El Juez en lo Criminal y Correccional expuso sobre la necesidad de actualizar las herramientas judiciales frente al avance del cibercrimen. Mostró cómo una causa local reveló conexiones transnacionales y destacó que el agente encubierto digital “ya no es una opción, sino una medida indispensable”.
El juez nacional en lo Criminal y Correccional Manuel de Campos abrió su exposición en el XVI Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC) con una fuerte advertencia: “Es imposible investigar estas grandes organizaciones criminales sin la utilización de la herramienta del agente encubierto digital”.
COLTIC es una fundación argentina que promueve y difunde el conocimiento y la innovación en materia de investigación y prevención del delito, los crímenes y el cibercrimen. Todos los años realiza el Congreso COLTIC donde convoca a los mayores especialistas en ciencia, tecnología e investigación forense de América Latina para exponer sobre los nuevos desafíos y los avances tecnológicos. El evento cuenta con la conducción de la periodista Lorena Maciel.
El magistrado, quien también preside el Comité Organizador de COLTIC, recordó que desde hace años viene planteando la necesidad de dotar a la Justicia y a las fuerzas de investigación de recursos tecnológicos y procesales adecuados. “Ya en 2015 estábamos reclamando herramientas tecnológicas y herramientas procesales para las grandes investigaciones criminales. En 2016 el título de mi exposición fue justamente la imperiosa necesidad de herramientas procesales para solventar las herramientas tecnológicas”, repasó en el auditorio del Consejo de Ciencias Económicas de CABA, donde este miércoles 22 de octubre se puso en marcha el Congreso.
De Campos reconstruyó el derrotero de una investigación que comenzó con “una denuncia simple por un BEC, un Bill Decimal Compromise”, un tipo de fraude informático que al principio parecía aislado. “Sabíamos que quien hace un BEC tiene una estructura montada. Nadie hace un BEC como quien roba un celular porque se le da la oportunidad”, explicó.
Esa causa derivó en el hallazgo de “grupos organizados de mulas bancarias” y permitió conectar una extensa red delictiva. “Hubo unos 30 y algo de detenidos, se secuestraron muchísimos dispositivos y de ahí fue creciendo toda la organización hasta que llegamos a comprobar que inclusive con todo lo que obtenían de fraudes informáticos de todo tipo, de Tinder, del soldado diplomático o del soldado americano, financiaban trata de personas y tráfico de drogas”.
Según el juez, la investigación permitió rastrear vínculos con operaciones en otros continentes. “El destino final del dinero era Nigeria y Ghana, y ya había algunos nigerianos participando. En algunos audios estaban en Igbo, un dialecto nigeriano. Eso nos permitió ver que era una organización transnacional”.
El caso, que derivó en la participación argentina en la Operación Jackal de Interpol, involucra a 43 países, con 23 participando activamente. “Es un trabajo conjunto, cruzando información y compartiéndola con otras fuerzas de ley. Así se demuestra cómo están comunicadas las organizaciones criminales entre sí, aunque muchos de sus miembros no se conozcan personalmente”, señaló el juez especializado en Investigación de Cibercrimen y Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad.
Del fraude al tráfico de personas
Los datos obtenidos a partir de accesos remotos y análisis de billeteras virtuales permitieron, según De Campos, comprender la magnitud del fraude: “En esa investigación identificamos un universo de cuatro mil personas. Hay dieciocho con participación acreditada en la organización y cerca de doscientas que reciben dinero de los imputados. Solo reciben, no envían, o sea, víctimas no son”.
Para el magistrado, esa red solo pudo ser detectada gracias a las “técnicas especiales de investigación” y el uso de nuevas figuras procesales. “Si nos hubiéramos quedado con el primer hecho aislado, jamás hubiéramos llegado a conectarla. Por eso insisto: sin accesos remotos a sistemas, sin agente encubierto digital y sin legislación adecuada, esto es imposible”.
De Campos exhibió algunas resoluciones de su juzgado donde se autorizaron accesos remotos y el uso del agente revelador digital. “En 2017 ordenamos un acceso remoto a un sistema y en 2021 dispusimos un agente encubierto digital a propuesta de Gendarmería”, precisó.
El magistrado explicó que basó esas medidas en los artículos 222 y 236 del Código Procesal Penal, que permiten al juez usar “cualquier ciencia, arte o técnica” e intervenir “cualquier tipo de comunicaciones del imputado”.
Además, defendió el uso de estas herramientas frente a las críticas sobre la privacidad: “Yo creo que un allanamiento físico afecta mucho más a la intimidad. Este tipo de medidas, cuando se hacen con orden judicial, tienen trazabilidad y son mucho menos invasivas que un allanamiento tradicional”.
El juez también advirtió sobre los cambios en las dinámicas del crimen organizado. “El crimen organizado se está pasando de la dark web a Telegram. Se están manejando mucho por esa plataforma justamente por las razones de seguridad que ofrece”.
En ese contexto, valoró la reciente Resolución Ministerial 828/25, que aprobó el “protocolo para la designación y actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales”. Según explicó, “esta medida ya le da respaldo jurídico y no deja dudas: además de los artículos genéricos, ahora hay un fundamento específico para la figura”.
La resolución, dijo, prevé cómo se crean las identidades virtuales, la capacitación de los agentes, su seguridad y un sistema de respaldo permanente. “Por supuesto que no va a ser para cualquier hecho simple, esto será para investigaciones complejas, para crímenes organizados”.
Hacia el final de su exposición, De Campos subrayó la diferencia entre el agente revelador y el encubierto digital. “El revelador puede servir para una compra controlada. En cambio, el agente encubierto digital es para infiltrarse en organizaciones criminales y poder obtener información desde adentro. No es una cuestión de crear un avatar y salir a hacerlo; requiere capacitación y respaldo técnico e intelectual”.
Y concluyó con un llamado a la acción dirigido a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad: “Utilicen estas medidas especiales, utilicen los accesos remotos, utilicen el agente encubierto digital. Ya están previstos por ley y van a tener todo respaldo. Es la única forma de poder avanzar en estas investigaciones”.
