En un contexto nacional de transformación judicial y digitalización acelerada, Santiago del Estero se consolidó como una de las provincias pioneras con políticas innovadoras. Desde la temprana implementación del sistema acusatorio hasta la creación del Centro de Responsabilidad Adolescente “Nexo”, el distrito avanza en justicia, inclusión y tecnología. En diálogo con Quorum, la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, repasa los principales desafíos de la agenda actual: acceso a la justicia, independencia judicial, derechos humanos y desarrollo de la economía del conocimiento.
En líneas generales, ¿cómo describiría el estado actual del sistema de justicia en Santiago del Estero?
Me gusta pensar a la Justicia como un sistema, integrado no sólo por jueces y funcionarios, sino también por actores sociales, normas y ciudadanía. En la mirada del sistema de justicia como un todo es donde encontramos el verdadero valor de la justicia, para hacerlo efectivo y romper con los prejuicios culturales de que la justicia se agota dentro del Poder Judicial, cuando en realidad necesita de una cooperación y coordinación de todos los actores del sistema. Hoy estamos en un momento de madurez institucional: cada actor conoce su rol, respeta las autonomías, pero se sabe parte de un todo. Esto nos permite dar respuestas más efectivas a los ciudadanos, que muchas veces necesitan más que una resolución formal: requieren cooperación entre poderes e instituciones.
¿Cuáles han sido los principales desafíos institucionales en materia judicial durante su gestión?
El acceso a la justicia siempre es un desafío y en eso hemos invertido mucho esfuerzo y hemos trabajado de manera colaborativa, tanto desde el Ministerio como desde el Poder Judicial. Hemos ampliado la mediación a todos los centros judiciales de la provincia y la Corte Suprema de Justicia reconoció que cumplimos 11 de los 13 puntos de acceso a la justicia, posicionándonos junto a Río Negro como referentes. También implementamos mediación comunitaria y conciliación laboral, lo que además de ser aceptado por la ciudadanía y trabajadores, redujo hasta un 40% los juicios laborales. Ahora, junto al Colegio de Abogados, trabajamos en la creación del primer tribunal arbitral provincial. La idea es consolidar un sistema de resolución de conflictos complementario al proceso judicial convencional. Hemos incorporado en la agenda de los nuevos derechos humanos la perspectiva de género, ha tenido un peso importante. Invertimos en capacitaciones y en la incorporación de nuevas miradas en el Poder Judicial. Lo mismo con el sistema penal juvenil, los derechos de adolescentes y el sistema de protección de niñeces: con todo un nuevo sistema desde la ley penal juvenil procesal, creamos juzgados especializados y un centro innovador (Nexo) para abordar terapéuticamente la responsabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, se hizo mucho de infraestructura sobre todo en los centros judiciales del interior, se han construido a nuevos y otros se han modernizado ediliciamente. Estamos próximos a inaugurar el último centro judicial en Frías. Y también la infraestructura del servicio penitenciario, con inversión provincial y capacitación de todos los agentes que se incorporaron. Se ha creado el Comité de prevención de torturas provincial para poder atender cualquier denuncia de violación de derechos humanos, que incluye denuncias de personas en contexto de encierro o frente a abusos de autoridades policiales o penitenciarias. Por último, las capacitaciones desarrolladas para la detección de casos de ciberdelitos y delitos informáticos por el uso de nuevas tecnologías y se ha dotado a la policía de equipamiento científico y tecnológico acorde para poder trabajar y colaborar con justicia. Un reciente relevamiento periodístico reveló que varias provincias presentan altos niveles de jueces con vínculos políticos previos a su designación.
¿Cuál es su valoración sobre el estado de la independencia judicial en Santiago del Estero?
El resultado es muy positivo en términos de valorar la independencia del Poder Judicial, la confianza ciudadana y robustez democrática: cero vínculos políticos previos. Esto es posible porque hace 20 años se reformó la Constitución provincial, incorporando el Consejo de la Magistratura como mecanismo para selección e incorporación de jueces al sistema judicial y limitando el poder concentrado del sistema inquisitivo, buscando el equilibrio de poderes. Hoy contamos con ministerios públicos Fiscal y de la Defensa autónomos, lo que robustece la independencia judicial y fortalece la confianza ciudadana.
¿Qué otras acciones se impulsan para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia santiagueña?
La confianza ciudadana es un pilar invisible de la cohesión social. Para que exista, debe haber diálogo, apertura y espacios de participación. Sólo así se logra una sociedad cohesionada y una democracia sólida. Darles a los ciudadanos instituciones robustas para que la sociedad pueda confiar que la resolución de sus conflictos tiene canales válidos, que se respetan, genera mucha confianza y paz social. En Santiago contamos con un clima institucional armónico: trabajamos con gremios, iglesias, ONG’s y colegios profesionales en proyectos comunes. Eso genera previsibilidad, respeto y seguridad en los vínculos.
