Un debate que expuso tensiones estructurales: entre avances formales, riesgos regresivos y un sistema aún sin condiciones materiales para sostenerlos.
El debate interdisciplinario sobre Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos dejó al descubierto una tensión central que atravesó las cinco exposiciones: la distancia entre una ley que, en su formulación, incorpora estándares internacionales, y un sistema que carece -al menos hoy- de las condiciones institucionales, técnicas y materiales para sostenerlos.
Desde la apertura, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Andrés Basso, fijó el encuadre conceptual del encuentro al advertir sobre el riesgo de respuestas simplificadas frente a una problemática estructural: “Muchas veces se buscan respuestas inmediatas, de corte efectista”, propias de una lógica de “legislación de emergencia” que prioriza lo punitivo.
En ese sentido, dejó planteado uno de los consensos más claros de la jornada: “El derecho penal debe ser la última instancia, no la primera”, señalando que el abordaje de la conflictividad juvenil excede al sistema judicial y requiere políticas públicas integrales.
Entre el paradigma declarado y el contenido real de la ley
Sobre ese marco, Martiniano Terragni introdujo la crítica más estructural al nuevo régimen, cuestionando tanto su proceso de formación como su orientación sustantiva: “La calidad legislativa está ausente en este debate, que fue exprés”.
Su diagnóstico fue contundente: lejos de consolidar un modelo preventivo o restaurativo, la ley reproduce una lógica histórica en América Latina: “No se está hablando de la prevención del delito adolescente, sino de cómo reprimir, desde qué reprimir y por cuánto tiempo reprimir”.
Esta orientación -según advirtió- no sólo implica un retroceso, sino que puede entrar en conflicto con estándares internacionales: “La ley parece ser regresiva en muchas cuestiones”, especialmente por la expansión de la prisión preventiva, lo que podría generar “responsabilidad internacional”.
Pero su crítica fue más allá de lo sustantivo y alcanzó la técnica legislativa: “La ley está tan ‘berreta’ que ni siquiera queda claro cuándo entra en vigencia”, evidenciando inconsistencias que también impactan en el federalismo: “El problema es cómo se va a implementar en las provincias”.
Una ley que avanza, pero tensiona el principio de especialidad
En contraste, Florencia Argibay Tomé propuso una mirada más matizada, reconociendo avances pero advirtiendo riesgos en su aplicación.
Partió de un dato estructural: durante décadas, el sistema funcionó mediante una integración permanente con estándares internacionales: “Teníamos que componer el régimen con la Convención de los Derechos del Niño y los fallos internacionales”.
Desde esa perspectiva, valoró que la nueva ley incorpore principios y herramientas antes ausentes. Sin embargo, introdujo el interrogante que atraviesa todo el debate: “La pregunta es cómo los vamos a aplicar”.
Su preocupación central se enfocó en el debilitamiento del principio de especialidad, eje del sistema juvenil: “¿Dónde está la diferencia? En ese aspecto, la pena es igual a la del adulto”.
Y alertó sobre las consecuencias de esa equiparación en términos de desarrollo: “No es lo mismo un menor que un adulto”.
La tensión se vuelve crítica en casos de penas extensas: “Un niño de 14 años con una pena de 15 años… ¿cómo se reintegra después?”.
A esto sumó un problema estructural compartido por otros expositores: la falta de condiciones sociales para sostener medidas alternativas: “¿Quién contiene a ese niño para que cumpla las condiciones?”.
El sistema en la práctica: más funciones, menos recursos
La intervención de María Fernanda Poggi profundizó precisamente en ese plano: el de la operatividad real del sistema.
En una primera lectura, coincidió con Argibay Tomé en valorar el diseño normativo: “Uno se ilusiona al ver plasmados tantos principios y estándares internacionales en la ley”.
Pero esa expectativa se diluye en la práctica: “Cuando empezamos a desmenuzar los institutos, la realidad cambia radicalmente”.
La fiscal destacó el nuevo rol del Ministerio Público Fiscal, orientado a evitar la judicialización: “Se nos pone en un rol muy importante: descongestionar el sistema”.
Sin embargo, advirtió sus límites concretos: “Parece más amplio, pero en la práctica va a quedar reducido a muy pocos casos”.
El problema central -y punto de convergencia con el resto de las exposiciones- es estructural: “El trabajo va a ser mucho más arduo”, sin que exista previsión suficiente de recursos.
En términos institucionales, su advertencia fue categórica: “Es imposible sostener un sistema penal juvenil sin los recursos necesarios”.
Y agregó: “La falta de recursos puede generar responsabilidad internacional”.
Entre la incertidumbre y la construcción colectiva del sistema
Desde una perspectiva más pragmática, David Perelmuter cerró el panel poniendo el foco en los interrogantes abiertos y en la necesidad de construcción colectiva.
Su punto de partida fue claro: “Empecemos a interactuar, empecemos a debatir. Esto es un debate”.
A diferencia de las lecturas más rupturistas, relativizó la idea de un cambio de paradigma: “No es un cambio de paradigma, es la continuidad del sistema”.
Sin embargo, esa continuidad no implica certezas, sino todo lo contrario. “Vengo con más preguntas que respuestas”, especialmente frente a la aplicación concreta del régimen a adolescentes de 14 años.
También insistió en la necesidad de una interpretación sistémica: “No podemos mirarla de manera aislada… hay que integrarla con el derecho internacional”.
Y marcó un límite infranqueable: “El avance de los derechos humanos en la infancia no puede retroceder”.
En esa línea, reivindicó el enfoque restaurativo -ausente o débil en la práctica-: “Tenemos que resolver el conflicto conforme a prácticas restaurativas”.
Su cierre condensó el espíritu del encuentro: “Trabajemos, discutamos, litiguemos… y tengamos respuestas con perspectiva juvenil y para las víctimas”.
Un consenso transversal: la brecha entre la ley y la realidad
Las cinco exposiciones no sólo dialogan, sino que construyen un diagnóstico común.
Basso planteó la necesidad de salir de respuestas punitivas inmediatas; Terragni advirtió que la ley, en gran medida, reproduce esa lógica; Argibay Tomé señaló que los avances dependen de su aplicación; Poggi evidenció que el sistema no tiene aún capacidad para sostenerlos; y Perelmuter convocó a construir esas respuestas en la práctica.
La conclusión es tan clara como desafiante: el problema ya no es sólo la ley.
Es -como se reiteró a lo largo del debate- la capacidad del sistema para transformarla en una herramienta eficaz, sin perder de vista que, en materia de infancia, no hay margen para retrocesos.
