Tras el trágico caso de San Cristóbal, un fallo de la Justicia de Salta impuso medidas a un estudiante y una reparación económica que deberán pagar sus padres, mientras que en la Ciudad se activaron protocolos y operativos por distintos episodios registrados en los últimos días.
La escena que se vivió en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, cuando un alumno llevó un arma y mató a balazos a un compañero el 30 de marzo pasado, encendió todas las alarmas. Fue un caso extremo, gravísimo pero que puso en evidencia una escalada de violencia escolar que no puede leerse como algo aislado, ni mucho menos como simples bromas de adolescentes.
Esta semana, en la provincia de Salta, la Justicia avanzó con una resolución que fija un precedente concreto sobre cómo abordar estas conductas: el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías Nº 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, dispuso una serie medidas para un adolescente involucrado en un hecho de amenazas y también castigó económicamente a su familia.
El menor deberá pedir disculpas públicas en la escuela. Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó que relate ante sus compañeros lo ocurrido y las implicancias de su conducta para que todos dimensionen la gravedad del hecho.
La decisión revela un claro cambio de enfoque: dejar de considerar estas amenazas como travesuras y tratarlas como hechos con impacto real sobre la comunidad educativa. El propio fallo establece obligaciones sostenidas en el tiempo, como la asistencia psicológica durante un año, la acreditación de buena conducta y la prohibición de consumo de alcohol y drogas.
La respuesta en la Ciudad
Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires se activó un protocolo específico frente a situaciones de este tipo. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue categórico al referirse al fenómeno: “No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito”.
Y agregó: “Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve”.
El mecanismo articula la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y organismos de niñez para actuar de manera inmediata ante cada alerta.
Al respecto, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta explicó: “Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas”.
En los últimos días, tres casos concretos derivaron en operativos policiales y siguen bajo investigación judicial. Entre ellos, se registraron situaciones en las que estudiantes amenazaron con llevar armas -reales o réplicas- o difundieron imágenes de balas como forma de intimidación.
Desde el Gobierno porteño remarcan que el fenómeno tiene una fuerte conexión con las redes sociales y la circulación de contenidos violentos. “Muchas de estas situaciones nacen como tendencias virales que convierten la violencia en contenido”, advirtió Macri en una conferencia que también contó con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez; la titular del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; el presidente de la Cámara Penal, Javier Bujan; la titular del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley; y la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Victoria Morales Gorleri, entre otros.
Por último, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, se refirió a las sanciones disciplinarias y dijo que deben tener un sentido pedagógico, orientado a que los jóvenes comprendan el daño causado y puedan repararlo.
“La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación. Seguridad, porque cada amenaza es un delito y se investiga. Formación, porque detrás de cada chico que escribe ‘mañana tiroteo’ hay alguien que no dimensiona lo que hizo. Reparación, porque las sanciones tienen que tener sentido educativo: comprender el daño, repararlo, y volver a la comunidad”, apuntó.