Santiago del Estero fue pionera en implementar el sistema acusatorio. ¿Qué balance hace de su funcionamiento? ¿Qué cambios se perciben en la dinámica judicial desde su implementación?
Fue un cambio de paradigma muy importante que fortaleció a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, lo cual habla de un equilibrio de poder muy fuerte, este es uno de los cambios más importantes. Crecieron las funciones, el trabajo y la independencia de ambos ministerios, se consolidaron con más personal, infraestructura propia y autonomía. Además, la oralidad democratizó el proceso, posicionando al ciudadano como actor clave, activo y transparente. Ese ciudadano ahora vive la justicia en el día a día y toma conocimiento de cómo se construye la valoración final del juez que termina resolviendo una causa. Democratizó el poder judicial y permitió que creciera el control ciudadano sobre la actuación judicial. Hemos sido de las primeras provincias en incorporar oralidad civil y colegios de jueces. Esto aceleró procesos, aunque todavía hay desafíos: mejorar los tiempos de resolución y coordinar mejor la actuación fiscal y judicial.
Se inauguró el Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente “Nexo”. ¿Qué representa este espacio para usted y para la provincia? Y ¿Cómo surgió la idea de crear un centro que combine privación de libertad con arte, tecnología y contención?
La creación de Nexo es casi contemporánea con la ley de creación del nuevo sistema penal juvenil en la provincia, la creación de dos juzgados especializados en penal juvenil, entonces hacía falta generar el ámbito institucional que comparta y que cierre esa visión. Nexo simboliza un cambio de paradigma: del castigo a las oportunidades. Reconoce la responsabilidad del adolescente, pero ofrece un abordaje terapéutico integral para abrir caminos de reinserción y poder dar herramientas útiles reales. Es estricto en la responsabilidad, pero es generoso en las oportunidades. El abordaje es complejo, integrando su contexto, su trayectoria, su entorno. Se trabaja con sus familias, no solo con el adolescente, esto es fundamental. Y que los padres reconozcan el problema es necesario. El arte caracteriza al proyecto terapéutico y cumple un rol clave como herramienta de transformación, es un dispositivo que por experiencias previas con trabajos de adicciones, hemos descubierto que el arte abre caminos de expresión y transmuta, permite cambiar de manera más rápida que otros métodos tradicionales aquello que le está pasando a ese adolescente que está en proceso de cambio y busca una salida, problematizando lo que hace y pudiendo encontrar una respuesta distinta. Es una mirada nueva de abordaje resultado de años de experiencia de trabajo con jóvenes en abordaje de adicciones.
¿Cree que este modelo podría ser replicado en otras provincias del país?
Es un modelo replicable en otras provincias, siempre que se adapte a la cultura local. No hay enlatados en el abordaje social, cada cultura tiene sus características, particularidades, riquezas. Pero como modelo de abordaje creo que se puede replicar totalmente porque en definitiva es hacer buenos diagnósticos, un tratamiento integral y si intervenimos a tiempo en la vida de estos adolescentes, podemos generar cambios sociales muy positivos para la sociedad.
Su gestión ha puesto un fuerte énfasis en la “Economía de Conocimiento” y la digitalización de servicios ¿Cuál es la visión a largo plazo para Santiago del Estero y cómo se asegura que estas iniciativas beneficien de manera equitativa a toda la población, incluyendo las áreas más remotas?
La economía del mundo hoy es la economía del conocimiento y ésta no tiene fronteras geográficas. Su capital más importante es el talento humano y el conocimiento, por eso para poder aprovechar las oportunidades que nos brinda, necesitamos potenciar el talento humano y desarrollar las condiciones adecuadas. Santiago busca desarrollar y crecer constantemente, por eso invirtió en fibra óptica y conectividad en toda la provincia para reducir la brecha digital, con la característica de ser una provincia con un territorio muy extenso y población muy dispersa. Incluso en escuelas rurales con apenas diez alumnos, hoy hay conectividad. Eso proyecta talento y abre oportunidades globales. Creamos la empresa estatal CIID (Conocimiento, Innovación, Investigación y Desarrollo), que articula con universidades, cámaras tecnológicas y cámaras de comercio, para capacitar a jóvenes, mujeres y diversidades para poder insertarse en el mercado. Hay muchas herramientas ya instaladas que nos van a permitir posicionarnos como actores fuertes dentro de lo que es la Economía de Conocimiento.
¿Y cómo se aborda la brecha digital en la provincia para asegurar que la población de mayor edad o con menos acceso a la tecnología pueda beneficiarse de esta modernización?
