La Cámara Federal de Casación declaró inadmisibles los planteos del querellante Luis Tagliapietra y de la defensa del ex jefe de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide. De este modo, quedó firme que el debate oral se realice en Río Gallegos, bajo la competencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal cerró definitivamente la discusión sobre el lugar donde se juzgarán las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La Sala IV del máximo tribunal penal federal del país integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazó los recursos extraordinarios federales que buscaban llevar el caso ante la Corte Suprema y ratificó que el juicio oral se desarrollará en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por el querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, al considerar que el planteo no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable, como exige el artículo 14 de la Ley 48. En la misma resolución, tuvo por desistido el recurso interpuesto por la defensa de Claudio Villamide, uno de los altos oficiales procesados en la causa.
“Las resoluciones que deciden sobre cuestiones de competencia, cuando no median denegatorias del fuero federal, no son susceptibles de ser impugnadas por la vía del recurso extraordinario federal”, señalaron los magistrados, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El fallo deja firme la competencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que será el encargado de llevar adelante el debate oral en torno a las presuntas omisiones en la cadena de mando de la Armada que derivaron en la tragedia de noviembre de 2017.
Un camino de disputas
El expediente fue instruido por la jueza federal Marta Yáñez, en Caleta Olivia, con jurisdicción sobre la zona donde el submarino tuvo su último contacto. Con la elevación a juicio, la causa pasó al Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
Sin embargo, el querellante Tagliapietra y las defensas de los oficiales pidieron que el juicio se realizara en Mar del Plata, alegando que el submarino zarpó desde esa ciudad y que allí se encontraban la Base Naval y las autoridades que impartieron las órdenes de misión. También el fiscal de juicio, Julio Zárate, había apoyado el traslado de la causa a esa jurisdicción.
En oposición, la abogada Valeria Carreras, representante de varios familiares, y la Defensa Pública Oficial de dos acusados respaldaron que el debate siguiera en Santa Cruz, argumentando que allí se desarrolló toda la investigación y que el tribunal ya había avanzado en la preparación de la audiencia.
En septiembre, por mayoría, los jueces Borinsky y Hornos ratificaron la competencia de Río Gallegos y desestimaron los planteos de cambio de sede. En disidencia, el juez Javier Carbajo había sostenido que el juicio debía realizarse en Mar del Plata, por ser el lugar de zarpada y base natural del submarino.
“Dar una pronta respuesta”
En aquella decisión, el juez Hornos había subrayado que “la ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque”, pero aclaró que en este caso “la tragedia radica en que el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”. Frente a esa situación excepcional, concluyó, debía mantenerse la intervención del tribunal que previno en la causa.
“Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, escribió entonces el magistrado.
Ahora la Cámara de Casación cerró la vía para que la Corte Suprema revise la cuestión de competencia, y el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral en Río Gallegos. Sólo queda como recurso la queja directa ante el máximo tribunal del país.
A juicio llegan el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
