El Tribunal Oral Federal (TOCF) 5 pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 10, cuando continuará la lectura de la elevación a juicio de la causa “Los Sauces” en la que se acusa a la ex presidente y a su hijo por los presuntos delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero.
A pesar de que los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni no habían descartado que mañana pudiera haber audiencia en el juicio unificado de “Los Sauces–Hotesur, tras casi tres horas de lectura pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, en que sólo se abordará la acusación sobre la empresa creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006.
Antes de la apertura de la audiencia, dieron respuesta a una objeción del defensor del empresario Lázaro Báez, quien postuló que haría reserva del caso federal si se leyera en esta audiencia el requerimiento de “Hotesur”, juicio previsto inicialmente para marzo del año próximo, pero unificada con “Los Sauces” hace 48 horas, a través de una decisión de la Cámara de Casación.
Pérez se refería al artículo 359 del código de rito, que establece que “vencido el término de citación a juicio fijado por el artículo 354 y, en su caso, cumplida la instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el presidente fijará día y hora para el debate con intervalo no menor de diez (10) días, ordenando la citación de las partes y la de los testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. Ese término podrá ser abreviado en el caso de que medie conformidad del presidente y las partes”.
El presidente del TOCF 5, José Michilini, respondió que la unificación de ambas causas fue resuelta por la Cámara de Casación, pero que, para sortear la objeción del defensor de Báez, se comenzaría por la lectura del requerimiento exclusivamente de la causa “Los Sauces” y se postergaría la de “Hotesur” hasta dentro de diez días hábiles.
En esta primera audiencia y de manera excepcional, se les permitió a algunos imputados presenciar el debate de manera remota, entre ellos, al empresario Lazaro Báez. Cristina Kirchner, quien afronta su tercer juicio oral y público y su hijo Máximo, para quien es el primero, habían solicitado que se los eximiera de presenciar el comienzo del juicio.
Los jueces Michilini y Machado Pelloni les otorgaron ese beneficio, mientras que Adriana Palliotti votó en contra. No obstante, el tribunal ya advirtió que pretende que la presencialidad sea la norma y que espera que, en adelante, los imputados se encuentren en la Sala Auditorio de Comodoro Py.
Ambas causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a quienes se les imputan diferentes roles en administración de las sociedades, la realización de operaciones patrimoniales, la circulación de fondos y la aprobación de contratos y documentación contable.
Para la fiscalía y la querella, representada por la UIF (Unidad de Información Financiera), las empresas del Grupo Indalo y de Báez realizaron pagos por alquileres y otras operaciones inmobiliarias a Los Sauces que formaron parte de una presunta maniobra de lavado de activos.
En esta causa, Cristina Kirchner afonta cargos por asociación ilícita, dádivas y lavado de activos, en tanto que a su hijo se le endilga también lavado de dinero y asociación ilícita -en grado de organizador-.
La acusación asegura que las firmas de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, canalizaron de manera constante fondos recibidos del Estado Nacional, por los que fueron privilegiados, hacia la familia Kirchner a través del pago de cánones o alquileres absolutamente innecesarios para su funcionamiento.
Como ejemplo, Los Sauces compró un dúplex de más de 500 metros cuadrados y cinco cocheras, que fueron alquilados por una compañía de López. La empresa de los Kirchner adquirió el hotel hotel La Aldea del Chaltén por 200.000 pesos, pese a que su precio real sería de 2.890.000 pesos.
La explotación del emprendimiento quedó sucesivamente en manos de Valle Mitre, vinculada con Báez, y de Idea S.A., relacionada con Osvaldo “Bocha” Sanfelice, amigo de la familia Kirchner, también imputado en la causa y presente en la Sala Auditorio de Comodoro Py.
Sanfelice está acusado de integrar la asociación ilícita presuntamente capitaneada por Cristina Kirchner. La acusación le imputa haber sido organizador, como el diputado Kirchner, en su papel de administrador de la compañía «Los sauces» por el cual habría decidido e instrumentadomel envío de fondos mediante diversos negocios inmobiliarios.
La lectura de la acusación involucró también a Romina Mercado, hija de la ex gobernadora santacruceña Alicia Kirchner. Sobre la joven abogada pesa también el cargo de organizadora de la asociación ilícita, por su responsabilidad como administradora de la firma de sus tíos.
En el caso de Martín, Leandro y Luciana Báez, la acusación les atribuye responsabilidades diferentes en el presunto entramado ilícito del que habría formado parte su padre.
El contador Víctor Manzanares, quien fue durante años un asistente de confianza de la familia Kirchner, también es considerado por la fiscalía y la querella como organizador de la asociación ilícita que manejaba «Los sauces», en la que habría puesto su conocimiento al servicio de la ingeniería financiera de la compañía.
Al llegar a los tribunales de Comodoro Py, se manifestó convencido de que recibiría un veredicto adverso, que sería condenado y se mostró dispuesto a responder ante la sociedad por su conducta pasada. Manzanares es “imputado colaborador” en la causa Cuadernos, donde dio detalles acerca del circuito de lavado de activos y fondos vinculados a Daniel Muñoz, quien fuera secretario del ex presidente Néstor Kirchner.
