Tras su detención y traslado a territorio norteamericano, el juez federal Sebastián Ramos activó el exhorto internacional para que el ex mandatario venezolano Nicolpas Maduro sea juzgado en Comodoro Py por crímenes de lesa humanidad.
La Justicia Federal argentina dio un paso decisivo en la causa que investiga al régimen venezolano al formalizar el pedido de extradición de Nicolás Maduro ante los Estados Unidos. La medida apunta a que el ex Presidente de Venezuela comparezca ante los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el expediente por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La resolución fue firmada este miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, luego de confirmarse que Maduro fue detenido y trasladado a suelo estadounidense. El exhorto se apoya en el Tratado de Extradición entre la Argentina y los Estados Unidos, vigente desde 1997.
El impulso fiscal y el rol de las querellas
El mecanismo de extradición había sido solicitado con carácter urgente a comienzos de enero por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien acompañó el planteo de las querellas -el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo-. En su dictamen, el fiscal subrayó que, ante la detención del imputado en el exterior, resultaba imprescindible asegurar su sujeción al proceso argentino.
Stornelli recordó además que sobre Maduro ya pesaba un llamado a indagatoria con orden de detención vigente, dictado en cumplimiento de lo resuelto por la Cámara Federal porteña en noviembre de 2024.
Un escenario internacional inédito
El pedido argentino se inscribe en un contexto excepcional. La captura de Maduro fue informada públicamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En ese país, el ex mandatario enfrenta cargos penales desde 2020 -conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra- que prevén penas de hasta cadena perpetua.
La causa que tramita en la Argentina, sin embargo, tiene una naturaleza distinta. Se funda en el principio de jurisdicción universal y se concentra en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, sin atender al lugar de comisión de los hechos ni a la nacionalidad de las víctimas o del imputado.
Jurisdicción universal y prueba internacional
Bajo ese principio -aplicable exclusivamente a delitos de máxima gravedad-, los tribunales argentinos asumieron competencia para investigar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014. El expediente (CFP N.° 2001/2023) incorpora como prueba central los informes de la Organización de las Naciones Unidas, en particular los elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, además de testimonios directos de víctimas que declararon ante la justicia local.
Este andamiaje probatorio habilita, a su vez, la emisión de órdenes internacionales y la extradición activa del imputado desde terceros países.
El carril diplomático
Con la orden judicial ya librada, el trámite continuará por la vía diplomática. El juez dispuso que el exhorto se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina, cumpliendo los requisitos formales del tratado bilateral.
El movimiento judicial transforma una causa hasta ahora declarativa en una posibilidad concreta de juzgamiento. A partir de ahora, serán la cooperación internacional y las definiciones diplomáticas las que determinen si Nicolás Maduro deberá responder ante la Justicia argentina por las acusaciones de lesa humanidad que pesan en su contra.
