El nuevo esquema de audiencias para el juicio por la Causa Cuadernos reactivó un viejo debate: ¿celeridad procesal o presión mediática y política? Con abogados divididos, advertencias sobre independencia judicial y un expediente que se proyecta más allá de 2026, los tiempos vuelven a ser el núcleo de la disputa.
Las formas y el fondo. Los tiempos y la justica. El debate es remanido y los argumentos repetidos aburren. Sin embargo, cuando las causas ganan el centro de la agenda mediática y la dirigencia política está sentada en el banquillo de los acusados, el debate vuelve a estar sobre la mesa. En ese marco, el cronograma para llevar adelante el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos cayó de forma inevitable en una discusión que tiene más que ver con el análisis político que con el proceso judicial. Sin embargo, no todo es lo que parece.
El universo de los actores involucrados en la causa que investiga la supuesta estructura de corrupción, vinculado a la obra pública durante los gobiernos del kirchnerismo, se divide en dos. Por lo menos en cuanto a la discusión de los tiempos. Están aquellos que ven con buenos ojos la celeridad del trámite para obtener una resolución en tiempos razonables y lo que aseguran que hay una manifiesta intención de hacer coincidir el desenlace de la causa con el cronograma electoral y las Ejecutivas de 2027.
Las declaraciones en on se mezclan con las certezas en off. Cada uno atiende su juego. Los abogados que defienden exfuncionarios entienden como parte su estrategia la batalla mediática. Los letrados de los empresarios, en su mayoría apelan al off. El ministerio público actúa y, en el mejor de los casos, justifica sus medidas a cuenta gotas y por whatsapp a los periodistas que siguen muy de cerca las actuaciones.
En ese marco, Alejandro Rúa, le baja el precio a la reciente resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que dispuso un cronograma de dos audiencias por semana hasta que comience la feria judicial el 1 de enero.
“Ahora se definieron dos audiencias semanales hasta fin de diciembre. No hay mucho cambio porque ya estaba previsto para el año que viene que iban a ser dos por semana. Es un gesto simbólico más que real”, explica el abogado que tiene a su cargo la defensa de Roberto Baratta, ex secretario del Ministerio de Planificación Federal.
Rúa sostiene que “se trata de una concesión a las presiones mediáticas, que son legítimas”, y aclara: “pero esta modificación nos perjudica. No sólo a mí y a mi defendido, sino a todos los actores porque esto altera la estrategia”.
Lo cierto es que fue el Tribunal de Casación el que pidió acelerar los tiempos. Incluso había citado a los magistrados del TOF 7 para garantizar “mayor eficacia, eficiencia y celeridad”.
No son pocos los abogados de los imputados que vieron en el pedido de Casación la respuesta a una demanda construida desde los medios de comunicación que pronosticaron una duración de por lo menos cinco años para el juicio por el mayor escándalo de corrupción en la obra pública de la historia argentina.
En el TOF 7 el tirón de orejas no cayó bien. Y así lo hicieron saber los jueces en su decisión de fijar el nuevo cronograma y fijar dos audiencias por mes desde el 25 de noviembre. Los miembros del Tribunal, que lleva adelante el debate oral y público, aprovecharon la lectura de la resolución que fija las audiencias para cuestionar en duros términos las objeciones presentadas por Casación respecto a la logística y la duración del proceso.
Los magistrados también dejaron en claro que las indagatorias se harán bajo la modalidad mixta. Esto quiere decir que los miembros del Tribunal, el acusado que declara, la Fiscalía y la defensa se verán cara de manera presencial. El resto podría seguir la audiencia por Zoom.
Así las cosas, y pese a acceder a la modalidad de dos audiencias mixtas por semana desde noviembre y no desde marzo como estaba previsto, el juez Germán Castelli, miembro del TOF 7 advirtió: “Un cambio repentino de las reglas de juego sin apoyo en algún fundamento novedoso mayor que el reclamo de un sector de la opinión pública que no tiene las delicadas responsabilidades constitucionales conferidas a este órgano jurisdiccional, aparecería como caprichoso y en desmedro del principio de independencia en la magistratura y en perjuicio de la seguridad jurídica”.
Los fundamentos de la resolución, según pudo saber Quorum, son parte de la antesala de la reunión que la próxima semana tendrán los jueces del Tribunal con Casación y al que también podría asistir el Ministerio Público Fiscal.
La magnitud y la complejidad de la causa también serán puestas sobre la mesa. El expediente reúne hechos que, según la acusación, terminaron por conformar un sistema de recaudación de coimas vinculados a la obra pública durante tres periodos presidenciales, desde 2003 hasta 2015. En ese marco, la causa llega al juicio con 87 imputados y centenares de testigos. Entre los empresarios procesados figuran referentes de la construcción, energía y transporte; varios se acogieron a la ley del arrepentido.
El juego de los tiempos también tiene que ver con la edad de alguno de los imputados. Por caso, el empresario Mendocino Enrique Pescarmona, uno de los acusados de pagar sobornos y también uno de los arrepentidos, fue eximido del juicio en base a una “incapacidad sobreviniente”. El hombre fuerte de la industria metalúrgica tendría, según consta en un certificado médico, un trastorno neurológico degenerativo que afecta la memoria y el pensamiento. Pescarmona cumplirá dentro de poco 84 años.
Más allá de los cuestionamientos de fondo que son conocidos e incluyen desde las dudas sobre la autenticidad de los cuadernos hasta los señalamientos sobre tachaduras y enmiendas, la mirada política será también parte de la estrategia de defensa de los ex funcionarios, tanto puertas adentro de la sala de audiencias como en los medios de comunicación.
“La presión para que haya más de una audiencia tiene que ver con el calendario electoral. Necesitan una condena para la campaña electoral 2027. Esto no es nuevo. Sucede desde hace décadas”, sentenció Rúa.
Más allá de las miradas y los cuestionamientos, el juicio oral está en marcha. La discusión interna respecto de recursos y procedimientos tendrá un nuevo capítulo el próximo 18 de noviembre. En ese marco, Casación y los jueces del Tribual se verán las caras. Queda claro que, pese a lo que allí suceda, el 2026 tendrá al juicio por la Causa Cuaderno como parte de su agenda permanente.
