El juez federal Sebastián Casanello procesó a 19 personas por un esquema de corrupción en la ANDIS, entre ellas a su ex director Ejecutivo Diego Spagnuolo, señalado como jefe de una organización criminal dedicada al desvío millonario de fondos públicos mediante compras direccionadas y sobreprecios.
La Justicia Federal avanzó de manera contundente sobre uno de los esquemas de corrupción más graves detectados en el área de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas -funcionarios públicos, empresarios farmacéuticos y colaboradores- por integrar una organización criminal destinada al desvío sistemático de fondos públicos en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución judicial sostiene que no se trató de irregularidades aisladas ni de meras faltas administrativas, sino de un sistema paralelo de administración del Estado, orientado a direccionar compras, inflar precios y repartir retornos ilegales, con un perjuicio millonario para las arcas públicas.
Un esquema diseñado para simular legalidad
Según el fallo dictado por Casanello al que accedió Quorum el corazón de la maniobra estuvo en la manipulación del sistema informático de compras (SIIPFIS). Bajo la conducción de la cúpula de la ANDIS, se instauró un esquema dual: procesos abiertos para aparentar transparencia y “Compulsas Especiales” cerradas, dirigidas discrecionalmente a un grupo reducido de empresas farmacéuticas.
El juez es categórico al señalar que la legalidad era solo formal. “La neutralidad y racionalidad del sistema fue simulada a través del software; la trampa estaba en la carga de la información”, sostuvo el magistrado. Audios y mensajes incorporados al expediente muestran cómo las adjudicaciones se decidían de antemano y se demoraban artificialmente para simular análisis de mercado inexistentes.
El “doble mostrador”: privados gestionando el Estado
Uno de los aspectos más graves del expediente es la injerencia directa de actores privados dentro del organismo estatal. La investigación acreditó que empresarios accedían a información reservada y, en algunos casos, operaban directamente dentro del sistema de la ANDIS.
El caso paradigmático es el de una empleada de un laboratorio internacional, quien recibió usuario y contraseña oficiales para ingresar al sistema estatal, auditar expedientes y “ordenar” la bandeja de tickets internos. Los intercambios de WhatsApp revelan hasta qué punto se había naturalizado que el control del organismo fuera compartido entre funcionarios y empresas.
Sobreprecios y retornos: casi seis mil millones de pesos
El análisis realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas detectó sobreprecios por $5.984.594.394,24 en una muestra de medicamentos e insumos. Empresas como Profarma y Génesis concentraron la mayor parte de las adjudicaciones en las compulsas en las que participaron.
Las conversaciones interceptadas muestran cómo se acordaba inflar los precios —en algunos casos hasta un 90%— para luego distribuir los retornos. Estos pagos quedaron documentados en cuadernos secuestrados durante allanamientos, donde se registraban montos, fechas y destinatarios.
Dinero en mano, viajes y beneficios personales
La investigación reconstruyó la ruta del dinero ilícito, que incluyó cuevas financieras, compra de inmuebles, vehículos de alta gama, remodelaciones en domicilios particulares y grandes sumas de dinero en efectivo -dólares y euros- halladas en cajas de seguridad y viviendas de los imputados.
Las escuchas también revelan la logística de los sobornos: entregas “en mano” por tratarse de funcionarios públicos, financiamiento de viajes oficiales y pago de muebles y obras para viviendas privadas, solventadas por empresas vinculadas al entramado investigado.
Quiénes fueron procesados
El juez Casanello procesó a 19 personas, sin prisión preventiva, pero con embargos multimillonarios y prohibición de salida del país.
La Cúpula de la Organización (Jefes y Organizadores)
Estos cuatro imputados fueron procesados como autores de los delitos de negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta agravada, cohecho (activo o pasivo según el caso) y asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores.
• Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS): Procesado como jefe de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo y administración fraudulenta. Embargo de $202.828.725.464.
• Daniel María Garbellini (Ex Director Nacional): Procesado como jefe de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo. Embargo de $202.247.451.393.
• Miguel Ángel Calvete (Empresario – “Organizador”): Procesado como organizador de la asociación ilícita y cohecho activo. Fue señalado como quien articulaba las entregas de dinero a los funcionarios. Embargo de $203.072.992.394.
• Pablo Atchabahian (Empresario/Ex funcionario – “Organizador”): Procesado bajo cargos similares a Calvete por su rol de liderazgo en la sombra. Embargo de $202.247.451.393.
Funcionarios públicos de la ANDIS (ejecutores)
Procesados como miembros de la asociación ilícita, autores de cohecho pasivo, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.
• Diego Martín D’Giano (Director de Prestaciones Médicas): Embargo de $171.922.464.409.
