La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE) expresó su “firme respaldo” al juez Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti, blanco de un plan criminal.
La revelación del plan criminal atribuido a un narcotraficante para asesinar a un juez y a un fiscal federal en Entre Ríos provocó una reacción institucional en cadena dentro del Poder Judicial. La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE) difundió un comunicado en el que manifestó su “solidaridad y firme respaldo” al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal general José Ignacio Candioti, y reclamó al Estado garantizar su seguridad.
“Es imperativo que las autoridades nacionales y provinciales, en sus respectivas jurisdicciones, arbitren los medios necesarios para garantizar la seguridad en el ejercicio de la función judicial, en el entendimiento de que la protección de los magistrados constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho”, señaló la entidad presidida por Marcelo Duffy.
El pronunciamiento se conoció tras el descubrimiento del presunto plan organizado desde la cárcel por el empresario rural Leonardo Airaldi, detenido por narcotráfico, quien habría intentado contratar sicarios para asesinar a ambos funcionarios judiciales.
El caso, que se investiga en el fuero federal de Gualeguaychú, encendió las alarmas en el sistema judicial y derivó en el refuerzo de las medidas de seguridad para los magistrados involucrados.
La Asociación de Magistrados
En la misma línea, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “profunda preocupación” y advirtió que los hechos“son de extrema gravedad y causan honda consternación en tanto no sólo afectan la seguridad personal de los involucrados, sino que atacan directamente los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático”.
La entidad manifestó su “férreo apoyo institucional” al juez Ríos y al fiscal Candioti, y también al fiscal federal Pedro Rebollo y al juez Hernán Viri, a cargo de la investigación.

Además, solicitó “la urgente implementación de las medidas de seguridad para garantizar la integridad personal de los nombrados, como así también el pronto esclarecimiento del grave suceso”.
El comunicado remarca que el episodio no sólo representa una amenaza personal, sino un intento de afectar el funcionamiento del sistema judicial.
El repudio de los fiscales
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su “enérgico repudio al atentado contra sus vidas que sufriera el Fiscal General Dr. José Ignacio Candioti y el Juez Federal Dr. Leandro Ríos”.
La entidad advirtió que estos hechos constituyen “ataques inadmisibles a la autonomía e independencia del Ministerio Público y a la seguridad jurídica que debe regir en un Estado de Derecho”.
En el comunicado, la AFFUN instó a las autoridades a “agotar todas las medidas que permitan garantizar la seguridad de los magistrados, la de su familia y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata”.
También alertó que este tipo de amenazas evidencian la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad para los operadores judiciales, especialmente en causas vinculadas al narcotráfico.
