgullo de continuar en la Presidencia de la Comisión de Selección, que se traduce en una gran responsabilidad y compromiso de llevar adelante la tarea con gran energía y seriedad. Desde la Comisión venimos impulsando el trabajo en todas las direcciones y etapas de los diferentes concursos. Desde que asumí se produjeron 105 vacantes, las cuales fueron acumuladas o se abrieron nuevos concursos. A la fecha no hay vacantes sin tramitar. Ya realizamos 50 pruebas de oposición que se realizaron en cada una de las jurisdicciones, la inmensa mayoría en sedes de universidades nacionales que nos han abierto las puertas para celebrar esta actividad tan importante. Procesamos más de 6400 solicitudes de inscripción. Todo ello con gran celeridad para realizar en el menor tiempo posible los exámenes. En este período, se remitieron al Poder Ejecutivo 203 ternas. Publicamos toda la labor que se realiza, nuestras reuniones son públicas y se transmiten en vivo por YouTube. De igual forma con las entrevistas a los candidatos y candidatas que también son filmadas. Se puede detectar dónde se producen las mayores demoras, no es lo mismo entregar un informe de calificación de antecedentes en dos meses o dos años. De igual manera con los informes de impugnaciones, presentarlo en seis meses o en un año o dos años. Apelando a la celeridad, reglamentamos los concursos anticipados, que se están aplicando para la Justicia Nacional, con la finalidad de cubrir los cargos en muy pocos meses. Tener las listas de postulantes ya seleccionados de forma previa y no correr detrás de las vacantes. No hay dudas que es necesario un compromiso de todos para el impulso continuo y de cada uno de los concursos.
¿Cuál es, a su criterio, el impacto más inmediato que genera la falta de jueces en los juzgados de primera instancia?
Es preocupante y genera un deterioro en el servicio de administración de justicia. Por ejemplo, y para ser ilustrativa y mirando la primera instancia en la Justicia Civil Nacional Patrimonial y Familia son 110 cargos y hay 38 vacantes. En trabajo sobre 80 cargos hay 28 vacantes. En comercial 10 vacantes sobre 31. En materia federal, en CABA de 12 juzgados hay cuatro vacantes. En el fuero de la seguridad social hay diez cargos y con cinco vacantes. Creo que son múltiples las consecuencias. Por supuesto que rescato la actitud de quienes hoy están subrogando y haciendo en paralelo múltiples tareas, aun así, esto repercute en los tiempos y en la calidad del servicio que se presta. Considero que uno de los aspectos más preocupante tiene que ver con la duración de los procesos y los tiempos de respuesta. Desde la abogacía litigante hacemos este señalamiento a diario, las demoras son perjudiciales para la gente que espera y también para quienes intervenimos en el proceso. No tengo dudas de que esta situación no colabora en nada para que la ciudadanía recupere su confianza en la justicia.
¿Cómo evalúa el actual proceso de selección de magistrados? ¿Considera que es necesario implementar cambios en la selección?
Hay lineamientos esenciales que debemos asegurar, la trazabilidad, transparencia, celeridad, reglamentos claros que garanticen procedimientos independientes para en definitiva poder seleccionar a los mejores en función de sus capacidades y no en alineamientos partidarios o amiguismos. Me refiero a un conjunto de procedimientos que posibiliten evaluar la idoneidad para el cargo. Durante 2023 realizamos algunas modificaciones y comenzamos con los concursos anticipados. Allí surgieron diversos proyectos para modificar el reglamento actual y como son cuantiosos estamos llevando adelante una mesa de trabajo para unificar criterios, esto está generando grandes intercambios porque el tema despierta mucho interés. Hay varias propuestas que estoy impulsando, contar con un programa o sistema automatizado de puntuación de antecedentes que optimizaría además de los tiempos de trabajo de los equipos, aportaría gran celeridad a esa etapa, pues aquí se producen demoras y es una fase en la que la tecnología puede colaborar significativamente. Otro aspecto que me parece relevante es fortalecer la labor del jurado con un banco público de casos para los exámenes, para cooperar con la labor de los jurados, que sistematice casos más elaborados y complejos y permita evaluar más exhaustivamente. También es importante hacer foco en herramientas que permitan mejorar las puntuaciones y valoraciones de los antecedentes y puedan poner en valor la trayectoria y experiencia ponderando la igualdad de oportunidades, pasa por ejemplo con los años de antigüedad en los postulantes que vienen del ejercicio profesional de la abogacía que en ocasiones no ven reflejado en el puntaje de los antecedentes su desempeño a lo largo de los años. Todo el sistema de puntajes necesitaría una relectura. También estamos analizando el rol de la entrevista de los y las postulantes y si debería asignarse un puntaje específico de modo de reducir el margen de discrecionalidad, me refiero a pautas claras que permitan fortalecer la transparencia y la equidad del proceso de selección. Seguramente también respecto del avance de las tecnologías y el uso de la IA serán temas que podamos considerar, pues son herramientas que tienen una enorme potencialidad.
