El nuevo texto establece que las víctimas tienen derecho a participar en el proceso penal en forma activa en las condiciones que determine la ley. Uno de los impulsores, el exsenador y actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la incorporación del artículo 31 es la coronación de un camino legislativo iniciado años atrás para darle centralidad a quienes sufren el delito.
La reforma a la Constitución de la provincia de Santa Fe, que entró en vigencia el 12 de septiembre pasado tras la jura en la Legislatura, significó un paso histórico en la ampliación de derechos. Es que entre los cambios más significativos se encuentra la incorporación del artículo 31, que por primera vez consagra a nivel constitucional los derechos de las víctimas de delitos.
El texto establece que “las víctimas de delitos y, en su caso, sus familiares tienen derecho a un trato digno y respetuoso de su intimidad, al acceso a la justicia, a ser informados de manera clara y oportuna sobre sus derechos y a conocer el estado de la investigación, el proceso penal y las decisiones que se adopten. Tienen derecho a participar en el proceso penal en forma activa en las condiciones que determine la ley”.
Además, la norma dispone que “el Estado procura su debida asistencia, evitando conductas discriminatorias y cualquier forma de revictimización. La debida diligencia en el proceso judicial será reforzada cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad”.
El ex senador y actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, fue uno de los principales impulsores de este reconocimiento. “El artículo 31 es un poco el final de un camino que empezó hace tres años con algunos cambios legislativos penales, donde la víctima empieza a tener una preponderancia, una importancia, un cuidado y una protección de parte de las leyes y del funcionamiento del Estado”, explicó a Quorum.
Según Enrico, la incorporación de este artículo no surgió de manera aislada sino como parte de un proceso de reformas previas: “Primero, a partir de la lucha de las víctimas, en la escucha de las víctimas, en un derecho penal que estaba basado básicamente en la relación Estado-imputado, y que había olvidado a la víctima como un actor importante en el suceso penal”.
El dirigente recordó que antes de este reconocimiento constitucional hubo pasos intermedios claves. “Como senador fui impulsor de varias leyes penales, entre ellas la ley provincial de derechos y garantías de las víctimas, que fue un poco más allá que la ley nacional. No solamente dio la tradicional escucha, el buen trato, la no victimización, el apoyo psicológico, sino que en el proceso penal la víctima tiene momentos de participación ineludibles”, señaló.
En ese sentido, subrayó que “en muchas medidas judiciales, la víctima debe ser escuchada y su no escucha puede invalidar el acto”. Este cambio implicó que la figura de la víctima dejara de ser un mero espectador para convertirse en sujeto procesal relevante, aun sin constituirse en querellante.
“Anteriormente, el proceso penal era el fiscal, el imputado, el defensor y después el juez. O sea, era una cuestión estrictamente dada entre partes procesales. Ahora la víctima tiene que ser escuchada y esa escucha debe darse de la manera más conveniente para ella, incluso a través de medios electrónicos o por escrito, preservando su intimidad y el impacto que le generó el delito”, agregó.
Para Enrico “el artículo 31 es escueto porque la Constitución no es reglamentarista, pero ya queda claro que la víctima tiene un rol, un lugar y un cuidado por parte del Estado, independientemente de los cambios políticos o legales”.
El funcionario valoró además que la Convención Constituyente haya recogido este reclamo. “Lo que hizo fue coronar un recorrido de la víctima que se dio en los últimos tiempos y que ha sido muy importante”, afirmó.
Enrico también recordó que esa misma lógica estuvo presente en la elaboración del nuevo Código Procesal Penal Juvenil: “En ese código, que votamos en 2023, la palabra víctima aparece once veces en distintas instancias del proceso. Es un actor fundamental”.
Un cambio cultural en la justicia
El reconocimiento constitucional busca, además, evitar la revictimización. Para el funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro, esto implica un cambio cultural dentro del sistema judicial: “La escucha tiene que ser a la manera más conveniente para la víctima. No necesariamente en un tribunal, sentada y recibiendo un lenguaje difícil, sino también por medios electrónicos, por carta o por video”.
El nuevo artículo 31 se inscribe en un proceso de transformación más amplio del Poder Judicial santafesino, que incluye la creación de un Ministerio Público independiente y bicéfalo, con funciones diferenciadas para la acusación y la defensa. Pero para Enrico, el cambio central está en haber puesto a las víctimas en el centro: “Ya no se trata solo de garantizar derechos al imputado frente al Estado, sino de proteger a la víctima frente al delito”.
