La entidad calificó como “incompatible con los principios republicanos” la decisión de un juez tucumano que ordenó cesar la difusión de contenidos críticos hacia fiscales y magistrados. Advirtió que la medida constituye una forma de censura previa y exhortó a promover sanciones institucionales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su “más enérgico rechazo” a la resolución dictada por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que prohíbe a los medios de comunicación y periodistas “cuestionar o criticar la actuación del Ministerio Público Fiscal o de sus funcionarios”.
En el comunicado, el Colegio sostuvo que una medida de ese tipo “resulta por completo incompatible con los principios esenciales de una República democrática” y que “ningún funcionario, y mucho menos un juez, puede erigirse en censor de las ideas ni impedir a los ciudadanos o a la prensa expresar opiniones —por duras o incómodas que sean— sobre la actuación de los poderes públicos”.
El texto advierte que “sin derecho de crítica, el sistema de gobierno no puede pretender ser republicano ni democrático”, y recuerda que la libertad de expresión, reconocida en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos, “no admite restricciones preventivas”.
“Resulta particularmente grave que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre toda una rama del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó la entidad.
El Colegio exhortó además a las autoridades competentes a iniciar los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan “frente a semejante apartamiento de los principios republicanos y constitucionales”.
“La vigencia de la libertad de expresión y de prensa constituye una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y para la preservación del Estado de Derecho”, concluyó el pronunciamiento firmado por el Directorio.
Otras expresiones de rechazo
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también expresó su preocupación por el fallo que, según señaló, impone un “bozal legal” a los periodistas y trabajadores del canal Compañía de Circuitos Cerrados (CCC).
La medida fue dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, quien prohibió durante seis meses la difusión de cualquier contenido que “injurie, desacredite, tergiverse o distorsione” la actuación de fiscales y magistrados locales, bajo apercibimiento de sanciones por desobediencia judicial.
FOPEA sostuvo que la resolución constituye un caso de censura previa, dado que restringe el ejercicio del periodismo “antes de comprobarse un daño real”, y recordó que la jurisprudencia nacional e internacional prohíbe la protección judicial preventiva del honor de los funcionarios públicos.
El conflicto se originó en una denuncia del ministro fiscal tucumano, Edmundo Jiménez, contra el director de CCC, Gustavo Olarte, por supuestos delitos de “entorpecimiento de la función pública, coacción institucional e incitación al descrédito”.
La resolución de Taboada, del 4 de noviembre pasado, extendió la prohibición no solo a Olarte, sino también a todos los periodistas, productores y conductores de la empresa, impidiéndoles difundir por televisión, radio, redes sociales o medios digitales contenidos que “desacrediten o distorsionen la actuación de fiscales o magistrados provinciales”.
