Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos confirmaron la pena de 25 años de prisión para Fredy Junior Zea Ricardo, acusado de someter a mujeres mediante engaños y forzarlas a brindar servicios sexuales tanto presenciales como a través de plataformas online.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 25 años de prisión impuesta a un hombre por los delitos de explotación sexual agravada y abusos sexuales, en un caso que incluyó la utilización de plataformas digitales para consumar los delitos.
En abril pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 había condenado a Fredy Junior Zea Ricardo a la pena de 25 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por violencia, amenazas y abuso de vulnerabilidad, en concurso con reiterados abusos sexuales con acceso carnal.
La sentencia también dispuso medidas inéditas de reparación para las víctimas, entre ellas la eliminación de todo el material audiovisual producido y difundido en plataformas como Chaturbate y Strip Chat, donde se explotaba a una de las damnificadas.
La defensa interpuso un recurso de casación, cuestionando la credibilidad de los testimonios y la valoración de las pruebas. Sin embargo, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ratificaron de manera unánime la resolución.
En el fallo, los camaristas rechazaron los planteos de la defensa y señalaron que el tribunal oral “efectuó una debida ponderación de los elementos de prueba existentes para sustentar el pronunciamiento condenatorio” y que el material reunido “configura un cuadro cargoso contundente y suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena”.
De acuerdo con la investigación, el acusado captaba a mujeres mediante avisos engañosos en medios gráficos y las sometía a un régimen de explotación sexual que incluía tanto encuentros presenciales como transmisiones virtuales por webcam.
Una de las víctimas, rescatada en 2020 por una organización civil, relató que era controlada mediante cámaras en el departamento donde permanecía retenida y obligada a realizar transmisiones online bajo amenazas y castigos.
Además de la pena de prisión, Casación confirmó el decomiso de bienes y dinero vinculados a la actividad ilícita, así como la reparación integral en favor de las víctimas, quienes tendrán privilegio en el cobro. También se ordenó la inclusión del perfil genético del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
