El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de bienes muebles e inmuebles y activos financieros del creador de la criptomoneda $Libra, Hayden Davis, y de dos personas señaladas como intermediarias en transferencias a imputados

La resolución judicial alcanza al ciudadano colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Mellino, quienes figuran como titulares de billeteras virtuales con movimientos bajo análisis. Según la investigación, ambos habrían actuado como “rampas de salida” en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario.

La medida dictada por el magistrado, conocida como “prohibición de innovar”, impide a los involucrados disponer de los activos detectados. Una decisión similar ya había sido adoptada con anterioridad respecto de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los principales investigados en el caso.

Fundamentos de la medida

El nuevo congelamiento fue solicitado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien basó su pedido en un informe técnico elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal.

Ese reporte recomendó avanzar sobre Davis, Rodríguez Blanco y Mellino para preservar bienes que podrían formar parte del producto del presunto fraude, estimado en unos 120 millones de dólares y que habría afectado a cientos de inversores.

Según los informes, Rodríguez Blanco aparece vinculado a operaciones que coincidieron en el tiempo con movimientos de dinero en efectivo relacionados con la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Novelli.

Por ejemplo, el lunes 17 de febrero, primer día hábil posterior al lanzamiento de la cripto y la difusión en redes sociales por parte del presidente Javier Milei, la madre y la hermana de Novelli retiraron bolsos de una sucursal del Banco Galicia, pocas horas después del colapso de $Libra.

Los peritajes también detectaron que Mellino habría intermediado directamente entre Davis y los demás investigados, en fechas coincidentes con una reunión entre Davis y Milei en Casa Rosada.

De acuerdo con los registros, Davis transfirió US$ 507.500 a través de la plataforma Bitget apenas 42 minutos después de que el presidente publicara una selfie junto a él, el 30 de enero, presentándolo como asesor en blockchain e inteligencia artificial.

Riesgo de fuga de activos

Al dictar la “prohibición de innovar”, el juez Martínez de Giorgi consideró que se cumplían los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ante el riesgo de que los activos digitales fueran transferidos antes de que exista una resolución definitiva.

La prohibición regirá “por el plazo que resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del proceso y hasta tanto este tribunal disponga lo contrario”, indicó el magistrado.

Antecedentes en la causa

En agosto pasado, la entonces jueza del caso, María Servini, había ordenado el congelamiento de criptoactivos en la moneda USDT por un total de 323.275 dólares, alojados en dos direcciones virtuales detectadas en la investigación.

Esa medida se basó en un análisis de trazabilidad realizado por el Ministerio Público Fiscal con información aportada por Binance, que permitió identificar movimientos transaccionales atribuidos a Novelli y Terrones Godoy, ambos ya alcanzados por una prohibición de innovar.

Los investigadores detectaron que los dos imputados compartían una dirección “multisignature” o de firma múltiple, un tipo de billetera virtual que requiere la autorización de varias claves privadas para ejecutar operaciones.

Las direcciones en las que se hallaron los USDT congelados recibieron fondos provenientes de esa cuenta multifirma, por lo que se consideró que los criptoactivos podrían constituir parte del dinero obtenido mediante la maniobra investigada.

La investigación comenzó en febrero de 2025 y busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de $Libra, así como la participación de las personas involucradas en los hechos. El expediente se centra en presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.