¿Cómo afecta este nivel de vacancia a los tribunales orales, que ya trabajan con cargas elevadas?
Afectan de modo particular a los tribunales orales y cámaras de apelaciones. Especialmente estas últimas que deben intervenir en el trámite de las subrogancias, situación que se agudiza porque no se cuenta con listas de conjueces con acuerdo del senado en número suficiente. Puedo señalar algunos números que dan cuenta de las vacancias, por ejemplo hasta noviembre pasado en la Justicia Nacional en la Cámara del Trabajo de 30 vocales había 11 cargos vacantes; en la Cámara Civil, 39 vocales y 13 vacantes; en la Cámara Comercial, 18 cargos y 10 vacantes; 84 cargos de jueces de TOCyC, 33 vacantes. En la Cámara en lo Penal Económico son seis vocales y hay cuatro vacantes. En la Justicia Federal también, en la Cámara de Seguridad Social, sobre nueve cargos, hay cinco vacantes. En la Cámara de Resistencia hay dos vacantes sobre tres cargos. En la de Mendoza y en Rosario hay tres vacantes sobre seis. Prácticamente en todas hay vacantes. Por eso, cuando el acceso a un juez competente se ve diferido o limitado por falta de cobertura de cargos, el Estado incumple su deber de garantizar la tutela judicial efectiva. Cada expediente que se retrasa, cada conflicto que no encuentra una respuesta oportuna, constituye un derecho vulnerado.
Los consejeros jueces Alberto Lugones y Alejandra Provítola advirtieron que la falta de cobertura de cargos puede comprometer el funcionamiento del sistema acusatorio. ¿Comparte esa preocupación?
Desde el Consejo durante 2024 y 2025 remitimos al Poder Ejecutivo propuestas de ternas de las diversas jurisdicciones teniendo especial consideración en la agenda de implementación del Sistema Acusatorio. Para una correcta implementación resulta importante considerar un conjunto de variables, por supuesto que la cobertura de los cargos de jueces, juezas y fiscales son muy importantes, también que todos los operadores se encuentren capacitados y comprometidos. La infraestructura acorde y necesaria para las audiencias y actos procesales orales que cambian el paradigma y esencia del procedimiento es de relevancia también. La optimización y mejora de los sistemas y la tecnología con la que se cuenta es otro aspecto no menor y que no debe ser subestimado.
¿Qué mecanismos de seguimiento o evaluación posterior a la designación de jueces considera necesarios para asegurar que los nuevos magistrados cumplan con estándares de desempeño adecuados?
Nuestra Constitución establece una garantía de inamovilidad de los jueces al establecer que permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta. Es la sociedad en su conjunto la que puede señalar todos los días cuando la labor de quienes tienen esta máxima responsabilidad no se ajusta a lo esperado. Está garantizada la más amplia participación, no es solamente una tarea de los consejeros, de legisladores, de los abogados y abogadas, sino de toda la ciudadanía iniciar o formular denuncias o reclamos. Hay muchas actuaciones en trámite en la Comisión de Disciplina y en la Comisión de Acusación y esto es muy saludable porque indica que se ejerce este derecho sin limitaciones. También me parece importante señalar, que desde la Comisión de Reglamentación del Consejo hay acuerdo y consenso en avanzar en un Código de Ética Judicial, un instrumento que recepte buenas prácticas para el ejercicio de la función. Considero relevante, fortalecer las áreas de control de gestión y programas de gestión de calidad, porque son herramientas que permiten medir con objetividad y promover mejoras continuas y fomentar estándares homogéneos en todo el sistema judicial. Desde ya considero que es central procurar la más amplia formación y capacitación permanente porque favorece una gestión eficiente y decisiones de calidad. También me parece valioso visibilizar modelos de gestión eficientes como forma de fortalecer una cultura institucional que pone en valor el esfuerzo y el trabajo que se realiza en muchas dependencias.
¿Qué expectativas tiene sobre los concursos para 2026 y cuáles considera imprescindible concluir antes de fin de año?
Tengo grandes expectativas en que podamos generar los consensos para poder concluir la mayor cantidad posible de concursos, especialmente aquellos emblemáticos que llevan tiempo sin poder resolverse por falta de acuerdos en integraciones pasadas, incluso. Detrás de cada concurso hay una profunda necesidad de justicia, en los conflictos ciudadanos que esperan, expedientes pendientes, con empleados que aguardan con ansiedad se designe a su titular, hay postulantes que han rendido expectantes…. Esa es la tarea de hoy. Hay otro aspecto que me parece muy importante, si me permitís incluirlo, que va más allá de los concursos y tiene que ver con los sistemas de información y el uso de la tecnología. La responsabilidad de gestionar el Poder Judicial de la nación con sistemas seguros, confiables, robustos y accesibles obliga a cuidar muy bien cada paso que se da. Está claro que en tu casa podes cambiar la computadora, cambiar de un programa a otro, volver todo atrás, pero acá los datos y sensibilidad de las causas, el volumen y la escala es inmensa. Desde el Consejo, a través del área de tecnología, se está trabajando para optimizar el Sistema LEX 100 y que este tenga mayores prestaciones, brinde herramientas funcionales para la asistencia en la labor diaria de todos los operadores, ahora se está testeando un asistente virtual para la abogacía que opera con IA. No tengo dudas que se van a ir incorporando nuevas funciones durante 2026 que son esperadas con gran expectativa.
