El ex magistrado federal volvió a negar los hechos por los que es juzgado y cuestionó la investigación, mientras el tribunal se prepara para dictar una sentencia que marcará un precedente.
Mientras el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza se prepara para emitir el veredicto que definirá si el ex juez federal Walter Bento es culpable o inocente en la causa por presunta corrupción judicial, el proceso atraviesa un momento de alta tensión institucional que trasciende las palabras finales del acusado.
Este juicio -que comenzó en julio de 2023 y se convirtió en uno de los procesos más complejos contra un magistrado en la historia reciente de la justicia federal argentina- no sólo discute los hechos particulares atribuidos a Bento, sino que reaviva un debate más profundo: ¿qué confianza puede tener la sociedad en sus tribunales cuando un juez es acusado de “vender” resoluciones?
Entre lo penal y lo institucional
El ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño, ratificó su inocencia ante las juezas del tribunal y pronunció su descargo final.
Bento rechazó la acusación central por el presunto cobro de coimas y planteó duros cuestionamientos a la forma en que el caso fue instalado públicamente. Sostuvo que no existen pruebas objetivas que respalden la imputación y afirmó que el expediente se construyó a partir de indicios débiles.
Además, criticó el impacto de la cobertura mediática del caso y el modo en que se difundieron las derivaciones de la investigación. Para Bento, esa exposición contribuyó a consolidar una versión de los hechos que -según planteó- no se corresponde con las pruebas incorporadas al juicio.
“(La fiscal Gloria) André dijo que esta causa quedaría en la historia como la de las coimas. Yo creo que no. No existe. No porque he sido capaz de ocultar. No existe. Hemos llegado acá con las capturas de pantalla de una SIM card”, se defendió.
Finalmente, dirigió un mensaje directo al Tribunal y expresó que el momento de la sentencia no debía leerse en términos de victoria o derrota, sino como una instancia de análisis sobre cómo se construyó la causa. “No se trata de ganar o perder”, afirmó, y pidió que el fallo se base en una evaluación profunda del camino recorrido por la investigación.
“El fiscal Vega prefirió ir por el camino del atajo”, siguió en su estrategia, cuestionando la labor de quien inició la investigación. Debido a esto, Diamante le llamó la atención por segunda ocasión. “Ya hemos escuchado todo lo que dice. Le pido que se centre en sus últimas palabras”, interrumpió.
El cruce volvió a exhibir la tensión del momento. “Usted esté tranquila”, le dijo Bento a la presidenta del Tribunal, en un tono desafiante. “Soy un persona tranquila”, le respondió Diamante.
“Si la intención del Tribunal es hacer Justicia, vean el expediente. Si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmelo a mí, no a mi familia. Las cicatrices que ha dejado este escándalo judicial son muy profundas. No he cometido ningún delito y no lo digo yo. Lo dice la causa. Es todo lo que tengo para decir”, concluyó el ex magistrado.
Pero más allá de la defensa apasionada, la causa expone un entramado de acusaciones que involucra a más de 24 personas -entre abogados, policías y hasta familiares del ex juez- y una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que, según la fiscalía, sitúa favores judiciales intercambiados por dinero, autos de lujo e inmuebles a partir de 2007.
La fiscalía sostiene que la red operaba ofreciendo beneficios procesales -libertad, sobreseimientos o atenuantes- a imputados en causas penales, a cambio de pagos y bienes. El monto de los supuestos sobornos, de acuerdo con las estimaciones oficiales, supera los 1,7 millones de dólares.
El fallo que se conocerá en los próximos días por parte del tribunal integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra no incluirá todavía el monto de las penas: en caso de condenas, la fiscalía quedará habilitada a solicitar los años de prisión en una audiencia posterior de cesura.
¿Qué mide realmente este juicio?
Más allá de la culpabilidad o inocencia de Bento, la causa plantea preguntas estructurales sobre el rol de los jueces federales y la percepción pública de la justicia. El hecho de que un magistrado pueda ser acusado de liderar una asociación ilícita desde su propio juzgado, si se confirma, no es un detalle menor sino un golpe directo a la legitimidad de los tribunales.
Si la sentencia termina condenando a Bento y al resto de los imputados, marcará un hito en el combate a la corrupción judicial. Si, por el contrario, se declarase su inocencia, la causa se transformaría en materia de análisis sobre cómo se construyen las pruebas en casos de alta complejidad y cómo se interpreta la legalidad en juicios políticos de gran impacto mediático.
Las defensas, encabezadas en el caso de Bento por el abogado Mariano Fragueiro, reclamaron la absolución total. El planteo se apoyó en tres ejes: la prescripción de 12 hechos, una acusación considerada “incompleta” por no incluir pedido de pena y la supuesta imposibilidad legal de que el tribunal dicte condena en esas condiciones.
Fragueiro sostuvo que doce hechos vinculados a abuso de autoridad y desobediencia judicial prescribieron en noviembre de 2023, al cumplirse dos años desde la destitución de Bento. También cuestionó que la fiscalía haya diferido el pedido de penas para una futura cesura, al entender que en este juicio rige el sistema procesal anterior, que exige la solicitud concreta de sanciones durante el alegato.
En cuanto a las acusaciones patrimoniales, la defensa afirmó que los ingresos del grupo familiar eran compatibles con su nivel de vida y cuestionó el análisis de la fiscalía sobre el origen de los fondos.
El reloj institucional y la confianza social
Uno de los temas que pocos comentaristas han destacado es el efecto que este proceso tiene en la confianza ciudadana en las instituciones, en un contexto donde la percepción de impunidad o de justicia selectiva es un factor permanente de descontento social.
La justicia penal no opera de manera aislada: sus decisiones impactan en el entramado social, en la seguridad jurídica y en la idea de que nadie está por encima de la ley. En ese sentido, la causa Bento no es sólo un juicio más; es una prueba de fuego para el sistema judicial argentino en un momento en que la sociedad exige mayor transparencia y credibilidad.
