El caso ocurrió en la provincia de Santa Fe. El acusado, de 30 años, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos.
Un policía santafesino de 30 años fue condenado a tres años de prisión en suspenso por robarle la tarjeta de débito a un joven en una requisa y retirar dinero de dos cajeros automáticos.
El fallo fue dictado por el juez Pablo Busaniche, tras un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández tuvo a su cargo la investigación penal y representó al MPA durante el juicio.
La sentencia, además de la condena a tres años de prisión en suspenso contra Miguel Angel Albarracín, contempla una inhabilitación de seis años para ocupar cargos públicos y una multa de 60.000 pesos.
No obstante, Hernández anticipó que analizarán los fundamentos del fallo para definir si apelan, ya que desde el Ministerio Público Fiscal se había solicitado una condena de ejecución efectiva. “Valoramos el fallo condenatorio pero esperaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir”, sostuvo el funcionario.
El hecho ocurrió el martes 9 de abril del año pasado, cuando la víctima fue trasladada a la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII, en Santa Rosa de Calchines, donde Albarracín prestaba servicios.
Allí, durante una requisa, el agente sustrajo zapatillas y una tarjeta de débito, que el joven llevaba junto con un papel que contenía los datos de acceso a su cuenta bancaria. El fiscal explicó que “por su discapacidad, necesitaba ayuda para usar la tarjeta” y que el policía se aprovechó de esta circunstancia para concretar el delito.
“Alrededor de las 22:00, el uniformado fue hasta un cajero cercano y utilizó la tarjeta de la víctima para extraer 10.000 pesos”, relató Hernández. “Al día siguiente, volvió a hacer lo mismo en una sucursal bancaria en Cayastá y se apropió ilegítimamente de 8.000 pesos más”, agregó.
El funcionario del MPA remarcó la gravedad del hecho, no solo por la condición de extrema vulnerabilidad de la víctima, sino también por la relación de poder entre un agente del Estado y una persona en situación de privación de libertad.
“El daño causado es enorme”, afirmó. “A raíz de lo sucedido, el joven siente temor de que cualquier agente del Estado lo perjudique de algún modo”, advirtió, al tiempo que subrayó que el accionar de Albarracín afectó directamente la imagen pública de la policía provincial.
