La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad investiga a una maestra señalada por haber realizado más de un centenar de compras con plásticos ajenos. La fiscalía especializada en ciberfraudes ordenó medidas y solicitó su detención.
Una docente de nivel inicial, que trabaja en una institución pública del barrio porteño de Boedo, quedó en la mira de la justicia porteña por una defraudación económica contra sus propias compañeras de trabajo. La maniobra salió a la luz cuando varias maestras advirtieron gastos en común, repetidos y de montos elevados, que ellas nunca habían realizado.
Las denuncias llegaron a la Fiscalía PCyF N° 5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo de Miguel Ángel Kessler. Desde allí se ordenaron medidas de prueba y se encomendó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) reconstruir el circuito de operaciones. El trabajo permitió acreditar que se habían efectuado al menos 105 compras fraudulentas por un total de $3.688.287,67.
Los registros dieron cuenta de un amplio rango de gastos: desde locales comerciales con atención al público hasta plataformas de juego online, pasando incluso por pasajes de avión. El análisis de las transacciones también reveló que varios de los consumos se realizaban en zonas cercanas entre sí, lo que contribuyó a perfilar a la sospechosa.
A través de la información aportada por las empresas donde se concretaban las compras, se pudo llegar a cuentas bancarias vinculadas a los padres de la docente señalada. En particular, en una plataforma de apuestas digitales se detectó que el dinero cargado fue multiplicado y posteriormente transferido a cuentas controladas por la familia.
La investigación arrojó un giro inesperado: Migraciones informó que la principal acusada viajó a Europa y, hasta el momento, no regresó al país. Ante esa situación, la fiscalía solicitó la captura internacional para garantizar su comparecencia en la causa.
En paralelo, el padre de la docente quedó imputado por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inciso 15 del Código Penal. Tras reconocer su participación, celebró un Acuerdo de Autocomposición con la fiscalía y restituyó más de $1.200.000 correspondientes a 22 hechos comprobados, incluyendo intereses a las denunciantes.
