No litigaba, pero cobraba. No era abogado, pero ofrecía soluciones legales. Durante años, Juan Andrés Zurvera construyó una identidad profesional falsa que le permitió captar clientes, amigos y familiares en Sunchales, incluso a su propia madre. La maniobra, sostenida con documentos y firmas judiciales apócrifas, terminó con su detención y una causa que expone un fraude millonario.
Durante años, Juan Andrés Zurvera actuó dentro del sistema judicial sin formar parte de él. No tenía título habilitante, pero cobraba honorarios. No litigaba, pero ofrecía soluciones legales hasta que fue descubierto y la noticia se convirtió rápidamente en el tema de conversación de todo Sunchales.
Según la investigación, Zurvera había ingresado a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral, pero solo aprobó 13 materias y nunca se recibió.
Aun así, se presentó como abogado en un estudio jurídico de la ciudad y consiguió trabajo. De esa manera comenzó a captar clientes con conflictos legales urgentes, a quienes les pedía dinero por trámites y procesos judiciales que, en muchos casos, nunca existieron.
En los primeros años nadie sospechó nada. En su perfil de Linkedin, Zurvera se presentaba como abogado recién recibido que estudió entre marzo de 2013 y octubre de 2023.
Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el imputado desplegó una maniobra sostenida durante más de tres años que incluyó la utilización de documentos judiciales falsos, oficios apócrifos y firmas digitales falsas de jueces y camaristas.
De acuerdo a las fuentes, el perjuicio económico supera los 54 millones de pesos. Solo entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con la investigación, Zurvera habría recibido transferencias por 18 millones de pesos en concepto de honorarios, cuotas alimentarias, gastos operativos y avances de causas que jamás prosperaban.
Entre las víctimas figuran amigos, conocidos y familiares. Una de ellas fue su propia madre, Liliana Gorgo, expresidenta del club Unión de Sunchales, quien creyó que su hijo ya se había recibido.
La causa avanzó tras una denuncia presentada en octubre y derivó en una serie de allanamientos realizados por personal de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina. Allí se secuestraron sellos apócrifos —algunos con matrícula falsa— ocultos dentro de un ladrillo hueco, además de documentación con firmas digitales falsas, teléfonos celulares, una computadora portátil y otros elementos de interés probatorio.
El fiscal Guillermo Loyola, a cargo de la investigación, le atribuyó al menos diez hechos delictivos. Zurvera ya enfrentó dos audiencias imputativas y, en la última, se quebró al escuchar la acusación. Expuso una historia de frustraciones personales y familiares, pero el planteo no modificó el curso del proceso. “No hay justificación posible para este accionar”, sostuvo el fiscal, quien inmediatamente pidió su detención.
