En plena preparación de la reforma procesal en Comodoro Py, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques advirtió que cuatro de las 12 fiscalías federales están vacantes. El desafío va más allá de la infraestructura.
La implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py sumó un nuevo avance en materia de infraestructura, pero también dejó expuesta una de las dificultades que todavía enfrenta la reforma: la falta de fiscales titulares para asumir las responsabilidades que impone el nuevo modelo de investigación penal.
El escenario fue el edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, ubicado en el predio de la ex ESMA, cuya tenencia fue entregada este miércoles por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, al procurador general interino, Eduardo Casal.
Lo que inicialmente se presentó como un acto institucional destinado a fortalecer al Ministerio Público Fiscal (MPF) terminó incluyendo un pedido del ministro para acelerar la cobertura de las vacantes existentes en las fiscalías federales porteñas.
“Hoy, de 12 fiscalías hay cuatro que están vacantes”, advirtió Mahiques, en referencia al fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
El funcionario expresó su expectativa de que se avance rápidamente en los procedimientos necesarios para cubrir esos cargos y dejó una definición que resume uno de los principales desafíos de la reforma: “Si no hay fiscales, no va a ser exitoso”.
El desafío de transformar Comodoro Py
La advertencia adquiere particular relevancia frente al cambio que supone la implementación del Código Procesal Penal Federal.
A diferencia del sistema tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen un papel central en la investigación, el modelo acusatorio coloca al Ministerio Público Fiscal al frente de las investigaciones penales, mientras que los magistrados pasan a desempeñar una función de control de garantías y resolución de controversias.
Esto implica una transformación profunda de la organización del trabajo judicial. Las fiscalías deben contar con equipos de investigación, estructuras de apoyo, herramientas tecnológicas y capacidad operativa suficiente para conducir las causas.
Pero también necesitan fiscales que ejerzan efectivamente esas funciones.
En ese contexto, la existencia de cuatro vacantes sobre un total de doce fiscalías federales de primera instancia representa un desafío institucional relevante, especialmente en una jurisdicción que concentra investigaciones de corrupción, delitos económicos, narcotráfico y otras causas de competencia federal.
El llamado de atención de Mahiques apuntó precisamente a esa cuestión. Aunque reconoció que la Procuración había puesto en marcha los concursos para cubrir los cargos, pidió mayor celeridad en su tramitación y en la eventual remisión de las propuestas al Poder Ejecutivo.
Un edificio para una nueva estructura judicial
El inmueble entregado a la Procuración se encuentra en el predio del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, sobre la avenida Del Libertador 8151, en el barrio porteño de Núñez.
Se trata del edificio N° 11, denominado Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, que cuenta con tres plantas y aproximadamente 3.700 metros cuadrados.
Allí funcionarán dependencias, áreas y unidades especializadas de la Procuración General destinadas a brindar apoyo a las nuevas unidades fiscales que reemplazarán a las actuales fiscalías federales y penales económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la ceremonia, Casal destacó que la incorporación permitirá fortalecer la independencia operativa y técnica del Ministerio Público Fiscal.
También anticipó que el edificio albergará dependencias estratégicas destinadas a prestar asistencia técnica y colaboración directa en investigaciones complejas.
La asignación del inmueble se concretó mediante un convenio firmado el 3 de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia, el Ente Público Espacio para la Memoria y la Procuración General de la Nación.
El acuerdo establece una tenencia por veinte años, prorrogable automáticamente por períodos iguales, y dispone que el inmueble deberá utilizarse exclusivamente para actividades propias del Ministerio Público Fiscal.
Más infraestructura, pero con desafíos pendientes
La entrega forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la capacidad operativa de las fiscalías.
En agosto pasado, el Ministerio de Justicia había cedido a la Procuración el edificio conocido como La Monedita, ubicado en el barrio de Retiro, en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py y de la avenida de los Inmigrantes.
Según los datos difundidos por el Gobierno, los tres proyectos de infraestructura impulsados para el Ministerio Público Fiscal suman más de 6.500 metros cuadrados de nuevos espacios de trabajo.
Con estas incorporaciones, las fiscalías federales y penales económicas porteñas pasarán de disponer de aproximadamente 3.600 metros cuadrados a contar con más de 10.000.
La inversión también comprende la instalación de 76 salas de audiencia, la provisión de 1.100 computadoras, herramientas tecnológicas para la investigación y la capacitación de más de 3.700 integrantes del sistema judicial.
En materia de designaciones, el Ministerio de Justicia informó que, desde la asunción de Mahiques, remitió al Senado 232 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores, y que se concretaron 169 nombramientos.
Sin embargo, esos avances no eliminan las dificultades vinculadas con la cobertura de cargos específicos en Comodoro Py.
Una reforma que necesita algo más que recursos materiales
La implementación del sistema acusatorio en los fueros federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires tiene como fecha programada el 15 de febrero de 2027, de acuerdo con el cronograma informado por el Ministerio de Justicia.
El cambio no supone únicamente una modificación de los procedimientos. También implica reorganizar las estructuras de investigación, redistribuir funciones y adaptar la dinámica de trabajo de fiscales, jueces, defensores y empleados judiciales.
En ese proceso, la Procuración deberá asumir un protagonismo considerablemente mayor.
La cobertura de las vacantes constituye, por lo tanto, una cuestión que excede la discusión administrativa sobre los concursos. También involucra la capacidad de las instituciones para garantizar que las nuevas unidades fiscales cuenten con la conducción y los recursos humanos necesarios.
El procedimiento de designación requiere distintas intervenciones institucionales: la Procuración sustancia los concursos y eleva las propuestas correspondientes, el Poder Ejecutivo interviene en la selección de candidatos y el Senado debe prestar acuerdo para los nombramientos.
Por eso, aunque el reclamo de Mahiques estuvo dirigido públicamente a Casal, la cobertura definitiva de los cargos no depende exclusivamente del Procurador.
La reforma necesita coordinación entre los distintos poderes y organismos involucrados, además de recursos presupuestarios, infraestructura y tecnología.
La ex ESMA y una nueva función institucional
La elección del lugar también tiene una dimensión simbólica.
El edificio se encuentra dentro del predio donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar y que actualmente constituye un espacio dedicado a la memoria y la promoción de los derechos humanos.
Durante su intervención, Casal destacó el significado de incorporar nuevas dependencias del Ministerio Público Fiscal a ese ámbito.
“Este edificio, que lleva el nombre del Presidente Raúl Alfonsín, nos brinda la oportunidad de continuar resignificando este espacio histórico, transformándolo en un símbolo de compromiso con la justicia”, sostuvo.
El procurador recordó, además, que a fines del año pasado se habían asignado al Ministerio Público Fiscal otros dos edificios del predio, destinados al trabajo del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la UFI-AMIA.
La incorporación de nuevas dependencias judiciales al espacio se presenta así como parte de un proceso de fortalecimiento institucional que convive con su función histórica de preservación de la memoria.
