El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal envió una carta a la Cámara de Diputados advirtiendo sobre las “graves implicancias” del proyecto. Entre otros puntos, cuestionó cambios que afectarían el ejercicio profesional y el cobro de créditos laborales. También hará lo propio con los abogados que integran el Congreso.
En pleno debate por la reforma laboral, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, envió una carta a la Cámara de Diputados manifestando su preocupación por algunos cambios que impactan de manera directa en el ejercicio de la abogacía laboral.
A través de una nota dirigida al presidente de la Cámara baja Martín Menem, al jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y a los titulares de los demás bloques que componen el Cuerpo expresó la posición de la entidad frente al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Gil Lavedra señaló que cualquier modificación legal debe respetar los estándares constitucionales y los compromisos asumidos por el país.
En ese sentido, sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe ajustarse a los límites del bloque de constitucionalidad federal y a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores que fortalecen el rol compensador del Derecho del Trabajo -en razón de la natural asimetría existente entre las partes integrantes de una relación laboral dependiente- y la intangibilidad de los principios protectorio y de progresividad”.
Uno de los puntos centrales de la nota tiene que ver con los cambios propuestos en la Ley de Contrato de Trabajo. Gil Lavedra expresó “la profunda inquietud respecto de las modificaciones que el proyecto bajo análisis propone a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía”.
En particular, objetó la figura de la “pluspetición inexcusable” prevista en el proyecto y sus consecuencias para los abogados laboralistas. Sobre ese aspecto, indicó que “preocupa que el segundo párrafo del texto propuesto para el artículo 20 antes citado disponga la configuración de manera objetiva de la ‘pluspetición inexcusable’ -habilitante de la responsabilidad solidaria del letrado para el pago de costas- con relación a la sobreestimación de créditos reclamados”. Y agregó que “la ambigüedad de cuando estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el profesional actuante, quien ejerce la defensa técnica en procura del reconocimiento de derechos”.
El presidente del Colegio también advirtió sobre un trato desigual respecto de otras ramas del derecho y afirmó que “introducir esta norma sólo respecto de los laboralistas supone una discriminación no aceptable en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho”.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la posibilidad de pagar en cuotas las sentencias laborales, lo que, según la entidad, afectaría derechos de trabajadores y abogados. En la carta se señala que el proyecto establece “la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados, todos ellos de naturaleza alimentaria”. Y añade que, de ese modo, “se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”.
También cuestionó el impacto de las modificaciones sobre los honorarios profesionales. Gil Lavedra sostuvo que la iniciativa “se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.
En el tramo final, el titular del Colegio solicitó a los legisladores que evalúen las consecuencias del proyecto. En ese sentido, pidió “que, en su análisis, consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social”.
Asimismo, fuentes judiciales anticiparon a Quorum que Gil Lavedra enviará además una carta dirigida específicamente a los abogados que integran el Congreso, con el objetivo de interpelarlos en su doble condición de legisladores y profesionales del Derecho frente al debate en curso.
