El proyecto ya tiene media sanción en Diputados. Según un estudio realizado por la consultora Pulso Research, siete de cada diez personas apoyan reducir la edad penal, en línea con otros estudios coincidentes.
Un relevamiento reciente muestra que la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años cuenta con un fuerte respaldo social. Según una encuesta realizada por la consultora Pulso Research realizada en febrero de 2026, el 72% de los consultados se manifestó a favor de reducirla a los 13 años, mientras que el 20,7% expresó su rechazo y un 7,2% no tomó posición.
Casi la mitad de los encuestados, el 48,6%, afirmó estar “muy de acuerdo” con la medida, mientras que otro 23,5% dijo estar “de acuerdo”. En contraste, el rechazo aparece más fragmentado: el 12,6% se manifestó “en desacuerdo” y el 8,1% “muy en desacuerdo”.
El estudio también revela una evolución en el tiempo. En julio de 2024 el nivel de acuerdo era del 66,2%, bajó al 62,3% en agosto de ese año y luego creció hasta el 72,1% en febrero de 2026, lo que marca el punto más alto de la serie. En paralelo, el desacuerdo bajó del 30,7% al 20,7% en el mismo período.
La encuesta, además, se inscribe en la misma línea que otros trabajos difundidos en los últimos años, todos con resultados coincidentes. Relevamientos realizados por OPSA/UBA, Inteligencia Analítica y Giacobbe también registraron mayorías claras a favor de reducir la edad de imputabilidad, lo que confirma una tendencia sostenida en la opinión pública en torno a este punto de la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Cuándo se trata en el Senado
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado por 149 votos a favor y 100 en contra, el Senado de la Nación se prepara para discutir la iniciativa este jueves 26 de febrero desde las 11. La propuesta busca modificar de manera integral el Régimen Penal Juvenil y, entre sus puntos más sensibles, establece la baja de la edad de imputabilidad y un nuevo esquema de sanciones para adolescentes.
El nuevo régimen propuesto abarca a jóvenes desde los 14 hasta los 18 años, mientras que los menores de 14 quedan excluidos de la responsabilidad penal y deberán ser derivados a los sistemas de protección integral de derechos, por fuera del circuito judicial penal.
A su vez, el dictamen establece un sistema progresivo de responsabilidad penal. Para los adolescentes de 14 años, la escala penal prevista para el delito se reduce a la mitad, tanto en su mínimo como en su máximo. En el caso de los imputados de 15, la reducción es de un tercio. En cambio, para los jóvenes de 16 y 17 años no habrá reducción en la escala penal, aunque seguirá vigente el límite máximo de pena fijado por la ley, que prohíbe condenas perpetuas y establece topes específicos para este régimen.
Este esquema introduce una diferenciación según el grado de madurez legal, con el objetivo de establecer sanciones proporcionales a la edad, dentro de un sistema que combina responsabilidad penal con criterios de reinserción y protección de derechos.
El texto también incluye garantías específicas, como el alojamiento de los menores en centros especializados separados de los adultos, la prohibición de castigos físicos o aislamiento y la eliminación de antecedentes penales al alcanzar la adultez, con el objetivo de evitar que las condenas juveniles condicionen su vida futura.
