El Colegio de Abogados y el Tribunal Superior de Justicia firmaron un convenio inédito en el país para desarrollar “LEGAL IA”, una herramienta de inteligencia artificial aplicada al análisis judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y el Colegio de Abogados de la provincia formalizaron un acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo y puesta en marcha de «Legal IA», una herramienta de Inteligencia Artificial diseñada para procesar las sentencias del Poder Judicial cordobés y transformarlo en una base de datos de consulta técnica para los letrados.
El funcionamiento del sistema se basa en la transferencia de jurisprudencia desde el TSJ hacia la plataforma. Según los términos del convenio, el Poder Judicial será el encargado de realizar el proceso de anonimización de los fallos, eliminando nombres y datos sensibles antes de su procesamiento para cumplir con las normativas de protección de datos personales.
La herramienta operará como un buscador de lenguaje natural y procesamiento de datos, permitiendo a los abogados identificar criterios judiciales y doctrinas aplicables con mayor precisión que los buscadores de texto convencionales.
En esta primera etapa de implementación, el uso de la inteligencia artificial estará limitado al fuero laboral. La elección de esta área responde a la necesidad de testear la eficacia de la herramienta en un sector con alta demanda y volumen documental. Según el cronograma previsto, una vez consolidado el funcionamiento del buscador en esta instancia, se procederá a la carga y procesamiento progresivo de la información correspondiente al resto de las áreas del Derecho.
La firma del convenio estuvo a cargo de Luis Angulo, presidente del TSJ, la vocal Aída Tarditti y Eduardo Bittar, titular del Colegio de Abogados. El acuerdo se produce en el contexto del centenario de ambas organizaciones y apunta a la modernización de los procesos de consulta de información pública.
Desde las instituciones destacaron que el objetivo es dotar de herramientas de mayor velocidad al ejercicio profesional, reduciendo los tiempos de investigación jurídica y permitiendo un acceso más estructurado a las decisiones de las distintas salas del máximo tribunal provincial.
