Con el aval del Congreso para transferir la justicia laboral a la Ciudad, el jefe de Gobierno Jorge Macri acelera la consolidación de la autonomía porteña y combina esa apuesta institucional con un giro punitivo frente a usurpaciones, vandalismo y trapitos.
En un discurso con fuerte impronta institucional, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, trazó una hoja de ruta en materia judicial que combina transferencia de competencias, reformas penales y coordinación entre poderes para “dar respuestas concretas a los vecinos”.
La apuesta central pasa por la puesta en marcha del fuero laboral propio de la Ciudad, en el marco del acuerdo de transferencia de competencias firmado con el Gobierno Nacional y ratificado por el Congreso. Ese convenio -que profundiza la autonomía reconocida por el artículo 129 de la Constitución- habilita a la Ciudad a asumir progresivamente la justicia nacional ordinaria con asiento en su territorio, entre ellas la laboral.
Fuero laboral: autonomía y modernización
Jorge Macri recordó que el fuero fue aprobado en 2024 y encomendó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, avanzar con su implementación para que los conflictos laborales se resuelvan “de forma moderna y ágil”.
La transferencia ratificada por el Congreso no sólo implica el traspaso de competencias, sino también de partidas presupuestarias, cargos y estructuras administrativas. En la práctica, supone que los litigios laborales entre empleadores y trabajadores de la Ciudad dejarán de tramitar ante la justicia nacional para pasar a la órbita local, con impacto directo en tiempos procesales y gestión judicial.
El movimiento se inscribe en una discusión más amplia: la superación del esquema híbrido que mantiene tribunales nacionales ordinarios en territorio porteño, una anomalía federal que persiste desde 1994.
Delito y coordinación: “Cuando trabajamos juntos, retrocede”
En clave de política criminal, Macri destacó el trabajo articulado con fiscales en casos de usurpaciones. Subrayó que la recuperación de la propiedad tomada número 600 no fue producto de cambios normativos ni de reemplazos de jueces, sino de “decisión política” y coordinación institucional. “Cuando el Ejecutivo y la Justicia trabajan de manera articulada, el delito retrocede”, afirmó.
Marcos Paz y el cierre de Devoto
Otra mención relevante fue la reactivación de la cárcel de Marcos Paz. El objetivo es doble: trasladar los detenidos que hoy se alojan en la cárcel de Devoto -en pleno tejido urbano- y liberar a la Policía de la Ciudad de la custodia de presos en comisarías, una situación que tensiona recursos y funciones.
El traslado permitiría, según la visión oficial, ordenar el sistema penitenciario y reducir riesgos de seguridad en dependencias policiales.
Endurecer penas: trapitos y vandalismo
Macri pidió a la Legislatura avanzar con dos proyectos:
- Ley Antitrapitos, para agravar las penas contra quienes exigen dinero en la vía pública bajo amenaza. “No piden ayuda: extorsionan”, sostuvo.
- Ley de Vandalismo (“Rompe Paga”), para que la destrucción de bienes públicos deje de ser una mera contravención y tenga consecuencias penales. “El que rompe lo que es de todos, paga”, resumió.
Ambas iniciativas apuntan a desplazar conductas del ámbito contravencional al penal, con el consiguiente endurecimiento de sanciones.
Salud mental y situación de calle
Finalmente, el Jefe de Gobierno planteó la necesidad de herramientas legales para abordar los casos de personas en situación de calle con padecimientos psiquiátricos y adicciones que rechazan asistencia. Convocó a la Justicia, a los fiscales y a organizaciones sociales a trabajar en conjunto y pidió al Gobierno Nacional revisar la Ley Nacional de Salud Mental para facilitar intervenciones que permitan tratamiento aun sin consentimiento en situaciones críticas.
El discurso dejó en claro que la agenda judicial será uno de los ejes políticos del año: más autonomía para la Ciudad, mayor coordinación interinstitucional y un giro hacia el endurecimiento de respuestas penales frente a conflictos urbanos.
