El cruce de planteos derivó en una controversia judicial que acaba de quedar resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín. Qué se tuvo en cuenta.
El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín resolvió mantener la prisión domiciliaria otorgada desde 2021 a una mujer condenada por almacenamiento de estupefacientes, al considerar que su regreso a una cárcel común afectaría severamente la vida y salud de sus tres hijos menores de edad.
La decisión se tomó luego de que su defensa solicitara autorización para realizar salidas laborales, lo que derivó en una fuerte oposición del Ministerio Público Fiscal que en respuesta pidió que vuelva a cárcel común para cumplir la condena a cinco años y tres meses de prisión que vence en agosto de 2026.
Se argumentó que no existen razones jurídicas ni fácticas para mantener la morigeración del encierro, dado que la sentencia está firme y los hijos de la mujer no encuadran en los requisitos establecidos por la ley para este tipo de beneficio.
Al responder en relación con el permiso para realizar salidas laborales, el fiscal federal Carlos Cearras pidió que la mujer sea sometida a la “efectiva ejecución de sentencia condenatoria que recayó en su contra”, es decir, que se revoque la domiciliaria porque desparecieron los motivos que dieron lugar al otorgamiento del beneficio.
“Tras la sentencia condenatoria firme y habiendo desaparecido los motivos que dieron lugar al otorgamiento del arresto domiciliario, el cumplimiento de la pena fijada debe efectuarse en una unidad penitenciaria, ya que quedó excluida en la presente cualquier morigeración del encierro”, sostuvo el fiscal sobre el conflicto abierto en la justicia.
Plus de sufrimiento
La defensa argumentó, por el contrario, que no hay alternativas familiares y que uno de los niños tiene una salud frágil.
El defensor público oficial Leonardo Miño alegó que la situación familiar no se modificó desde el otorgamiento de la prisión domiciliaria en 2021. La condenada sigue siendo la única persona al cuidado de sus hijos, sin red de contención familiar cercana.
También que obligarla a volver a la cárcel añadiría un “plus de sufrimiento” a la ya de por sí complicada situación familiar.
Qué resolvió el Tribunal
El Tribunal integrado por la jueza María Claudia Morgese decidió mantener la prisión domiciliaria.
De prosperar el planteo de la fiscalía, “no sólo influiría negativamente en el grupo familiar, sino también en la propia condenada, frustrándose de esa manera el objetivo central que promueve la ejecución de la pena”, a saber “lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social…”.
Que la ley establezca un tope de edad de los hijos para conceder la domiciliaria no impide considerar otros principios vinculados al interés superior del niño: en este caso hay un contexto socio familiar vulnerable y se trata de cuestiones humanitarias.
Para la magistrada es necesario conciliar intereses en juego, “como ser la afectación de valores jurídicos superiores como los derechos del niño, consagrados por los instrumentos internacionales incorporados a nuestro sistema constitucional”.
El ordenamiento jurídico argentino tiende a la búsqueda de medidas alternativas a la prisión para casos como este, “donde las particularísimas circunstancias requieren un análisis más profundo y amplio de la situación”, reflexionó finalmente.