• Roger Edgar Grant (Funcionario del área de compras): Embargo de $171.922.464.409.
• Eduardo Nelio González: Embargo de $171.962.907.283.
• Lorena Vanesa Di Giorno: Embargo de $172.087.568.067.
Empresarios y actores privados (partícipes necesarios)
Procesados por ser parte de la asociación ilícita, cohecho activo y fraude al Estado, facilitando las estructuras empresariales para el desvío de fondos.
• Andrés Horacio Arnaudo (Droguería Génesis): Embargo de $65.722.701.863.
• Federico Maximiliano Santich (Droguería Profarma): Embargo de $94.288.025.418.
• Silvana Vanina Escudero (Droguerías New Farma/Floresta): Embargo de $11.914.737.122.
• Alejandro Gastón Fuentes Acosta (Droguerías New Farma/Floresta): Embargo de $11.914.737.122.
• Patricio Gustavo Rama (Droguería New Farma y empleado del Ministerio de Desarrollo Social): También procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Embargo de $11.579.309.515.
• Luciana Ferrari (Laboratorio Roche – “Auditora externa”): Procesada por negociaciones incompatibles, fraude y asociación ilícita. Embargo de $171.922.464.409.
El entorno y prestanombres (colaboradores)
Procesados como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios en las maniobras de lavado, facturación apócrifa o traslado de dinero.
• Guadalupe Ariana Muñoz (Pareja de Calvete): Embargo de $94.773.204.489.
• Patricia Canavesio (Secretaria de Calvete): Embargo de $94.773.204.489.
• Ornella Calvete (Hija de Calvete y funcionaria del Ministerio de Economía): También procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Embargo de $94.288.025.418.
• Ruth Noemí Lozano (Prestanombre en Profarma/Indecomm): Embargo de $94.288.025.418.
• Julio César Viera (Alias “Play” – Chofer/Correo): Procesado como miembro de la asociación ilícita y partícipes necesarios en cohecho activo. Embargo de $390.584.071.
Poder político como horizonte
El fallo incorpora, además, un elemento de alta sensibilidad política. La resolución judicial menciona explícitamente a la secretaria General del Gobierno Karina Milei en el contexto de los chats recuperados de los teléfonos de los acusados, donde se la identifica como una figura clave de poder a la que la organización criminal buscaba acceder.
Los puntos específicos donde aparece son:
• Como objetivo de influencia: En una conversación de WhatsApp del 24 de enero de 2024, Mariano Caballi (vinculado al grupo de empresarios y funcionarios) escribió al resto del grupo celebrando la llegada de Diego Spagnuolo a la agencia. En ese intercambio, Caballi envió dos mensajes clave:
1. “Hay que llegar a Karina Milei”.
2. “Ella es quien define todo”. Esto se dio en el contexto en que el grupo discutía que Spagnuolo, a quien se referían como «el abogado de Milei», manejaría la agencia, lo que ellos veían como una oportunidad para sus negocios.
• En las denuncias periodísticas: El fallo menciona que la causa se inició a raíz de una denuncia que citaba artículos periodísticos. Uno de los titulares citados textualmente en la resolución es: “Karina y los Menem aparecen involucrados en un caso de coimas por la compra de medicamentos”.
En resumen, los acusados la mencionan como la persona que toma las decisiones finales (“define todo”) y establecen como objetivo estratégico de la organización criminal lograr acceso a ella para consolidar su poder dentro de la ANDIS.
Una causa en expansión: esto es sólo el comienzo
Según fuentes judiciales consultadas por Quorum, los procesamientos dictados constituyen únicamente la primera etapa de la investigación. El expediente continuará avanzando sobre los llamados “márgenes difusos” del entramado: zonas donde confluyen operadores informales, vínculos políticos y responsabilidades empresariales aún no plenamente delimitadas.
En ese marco, el juez ordenó una nueva batería de declaraciones indagatorias, que alcanzará a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
Además, la investigación dará un salto cualitativo al avanzar sobre las estructuras societarias utilizadas como vehículos del fraude. Casanello citó a indagatoria a las personas jurídicas de Droguería Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., con el objetivo de analizar la responsabilidad penal empresaria y desarticular no solo las conductas individuales, sino también los andamiajes económicos que sostuvieron la maniobra.
La causa, coinciden las fuentes, está lejos de cerrarse. Lo que ya quedó expuesto es un esquema de corrupción estructural que convirtió una política pública esencial -destinada a personas con discapacidad- en un negocio multimillonario, y que amenaza con seguir revelando conexiones, responsabilidades y niveles de captura del Estado aún más profundos.
