La sentencia contra el ex juez federal clausura una carrera construida al calor del poder y deja al descubierto un entramado sistemático de corrupción judicial que transformó resoluciones en favores pagos, involucró a su círculo familiar y provocó uno de los mayores sismos institucionales en la historia de la justicia federal mendocina.
En la tarde mendocina, la densidad no la marcó el calor del verano sino el silencio espeso que se apoderó de los pasillos judiciales. Pasadas las 16, el Tribunal Oral Federal N° 2 puso punto final a uno de los procesos más trascendentes de la historia judicial provincial. Walter Ricardo Bento, durante 17 años titular del Juzgado Federal N° 1 y figura central del poder judicial local, escuchó la sentencia que selló definitivamente su caída.
El veredicto de culpabilidad dictado días atrás fue ratificado este viernes por la noche con una condena de 18 años de prisión, al quedar acreditado para las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra que Bento actuó como jefe de una asociación ilícita dedicada a convertir resoluciones judiciales en mercancía. Para el tribunal, su despacho dejó de ser un ámbito de impartición de justicia para transformarse en un engranaje clave de un sistema de favores pagos.
La pena coincidió con el pedido del Ministerio Público Fiscal -la máxima esperada- frente a los cinco años solicitados por la defensa. Además, se impuso una multa de 540 millones de pesos, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de prácticamente todos sus bienes. La decisión sobre la prisión domiciliaria fue diferida, por lo que Bento continuará detenido.
Condenas en cadena: el alcance de la red
Casi toda la familia Bento fue condenada. Marta Boiza, esposa del ex juez, recibió seis años de prisión efectiva, una de las novedades del fallo. Nahuel Bento fue condenado a cinco años y quedará detenido una vez firme la sentencia.
En el resto del entramado: Luciano Ortego (ocho años), Jaime Alba (siete), Martín Ríos (cinco), Matías Aramayo (cuatro), Walter Bardinella Donoso (cuatro), Francisco Álvarez (tres), el policía José Moscchetti (tres años y seis meses), Daniel Martínez Pinto (dos años y seis meses por cohecho) y Alfredo Aliaga (dos años en suspenso).
En la lectura de los fundamentos, una expresión resonó con fuerza: “codicia excesiva”. Así describieron las magistradas cómo un juez de la Nación sacrificó su carrera, su investidura y a su familia por un patrimonio estimado en 1,7 millones de dólares, construido sobre la impunidad de narcotraficantes y contrabandistas.
La “mercancía” del juzgado: cómo operaba el sistema
La investigación reconstruyó con precisión el funcionamiento interno de las causas atravesadas por sobornos. De 14 expedientes analizados, el tribunal dio por probados ocho hechos centrales de cohecho pasivo agravado. En todos ellos, Bento utilizó su potestad jurisdiccional para beneficiar a imputados previamente contactados por intermediarios de la red.
Se acreditaron faltas de mérito en causas de contrabando, excarcelaciones en expedientes de narcotráfico, prisiones domiciliarias sin sustento legal en investigaciones por lavado y sobreseimientos dictados sin producir prueba clave. Las contraprestaciones incluyeron pagos en dólares, vehículos de alta gama, fracciones de inmuebles de lujo y promesas de activos.
La sistematicidad fue determinante para descartar la tesis del “error judicial”: no hubo decisiones aisladas ni equivocaciones técnicas, sino una línea de conducta activada cuando mediaba un pago previo.
Impacto institucional y señales de reforma
El caso produjo un terremoto en la justicia federal y reabrió el debate sobre la concentración de poder en juzgados unipersonales. Desde distintos sectores se reclamó que el proceso funcione como catalizador de reformas estructurales capaces de impedir la consolidación de “feudos judiciales” en las provincias.
En ese marco, se destacó el rol del fiscal Dante Vega, quien sostuvo la acusación pese a presiones, y la articulación con la PROCELAC, clave para reconstruir la ruta del dinero y demostrar que el enriquecimiento ilícito era una realidad contable.
El origen del colapso: de un crimen pasional a la caja de Pandora digital
La arquitectura delictiva comenzó a desmoronarse el 28 de julio de 2020, en plena pandemia, tras la desaparición de Diego Aliaga, ex despachante de aduanas que terminó siendo el eslabón entre el despacho del juez y quienes buscaban impunidad. El hallazgo de su cuerpo en Guaymallén activó peritajes telefónicos que revelaron comunicaciones fluidas con Bento.
Los mensajes exhibieron una coordinación operativa: Aliaga abordaba imputados o familiares, ofrecía “llegada” al juez y exigía dinero -generalmente en dólares- a cambio de resoluciones favorables. Una vez acordado el pago, las decisiones del Juzgado Federal N° 1 cambiaban de rumbo, sin sustento jurídico, habilitando libertades, domiciliarias o cambios de carátula.
El clan familiar: lavado, ostentación y encubrimiento
La sentencia acreditó que la familia nuclear funcionó como estructura de soporte para ocultar el origen espurio de los fondos. La Procelac estimó que el negocio movilizó al menos 1,7 millones de dólares, traducidos en una vida de lujos incompatibles con los salarios judiciales.
Marta Boiza fue considerada “vehículo patrimonial primario”: participó en compras de inmuebles y vehículos, declaró falsamente no ser persona políticamente expuesta y realizó viajes internacionales frecuentes (Las Vegas, Miami). Respecto de los hijos, Nahuel Bento fue hallado culpable de lavado agravado, ponderándose su rol como secretario en la Cámara Federal de Mendoza. Luciano Bento resultó absuelto por retiro de la acusación fiscal en la etapa final. Un tercer hijo, Facundo, con discapacidad grave, fue mencionado como figura instrumentalizada para justificar titularidades y pedidos de domiciliaria, conducta calificada como éticamente reprobable.
Juicio político, destitución y detención
Antes del proceso penal, Bento atravesó un juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En mayo de 2023 fue suspendido por mal desempeño y maniobras para entorpecer la investigación. El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso su destitución definitiva, habilitando la pérdida de fueros y su detención inmediata en Mendoza. Desde entonces permanece alojado en Cacheuta.
Bento, al brindar sus últimas palabras, resaltó su inocencia. “Como confío en la Justicia, solo tengo para decir que voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos”, sostuvo.
Un debate inédito
El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de dos años y medio, con 300 testigos, cientos de miles de fojas y terabytes de evidencia digital. La fiscalía -encabezada por Vega y María Gloria André– presentó 14 casos de cohecho; varios imputados confesaron pagos millonarios. La defensa alegó una “cacería dirigida”, tesis que el tribunal descartó.
El 3 de febrero de 2026, el TOF 2 declaró a Bento culpable de asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (ocho hechos), enriquecimiento ilícito, lavado agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. En la cesura, la fiscalía insistió en la “codicia excesiva” y en una pena cercana al máximo legal; la defensa pidió atenuantes familiares y domiciliaria, rechazados por el MPF.
Un mensaje hacia adelante
Aunque la defensa ya anunció apelaciones ante la Cámara de Casación y, de ser necesario, la Corte Suprema cuestionando no sólo el juicio sino también la aplicación del Código Procesal Penal Federal a la hora de fijar el monto de la pena, el veredicto y la sentencia quedarán como un hito en la lucha contra la corrupción judicial. La condena a Walter Bento marca el final de su carrera pública, pero también deja una advertencia clara hacia el futuro: ningún cargo, por poderoso que sea, está por encima de la ley.
