Junto a Amnistía Internacional, CEJIL y GQUAL, advirtieron que la propuesta del Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe “viola el principio de igualdad de género” y el derecho a la representación igualitaria.
La Red Mujeres para la Justicia, con el apoyo de Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la GQUAL, difundió un comunicado en el que rechaza la propuesta del Poder Ejecutivo de Santa Fe de postular “dos varones y una mujer” para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Según el documento, esa postulación -elevada a la Legislatura provincial- “daría lugar a una Corte de cinco varones y dos mujeres” y “viola el principio de igualdad de género y el derecho a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el Poder Judicial”.
El comunicado recuerda que “el 17 de diciembre, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dictó el decreto que dio inicio al procedimiento formal de designación para cubrir las tres vacantes que restan para integrar una Corte de siete miembros” y señala que “es la segunda vez que este Ejecutivo ejerce esta facultad del mismo modo, es decir, proponiendo el doble de varones que de mujeres”.
En ese sentido, agrega que en 2024, tras la ampliación del tribunal y la jubilación de dos ministros, “también postuló dos varones y una mujer que contaron con el acuerdo de la Legislatura y hoy integran el máximo tribunal local”.
Las organizaciones sostienen que la nueva postulación se produce “a tres meses de una reforma constitucional que incorporó la exigencia de ‘procurar la paridad de género’ en la integración de la Corte Suprema”, lo que califican como “un avance destacable que jerarquiza y refuerza un mandato normativo de base constitucional y convencional”, con antecedentes en el Decreto N° 18/2007 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En ese marco, advierten que “el máximo tribunal santafesino sólo contó con dos juezas mujeres en más de 130 años de historia” y afirman que la propuesta del Ejecutivo “no solo iría a contramarcha de los avances normativos recientes, sino que vulneraría la Constitución Nacional y la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, al enviar “un mensaje equivocado conforme el cual bastaría con que haya al menos una o algunas mujeres para cumplir con su representación igualitaria”.
El texto remarca que “el principio de paridad deja atrás el paradigma según el cual bastaba con el cumplimiento de ciertas cuotas o cupos” y que “implica el reparto de poder pleno e igualitario (50/50) entre mujeres y hombres”. Al respecto, cita que, conforme al Comité de la CEDAW, “es un principio jurídico y como tal debe ser una característica permanente y central de la buena gobernanza en todos los ámbitos y sistemas de toma de decisión”.
Finalmente, el comunicado señala que el máximo órgano de justicia de Santa Fe “debe estar integrado por personas de acreditada idoneidad jurídica” y por quienes “demuestren una actividad proactiva en contra de cualquier forma de discriminación contra la mujer”. En ese sentido, sostiene que “apostar por la paridad en los más altos órganos de justicia no sólo es una cuestión de equidad, sino un paso indispensable para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones”.
Las organizaciones concluyen que “Santa Fe tiene ante sí una oportunidad histórica para revertir la subrepresentación de las mujeres en el máximo tribunal local” y afirman que, con el proceso de participación ciudadana abierto y el acuerdo legislativo pendiente, “el Poder Ejecutivo se encuentra a tiempo de revisar su decisión y la Legislatura de llevar a la práctica el reciente acuerdo constituyente”.
