El presidente de la Asociación de Magistrados Andrés Basso habló tras reunirse con el juez que investiga el plan criminal atribuido al empresario Leonardo Airaldi. Pidió reforzar la seguridad de los jueces que investigan causas sensibles y advirtió que Argentina comienza a registrar amenazas propias de países dominados por el narcotráfico.
La documentación hallada en la cárcel confirmó un plan criminal para asesinar a un juez, un fiscal y un ministro provincial. El dato despertó una enorme conmoción en el Poder Judicial. Es que no se trataba de una simple amenaza: los narcos conocían los movimientos, las rutinas y hasta el único día en que sus objetivos no contaban con custodia. “Sabían cuál era el único día de la semana que estaban sin custodia; no eran unos improvisados”, reveló Quorum el juez federal Andrés Fabián Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Basso habló con este medio tras reunirse este lunes con el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, quien tiene a su cargo la investigación del plan criminal atribuido al empresario rural Leonardo Airaldi, detenido por narcotráfico y acusado de contratar sicarios uruguayos para asesinar al juez federal de Paraná Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Según explicó el magistrado, el hallazgo de pruebas en el penal fue determinante. “Lo que se encontró fue realmente delicado, porque tenían todos los seguimientos de los movimientos; sabían qué días los funcionarios judiciales estaban con custodia y qué días sin custodia”, afirmó Basso.
La causa se originó a partir de los datos aportados por presos que estaban en contacto con Airaldi. La grave denuncia derivó en un allanamiento dentro de la unidad penitenciaria. Allí se secuestraron elementos que confirmaron la planificación del atentado. “Hernán Viri es el juez federal instructor que está a cargo de la causa, y es el que ordenó realizar el allanamiento penitenciario, donde se encontraron distintos elementos y documentación que daban cuenta de los atentados que estaban proyectando”, explicó el juez federal.
“Ni bien tomé conocimiento de la situación, en mi carácter de presidente, me contacté con los afectados, Leandro Ríos, el juez; José Candioti, el fiscal, y con el magistrado que está llevando a cabo la investigación, Hernán Viri, para ponerme a disposición, para darle todo el respaldo institucional, y articulé con las autoridades del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad nacionales todas las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la integridad de los colegas”, señaló.
Ese refuerzo de seguridad -aclaró el magistrado- no fue menor. “Por lo general todos los magistrados federales tenemos una custodia, pero en este caso se ha tenido que reforzar por este episodio”, indicó.
El plan criminal atribuido a Airaldi incluía la contratación de sicarios extranjeros. “Esta persona que está presa por narcotráfico (por Airaldi) había contratado a dos sicarios de Uruguay a cambio de 20 mil dólares para que realicen este tipo de atentados”, reconoció Basso.
La reunión con el juez Viri
Basso contó que este lunes recibió en la sede de la Asociación al juez Hernán Viri, junto a la vicepresidenta de la entidad, María Elena López. El encuentro -lógicamente- tuvo como eje la situación institucional generada por las amenazas y el avance de la investigación.
Durante la reunión, las autoridades de la Asociación expresaron su respaldo al magistrado y reiteraron el reclamo para que se mantengan las medidas de protección.
Un patrón que preocupa
Para Basso, el episodio marca un cambio en el nivel de riesgo que enfrentan jueces y fiscales en el país. “Estas cuestiones se dan mucho en otros países de Centroamérica, en México, Colombia, Ecuador. Hasta acá, en Argentina, no teníamos estos episodios de tanta gravedad y últimamente están empezando a aparecer. Es una tendencia preocupante”, advirtió.
El magistrado recordó que hubo otros hechos intimidatorios, pero destacó que este caso presenta características inéditas. “Lo más preocupante de todo es que, de la documentación y de los elementos que se secuestraron, se advierte la logística y los datos muy puntuales que tenían de las personas. Realmente, no eran improvisados”, insistió.
En ese sentido, consideró necesario revisar los esquemas de protección. “Es necesario reforzar la custodia, no digo a todos los magistrados, pero sí al menos los que tienen causas penales sensibles”, sostuvo.
El comunicado institucional
Tras conocerse el caso, la Asociación de Magistrados difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y advirtió que los hechos “son de extrema gravedad y causan honda consternación en tanto no sólo afectan la seguridad personal de los involucrados, sino que atacan directamente los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático”.
La entidad manifestó además su “férreo apoyo institucional” a los magistrados amenazados y reclamó “la urgente implementación de las medidas de seguridad para garantizar la integridad personal de los nombrados”.
El origen del plan
El expediente investiga el presunto intento de asesinato organizado por Airaldi, un empresario ganadero que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que permanece detenido por narcotráfico.
Según la investigación, el acusado habría planificado los ataques como represalia por las causas judiciales en su contra. El descubrimiento del plan obligó a reforzar las custodias y activó la intervención de autoridades judiciales y de seguridad.
Para Basso, el caso deja una advertencia clara. “Esto muestra la necesidad de reforzar los controles y la custodia”, concluyó.
