La Cámara Federal de Casación Penal anuló un acuerdo de reparación integral que había permitido a una mujer evitar el juicio por narcotráfico a cambio de donar 40 mil pesos a un hospital en un caso de envío de una encomienda con marihuana a El Calafate.
El máximo tribunal penal federal del país consideró que el mecanismo alternativo de resolución de conflictos no resulta aplicable a delitos vinculados con estupefacientes, y ordenó que la causa continúe su trámite hacia el debate oral.
El caso
El episodio ocurrió el 24 de agosto de 2021, cuando efectivos de Gendarmería Nacional inspeccionaron un camión de cargas de la empresa Vía Cargo. En una encomienda enviada desde Paraná a El Calafate se hallaron dos bolsas con cannabis sativa, equivalentes a 1.433 dosis umbrales.
La remitente fue identificada e imputada por el Ministerio Público Fiscal, que la acusó por el delito de suministro gratuito de estupefacientes en grado de tentativa, una figura atenuada por tratarse de un suministro ocasional para consumo personal (artículo 5, inciso “e”, Ley 23.737).
En agosto de 2023, la jueza subrogante de Río Gallegos, Marta Yáñez, aceptó la propuesta de la defensa: el pago de 40 mil pesos al Hospital SAMIC de El Calafate como reparación integral del daño.
La oposición fiscal
El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, recurrió la medida al entender que se trataba de un delito de índole grave, excluido de las salidas alternativas. “Nos encontramos en presencia de un delito de índole no menor, incluso agravado por la legislación vigente, lo cual me impide dar curso favorable a lo ofrecido por la Defensa”, argumentó.
En la instancia de Casación, su postura fue sostenida por el fiscal general Mario Villar, quien remarcó que la jueza omitió evaluar un requisito esencial: la posibilidad de cuantificar el daño de modo pecuniario. “La resolución resultaba arbitraria, pues ni siquiera esbozó fundamento alguno para considerar que el perjuicio era susceptible de apreciación económica y, con ello, que la reparación ofrecida resultaba integral”, sostuvo.
El fallo de Casación: cuándo es viable la justicia restaurativa
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani, revocó la decisión de primera instancia y coincidió con los planteos fiscales.
Gemignani subrayó: “La justicia restaurativa solo resulta viable frente a un conjunto muy acotado de delitos, los cuales deben estar claramente definidos. Este principio impone distinguir con precisión entre los casos que admiten una solución alternativa y aquellos que requieren de modo necesario la imposición de una pena”.
Barroetaveña, por su parte, señaló que la magistrada actuó en contra del nuevo paradigma procesal que otorga al Ministerio Público Fiscal la titularidad exclusiva de la acción penal: “La Fiscalía de instancia brindó una opinión desfavorable a la aplicación del instituto, detallando la normativa vulnerada, y la resolución solo ofreció argumentos mínimos y parciales para descartarla”.
El voto de Barroetaveña fue acompañado por Mahiques, consolidando la posición de la Sala.