La investigación por el denominado caso del “Fentanilo Contaminado”, que ya registra más de cien fallecidos en hospitales del conurbano bonaerense, sumó un nuevo capítulo judicial: la Cámara Federal de Casación Penal sorteó a su Sala IV para intervenir en uno de los planteos clave del expediente.
El 10 de febrero de 2026 quedó definida la integración que revisará el pedido de excarcelación de uno de los principales acusados. La Sala IV está compuesta por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Borinsky.
La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, donde se investiga la muerte de más de 100 pacientes tras el suministro del producto “Fentanilo HLB”, presuntamente contaminado con bacterias, en distintos centros de salud públicos y privados del Gran Buenos Aires.
El planteo que llega a Casación
La Sala IV deberá resolver sobre la excarcelación solicitada por la defensa de José Antonio Maiorano, ex director técnico del laboratorio HLB Pharma. El imputado se encuentra procesado con prisión preventiva como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que habría resultado en la muerte de más de cien personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias de un modo peligroso para la salud (arts. 45, 55, 200 y 201 bis del Código Penal, y 306 y 312 del CPPN).
El procesamiento dictado en primera instancia consideró que existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en la cadena de producción y control del medicamento, cuya contaminación -según la hipótesis fiscal- no habría sido un hecho aislado sino el resultado de graves irregularidades en los estándares de calidad.
Una causa con múltiples imputados
Además de Maiorano, el expediente involucra a otros directivos y responsables técnicos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
La investigación apunta a determinar si existió una estructura empresarial que permitió la elaboración y distribución de partidas contaminadas, en un contexto en el que el fentanilo -un potente analgésico opioide utilizado en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos- exige estrictos controles sanitarios por su alta peligrosidad.
Contexto: impacto sanitario y presión institucional
El caso generó un fuerte impacto público por la magnitud de las muertes y por las fallas en los mecanismos de control. El fentanilo es un medicamento crítico en unidades de cuidados intensivos, y su adulteración no sólo pone en riesgo inmediato la vida de los pacientes, sino que compromete la confianza en el sistema sanitario y en los organismos de fiscalización.
En este escenario, la decisión de la Casación sobre la excarcelación de Maiorano será observada con especial atención. La Sala IV deberá analizar si se mantienen los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva -peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación- o si corresponde morigerar la medida mientras avanza la instrucción.
Con más de cien víctimas fatales bajo análisis judicial, la causa del fentanilo contaminado se perfila como uno de los procesos penales sanitarios más graves de los últimos años, y su derrotero en los tribunales federales podría sentar precedentes sobre la responsabilidad penal en la producción y control de medicamentos en la Argentina.
