El ex presidente Alberto Fernández pisó nuevamente los tribunales de Retiro este martes para defenderse en persona en el caso Seguros y, de manera inesperada, se llevó una grata sorpresa: el fiscal ante la Cámara Federal pidió revocarle el procesamiento.
La llegada de Fernández estuvo precedida por el habitual control de seguridad policial y la visita transcurrió con bajo perfil: se dirigió directo a la sede de la Cámara Federal porteña en el segundo piso y entró a una pequeña sala de audiencias que suele usar el Tribunal de Apelaciones cuando no se convoca mucho público.
Junto a su abogada Mariana Barbitta escuchó al fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, pedir que se revoque el procesamiento en la causa de los seguros y se deje al ex Presidente con falta de mérito mientras se profundiza la investigación.
La Sala II del tribunal de apelaciones revisa la decisión del juez Sebastián Casanello que había procesado en julio a Fernández en la investigación por la firma de un decreto que abrió la puerta a la intermediación de brokers en la contratación de pólizas de seguro para la administración pública, con pago de millonarias comisiones. La mayoría de estos contratos se adjudicaron a un amigo del ex mandatario, Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria privada María Cantero.
Agüero Iturbe consideró que hay elementos para seguir investigando a Fernández, pero no pruebas suficientes para sostener un procesamiento. Por eso, propuso que se le dicte la falta de mérito y que se profundicen las medidas de prueba pendientes.
Entre esas medidas, el fiscal pidió que se analicen el celular y la tablet del ex Presidente y que se cite como testigos a dos ex funcionarios clave de su gobierno: el ex canciller Santiago Cafiero y la ex secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, para que expliquen el rol de Cancillería y el origen del decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios a contratar a Nación Seguros.
Para la defensa todo es nulo
La defensa de Fernández había reclamado que se declare la nulidad de todo el expediente, con el argumento de que fue indagado por un hecho y procesado por otro, sin poder controlar la prueba. Pero el fiscal rechazó esos planteos y solo concedió que no hay elementos sólidos para confirmar la acusación en este estadio.
La decisión final no está tomada: los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico deberán resolver si hacen lugar al pedido del fiscal, si confirman el procesamiento o si aceptan el planteo de nulidad de la defensa. El trámite todavía incluye audiencias con otros procesados, entre ellos Cantero, Martínez Sosa, el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y empresarios del sector.
Fernández fue procesado como presunto autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la investigación en la que interviene el fiscal federal Carlos Rívolo.
El magistrado ordenó un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.
