El presidente de la Asociación de Magistrados (AMFJN) Andrés Basso expuso ante el plenario de comisiones y calificó el artículo 91 del proyecto como un intento de “cierre” de la Justicia Nacional del Trabajo. Alertó sobre la violación de la inamovilidad de los jueces y pidió eliminar el articulado que transfiere las competencias a la Ciudad.
En el marco del tenso debate por la Ley de Modernización Laboral que impulsa el oficialismo, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Andrés Basso, se presentó ante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto de la Cámara de Diputados donde se firmó el dictamen que llega este jueves al recinto. Allí, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias constitucionales del artículo 91 del proyecto, asegurando que la medida implica “lisamente y llanamente el cierre o disolución” de un fuero completo del Poder Judicial.
Basso asistió al Congreso acompañado por una comitiva de la AMFJN, incluyendo a la vicepresidenta María Elena López y al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Leonardo Ambesi. Su intervención se produjo en un contexto de negociaciones frenéticas, donde el bloque de La Libertad Avanza buscaba asegurar un quórum ajustado para la sesión especial, tras haber tenido que ceder en otros puntos de la reforma, como la eliminación del artículo sobre licencias médicas.
“Un precedente peligroso”
Durante su alocución, Basso desestimó que el proyecto se trate de un mero traspaso de jurisdicción, como se ha discutido históricamente. Señaló que el actual diseño normativo plantea una “transferencia de competencias” que, en la práctica, vaciaría de contenido a la Justicia Nacional del Trabajo.
“Quiero ser muy contundente, porque considero que proyectar el cierre de un fuero judicial resulta un caso de inusitada gravedad institucional”, enfatizó el magistrado ante los legisladores. Basso argumentó que el sistema republicano se basa en el equilibrio de poderes y advirtió sobre el riesgo de que “un gobierno de turno, cualquiera sea, pueda eliminar o cerrar un fuero judicial a su absoluto arbitrio”.
El núcleo de la crítica de la AMFJN radica en que el convenio anexo al artículo 91 provocaría que el Fuero Laboral pierda jurisdicción paulatinamente al prohibirse el ingreso de nuevas causas. “Vaciar de jurisdicción a un juez equivale a removerlo”, sentenció Basso, alertando que esta maniobra viola la garantía constitucional de inamovilidad de los magistrados consagrada en el artículo 110 de la Constitución Nacional, así como la estabilidad de funcionarios y empleados.
La propuesta de los magistrados
A pesar de la firme oposición al texto actual, Basso aclaró que la Asociación no mantiene una postura corporativa y se mostró abierta al diálogo. Recordó que la AMFJN ya participa en una comisión técnica dentro del Ministerio de Justicia para analizar qué competencias podrían ser transferidas.
Sin embargo, diferenció claramente entre los asuntos de “naturaleza eminentemente local” (vecinales) y aquellos de trascendencia federal. Explicó que, dado que la Capital es la sede de registro de grandes empresas y asociaciones, las decisiones del fuero laboral nacional se proyectan a todo el país, por lo que no pueden equipararse a una justicia provincial.
“Solicitamos que se elimine el artículo 91 y sus artículos adicionados”, concluyó Basso, instando a continuar el trabajo técnico para deslindar competencias sin desmantelar la Justicia Nacional.
Tensión política y judicial
La exposición de Basso se suma a una serie de acciones que la AMFJN viene desplegando, incluyendo reuniones previas con la senadora Patricia Bullrich y la evaluación de posibles acciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales si la norma es aprobada.
Mientras tanto, el oficialismo espera aprobar en el recinto el dictamen que, a raíz de los cambios realizados, deberá volver al Senado para su sanción definitiva. La posible aprobación del traspaso de competencias mantiene en alerta no sólo a los magistrados, sino también a los gremios judiciales, que denuncian un “avasallamiento a la garantía de la independencia judicial”.
Por su parte, la Lista Celeste ha estructurado una serie de medidas de acción política, judicial y comunicacional para enfrentar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo.
Sus propuestas principales se dividen en los siguientes ejes:
1. Acciones Políticas e Institucionales Buscan frenar el tratamiento del traspaso dentro de la «Ley de Modernización Laboral» y exigir mayor actividad a las autoridades:
• Separar el debate: Plantear al Congreso, a través de la AMFJN, que el traspaso o transferencia se trate en un proyecto de ley independiente a la reforma laboral.
• Reuniones de alto nivel: Solicitar audiencias con las autoridades de la Cámara de Diputados, del Ministerio de Justicia y, específicamente, con el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
• Intervención del Consejo de la Magistratura: Llevar todas las inquietudes de magistrados y empleados ante el Consejo y requerir una reunión urgente y extraordinaria de consejeros para tratar el tema.
• Control a la conducción: Exigir al presidente de la AMFJN (Andrés Basso) un informe pormenorizado de todas las gestiones realizadas y futuras.
2. Estrategia Judicial Proponen evaluar la presentación de acciones judiciales atacando vicios en el procedimiento legislativo y cuestiones de fondo:
• Nulidades legislativas: Alegar «grave incumplimiento reglamentario» por:
◦ Incluir normas impositivas en sesiones extraordinarias.
◦ Modificar el dictamen sin respetar los plazos reglamentarios para su tratamiento en el recinto.
◦ Falta de dictamen de las comisiones de Justicia y Legislación Penal.
◦ Falta de la mayoría especial (dos tercios) requerida para este tipo de normas.
• Inconstitucionalidad del rol del TSJ: Denunciar que el proyecto ubica al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como «Alzada de toda la justicia Nacional», excediendo incluso la competencia laboral que se pretende transferir.
• Organismos Internacionales: Evaluar recurrir a instancias internacionales para denunciar el avasallamiento a la independencia judicial.
3. Movilización y Comunicación
• Articulación gremial: Invitar a magistrados y funcionarios a acompañar las convocatorias de repudio que realicen los gremios y asociaciones del sector.
• Visibilización: Difundir en medios de prensa que la reforma implica la «disolución del fuero nacional del trabajo».
Estas propuestas buscan complementar o endurecer la postura institucional, advirtiendo también sobre la inconveniencia de transferir competencias nacionales que podrían perderse definitivamente si la sede del Estado nacional cambiara en el futuro.