Con capacitación constante y acompañamiento intergeneracional. Además de abrir canales de capacitación, nos aseguramos que tengan acceso a todos los servicios digitales. La solidaridad social y familiar juegan un rol importante, los jóvenes ayudan a los adultos mayores, y ellos transmiten su experiencia, en eso se da una sinergia muy interesante. Los valores de la humanidad que están en las generaciones mayores que le puedan transmitir a las nuevas es lo que humaniza a la tecnología porque más allá de que pueda darnos muchas oportunidades, desde un buen uso de la tecnología, ésta también tiene un lado oscuro que puede afectar a los más vulnerables, por eso el Estado debe estar presente con políticas activas de protección.
La capacitación “Mil Mujeres IA” y el “formulario inteligente de denuncias” son iniciativas de vanguardia. ¿Cómo articula estas políticas tecnológicas con la necesidad urgente de soluciones más básicas?
Todo es importante, como trabajar con los derechos humanos esenciales que están vinculados a la perspectiva de género y en eso nuestra provincia nos ha desafiado siempre a la hora de gestionar por ejemplo a la hora de gestionar denuncias de violencia de género desde cualquier punto de la provincia en su extensa geografía. Esos son desafíos de gestión que nos llevaron a pensar en cómo dar respuesta, como tener rápido conocimiento de una denuncia formulada en algún punto remoto del interior profundo y tomar medidas, y en ese caso el formulario inteligente digital nos ha dado la solución, ha sido desarrollado con inteligencia artificial junto a la UBA y CAF, trabajado conjuntamente con tres provincias, para que cualquier mujer pueda denunciar desde lugares remotos de la provincia. Es un formulario de toma de denuncias y de evaluación de riesgo. Aún estamos en etapa de prueba piloto, pero buscamos acercar esa brecha que se da entre ciudades metropolitanas y el interior más profundo y alejado. También capacitamos a mujeres, que todavía tienen roles cuidadores, en inteligencia artificial para que logren autonomía económica sin salir de sus hogares. Esto no me parece un tema menor ni poco urgente, es gravitante dentro de la sociedad.
La creación de la Dirección Provincial de la Diversidad Étnico Racial es una política de inclusión importante ¿Qué mecanismos concretos ha implementado el Ministerio para “equiparar las oportunidades de acceso” y garantizar la “visibilidad estadística” de estas comunidades, más allá de la creación del organismo?
Creamos una dirección específica y realizamos relevamientos exhaustivos con antropólogos y coordinando con áreas de otros ministerios en relevamientos de pueblos originarios. Se ha hecho un trabajo pormenorizado y de identificación de aquellas personas que se identifican con pueblos originarios, se ha geolocalizado, visto su ubicación y su situación para lograr achicar las asimetrías que muchas veces se deben a prejuicios en la sociedad. De todas formas, en Santiago no hay actitudes discriminatorias, hay una integración natural con los pueblos originarios, quizás por ser madre de ciudades, hay una integración efectiva, pero trabajamos en mesas de diálogo y mediación comunitaria para resolver tensiones, sobre todo en cuestiones de tierras.
¿Cuál fue la participación del Ministerio provincial en causas de lesa humanidad en Santiago del Estero?
El ministerio ha tenido una participación muy importante en las causas de lesa humanidad que se han realizado aquí, aportando información relevante de los libros de los servicios penitenciarios, pruebas clave en los juicios, protegimos a testigos y acompañamos psicológica y materialmente a las víctimas en el proceso. También registramos juicios en video para organizaciones y memoria histórica.
Si tuviera la oportunidad de lanzar una única iniciativa de gran escala, más allá de la tecnología y el género, para mejorar la vida de los santiagueños, ¿cuál sería y por qué?
Si tuviese que elegir una sería un sistema colaborativo de resolución de conflictos. Romper con la idea de que la resolución de conflictos solo puede realizarse dentro del ámbito judicial. No todos los conflictos deben judicializarse y se pueden pensar en otros contextos, de arbitraje, más amigables, espacios institucionales, ampliar las mediaciones penal, ampliar la conciliación, concretar el Tribunal de arbitraje que venimos proyectando con el Colegio de Abogados e incluso rescatar figuras como los jueces de paz no letrados como amigables componedores. Hoy la estructura judicial rígida no alcanza a resolver los conflictos de la sociedad, estadísticamente lo que llega al poder judicial es mínimo y lo que llega a resolverse todavía es menor. La sociedad necesita resolver conflictos de manera más efectiva, necesitamos tener ámbitos de resolución de conflictos más acotados y accesibles. Una justicia más cercana y eficiente es esencial para garantizar paz social. Hay que encontrar caminos intermedios y pensar una justicia colaborativa para lograr la paz social.
