El titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra apoyó la decisión de la Corte Suprema de cerrar la alcaidía del Palacio de Justicia (Unidad 28) y advirtió que mantener detenidos en edificios judiciales “no resulta compatible” con el funcionamiento institucional.
Después de más de cuatro décadas de funcionamiento y de reiterados cuestionamientos por las condiciones de alojamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó con el desalojo definitivo del Centro de Detención Judicial del Palacio de Justicia (Unidad 28). La decisión fue respaldada por el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, quien además advirtió sobre la incompatibilidad de mantener personas detenidas en edificios judiciales.
“El adecuado funcionamiento del sistema penitenciario exige que los lugares de detención cuenten con condiciones materiales compatibles con estándares mínimos de habitabilidad, higiene y seguridad”, afirmó.
Gil Lavedra señaló que “la utilización prolongada de espacios judiciales con fines de alojamiento penitenciario transitorio no resulta compatible con una organización institucional respetuosa de las funciones propias de cada poder del Estado”.
La decisión de la Corte se formalizó el 16 de julio mediante la Resolución 1609/2025, que dejó sin efecto la cesión de uso del espacio al Servicio Penitenciario Federal para dar cumplimiento a la Acordada 8/2017. Así se cerró un proceso iniciado décadas atrás: la Unidad 28 había sido instalada en 1981 y, con el paso del tiempo, dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en un ámbito de hacinamiento, con detenidos alojados por semanas o meses, lo que motivó reiteradas denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
A lo largo de los años, el Máximo Tribunal dictó sucesivas acordadas -entre ellas, en 2012, 2013, 2016 y 2017- para limitar el pernocte, ordenar obras y exigir condiciones adecuadas, hasta comunicar su decisión de recuperar el espacio. La devolución se concretó esta semana tras una recorrida técnica conjunta entre autoridades de la Corte y del Servicio Penitenciario Federal.
Para Gil Lavedra, el cierre de la alcaidía es un paso necesario, pero insuficiente sin “políticas públicas que prioricen soluciones eficaces y humanas” y no se limiten a respuestas punitivas sin planificación ni recursos.
Además, señaló que es “imperiosa la necesidad de readecuar la capacidad del sistema carcelario nacional”, afectado desde hace años por la superpoblación y las malas condiciones de detención, y alertó que la ampliación del catálogo penal o el agravamiento de penas exige, en paralelo, políticas de alojamiento compatibles con los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