¿Considera que el retraso en la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal responde más a problemas presupuestarios y administrativos, o a resistencias políticas?
Un cambio de sistema, de código procesal, de cambio de paradigma porque es así, es un cambio muy importante, que requiere de gran coordinación entre todos los intervinientes. Si tenemos en cuenta todo el Poder Judicial: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, todos articulando respecto de una decisión del poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia que involucra la implementación de este nuevo sistema es algo muy complejo. Es entendible que existan idas y venidas, pero miro y pongo en valor lo que se está desarrollando, las obras y adecuaciones de los edificios, la adquisición de la tecnología para la oralidad y las salas de audiencias, la capacitación de todos los operadores e involucrados y muchas labores que se están haciendo con gran participación en cada una de las jurisdicciones. Tengo la posibilidad de dialogar con quienes están protagonizando esta reforma y el balance es positivo. Lógicamente, surgen cuestiones para ir analizando con datos duros de proceso que servirán de base para tomar decisiones en los próximos tiempos, creo que hay una decisión tomada que se está llevando adelante conforme un cronograma que se puede ir acomodando para hacerlo de la mejor manera.
Como decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora desde 2015, ¿cómo evalúa usted el vínculo entre la formación académica de abogados y la cobertura de vacantes?
Siento que existe un vínculo muy estrecho. Uno de los objetivos es que nuestros graduados y graduadas de la carrera de Abogacía cuenten con una sólida formación jurídica, destrezas, competencias y habilidades para intervenir en los diversos escenarios y roles que desarrollan con una perspectiva en Derechos Humanos, Género y Diversidad, facilitadores del diálogo y agentes promotores de una cultura de la paz y la armonía social. Y esto es posible por la conformación de nuestro cuerpo docente, nuestro vínculo con la sociedad, con el poder judicial, con los colegios de abogados, con el territorio y sus necesidades, todo ello nos nutre y nos alimenta para mejorar nuestras prácticas diarias. Las universidades tenemos la responsabilidad de formar profesionales capaces de asumir, con solvencia técnica y compromiso ético, las funciones que el sistema necesita. La Justicia del siglo XXI exige perfiles preparados para gestionar casos complejos, entender nuevas tecnologías, dialogar con otras disciplinas y actuar con sentido social. En ese sentido, la cobertura de vacantes no puede pensarse sin la participación activa del sistema universitario. Formar a quienes ocupan esos cargos es parte central de nuestra misión pública. Es nuestro compromiso con el futuro. Venimos trabajando hace mucho tiempo con nuestro rector Diego Molea, impulsando una facultad fuertemente comprometida con estas ideas: que no basta con formar profesionales competentes, sino que debemos formar abogados y abogadas capaces de transformar y fortalecer las instituciones en las que van a desempeñarse.
¿Cómo cree que afectó la reducción de los recursos económicos del Estado a la educación, en las universidades? ¿Y particularmente a la Facultad de Derecho de Lomas?
Afectó de una manera profunda y en gran magnitud. Hoy las miradas están centradas en la Ley de Presupuesto para el 2026, y que ese sea el instrumento que permita a las universidades públicas contar con los recursos que garanticen la protección y sostenimiento del financiamiento y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes. La universidad pública argentina es orgullo nacional, ocho de cada diez estudiantes estudian en el sistema público. Hay regiones donde esta ecuación se eleva porque no existe la oferta académica de gestión privada. Es decir, estudiar sería imposible. En el conurbano bonaerense, si bien existen por suerte muchas instituciones, son las clases populares y medias las que concurren a la universidad pública. En la UNLZ, en la Facultad de Derecho, nos enorgullece que a 42 años de la creación de la carrera de abogacía, más del 90% de los y las ingresantes sean primera generación de universitarios en sus familias. Sabemos que la universidad es un motor clave de movilidad social ascendente. La crisis presupuestaria pone en riesgo la investigación, que constituye una actividad esencial en la generación de nuevo conocimiento. La capacidad de crecimiento y desarrollo, la mejora y mantenimiento de la infraestructura edilicia. Los gastos de funcionamiento que son exiguos no alcanzan para afrontar los gastos básicos como el pago de los servicios que se incrementaron exponencialmente. Un poco lo que sucede en las casas, que el dinero no alcanza. Se replica en el sistema universitario. Sumado al deterioro salarial que se vio profundizado durante meses por la falta de incrementos y paritarias.
