Resolvió incluir el cargo que dejó la renuncia de Diana Goral y elevó una nueva terna de candidatos al Poder Ejecutivo.
La reciente renuncia de la fiscal general Diana Graciela Goral a la Fiscalía N°6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional motivó al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, a adoptar una decisión excepcional: sumar esa vacante al trámite ya finalizado del Concurso N°119. La medida se formalizó a través de la Resolución PGN N°39/2025.
El concurso en cuestión se había convocado en 2018 y ampliado en 2023, con el fin de cubrir distintas fiscalías generales ante los TOCC de la Capital Federal, concretamente las N°4, 9, 10, 27 y 30. Tras su cierre, el 27 de septiembre de 2024, Casal elevó las ternas correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la salida de Goral el 31 de julio de este año abrió un nuevo espacio que ahora se resolvió incluir bajo el mismo procedimiento.
La decisión encuentra sustento en el Reglamento para la Selección de Magistradas y Magistrados del Ministerio Público Fiscal. Su artículo 51° prevé que “si en el transcurso de un año desde la elevación de la terna, se produjeren o fueren habilitadas nuevas vacantes de igual jerarquía, asignación funcional, fuero, área de especialización y/o competencia territorial, según corresponda, se podrá aplicar el orden de mérito resuelto (…) sin necesidad de convocar a un nuevo concurso”.
De esta manera, Casal elevó una nueva terna integrada por dos abogados que no fueron seleccionados para cubrir la vacante en la Fiscalía General N°4 y por Leandro Gabriel D’Ascenzo, quien había quedado en el octavo lugar del orden de mérito. Además, dispuso completar la lista complementaria con Fernando Aníbal Vallone y Ornella Romina Riggitano, que ocuparon el noveno y décimo puesto en la calificación definitiva.
El Concurso N°119 fue evaluado por un tribunal presidido por Casal e integrado por Pablo Ouviña, fiscal general ante los TOCC; Mary Beloff, fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios; Guillermina García Padín, fiscal ante los juzgados nacionales de ejecución penal; y la profesora Lidia Roxana Martín, invitada en carácter de jurista.
