La nueva norma introduce modificaciones en el régimen de contratación, la jornada laboral, las vacaciones y el sistema de indemnizaciones, además de incorporar nuevas modalidades y herramientas que impactan en las relaciones entre trabajadores y empleadores.
La Ley de Modernización Laboral, sancionada el viernes pasado en el Senado de la Nación, introduce una serie de cambios que tendrá impacto en la vida de los trabajadores. Entre otras cosas, se modifica el régimen de despidos permitiendo el pago de indemnizaciones en cuotas, cambian las vacaciones, las horas extras y amplía las modalidades de contratación. A continuación, los principales cambios que surgen de la norma.
Despidos
La ley mantiene el criterio general indemnizatorio, al establecer “un mes de sueldo por cada año de servicio”, aunque redefine los conceptos incluidos en el cálculo, lo que en algunos casos reducirá el monto final de la compensación.
Además, acota el alcance de los reclamos judiciales derivados de un despido. El texto señala que “la indemnización prevista constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo” y agrega que no podrán iniciarse acciones por fuera de ese esquema. La modificación apunta a limitar la posibilidad de reclamos adicionales en sede judicial.
No obstante, la ley habilita que los convenios colectivos establezcan mecanismos alternativos de indemnización. En ese sentido, dispone que “mediante Convenio Colectivo de Trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral”, lo que abre la puerta a modelos similares al vigente en el sector de la construcción, basado en aportes anticipados.
El nuevo marco redefine el concepto de remuneración al excluir determinados beneficios. El texto establece que prestaciones como comedor, capacitaciones o cobertura médica adicional no integrarán la base salarial ni el cálculo indemnizatorio. “No son salarios en especie”, señala.
En el nuevo esquema para el cumplimiento de fallos judiciales, se establece que “las sentencias judiciales podrán ser canceladas en hasta un máximo de seis cuotas”, lo que modifica el sistema de pago inmediato vigente hasta ahora.
Contratos y período de prueba
Establece que no se presumirá vínculo laboral cuando “mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes”. La disposición impacta especialmente en el régimen de trabajadores independientes.
Además, extiende el período de prueba (pasa de tres meses a seis), durante el cual el trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización. La ley establece que “el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
La norma también aclara que el empleador “no podrá contratar a un mismo empleado más de una vez utilizando el período de prueba”, con el objetivo de evitar abusos mediante recontrataciones sucesivas bajo esa modalidad.
Salarios
La Ley de Modernización Laboral especifica sobre la forma en que deben abonarse los salarios y reafirma el sistema bancarizado como único mecanismo válido. La norma establece que “las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial”.
El texto agrega que esa cuenta especial será una “cuenta sueldo” y que “bajo ningún concepto podrá tener límite de extracciones, ni costo alguno para el trabajador” tanto en su apertura como en su mantenimiento o uso.
Además, la reforma avanza en la digitalización del sistema de pagos, al disponer que los recibos deberán emitirse en formato electrónico y que “la documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho de pago”.
Banco de horas
La reforma introduce modificaciones en la organización del tiempo de trabajo y permite que el empleador no tenga que pagar un adicional por horas extras trabajadas. “Se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas y francos compensatorios”, dice el texto, lo que permite compensar horas trabajadas con descanso en lugar de su pago inmediato.
Vacaciones
Se modifica el régimen de vacaciones y habilita nuevas modalidades de otorgamiento. La ley mantiene que “el empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente”, pero introduce una novedad al establecer que “las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido período”.
Esto implica que, por primera vez, empleadores y trabajadores podrán pactar vacaciones fuera de la temporada tradicional, algo que hasta ahora estaba mucho más restringido.
A su vez, la norma autoriza el fraccionamiento del descanso anual, al señalar que “el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a siete días”.
En los hechos, esto habilita a dividir las vacaciones en distintos momentos del año.
La ley también mantiene la obligación de informar con anticipación, al disponer que “la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días” y garantiza que los empleados puedan acceder al descanso en verano, al establecer que deberán gozarlas “al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano”.
Aportes patronales
Incorpora un esquema de reducción temporal de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, con el objetivo de promover el empleo registrado. En ese sentido, establece que el empleador deberá ingresar “una alícuota del 2% total en concepto de contribuciones patronales correspondientes a los primeros 48 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral.”
También fija una alícuota del “3% con destino al Subsistema de Seguridad Social”, durante el mismo período.
Este beneficio reduce el costo laboral durante los primeros cuatro años de contratación y forma parte de la estrategia oficial para incentivar la formalización del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
La ley, sin embargo, establece límites y excluye a los empleadores que incurran en fraude laboral o figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, al disponer que quedarán fuera del beneficio quienes permanezcan en ese listado.
Trabajo a domicilio
Determina un sistema de registro obligatorio para los que trabajen bajo esta modalidad. La ley dispone que “los empresarios, intermediarios y talleristas que den trabajo a domicilio, deberán registrar a los trabajadores mediante su inscripción en los sistemas que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) disponga a tal fin”.
El texto agrega que esa inscripción será suficiente para cumplir con las obligaciones laborales, “sin poder requerirse mayores exigencias que las solicitadas por la precitada agencia”.
El objetivo es formalizar un sector históricamente asociado al trabajo informal, en particular en actividades textiles, de producción artesanal y tareas realizadas fuera de establecimientos empresariales.
Asignaciones sociales
Otro de los cambios relevantes es la compatibilidad entre empleo registrado y beneficios sociales. La ley establece que los trabajadores contratados bajo determinadas modalidades “tendrán derecho a percibir las asignaciones familiares contributivas”, y que, al finalizar la relación laboral, “accederán automáticamente al régimen de asignaciones familiares no contributivas correspondiente, garantizándose la continuidad en la percepción del beneficio”.
Esto implica que quienes ingresen a un empleo formal podrán mantener el acceso a determinados beneficios y recuperarlos automáticamente si pierden el trabajo, en una medida orientada a facilitar la transición entre el empleo informal y el registrado sin perder la cobertura social.
Sanciones a empleadores
La norma establece sanciones a los que incumplan las obligaciones de registración laboral. En ese sentido, marca que “el empleador que no registrare la relación laboral será sancionado conforme al régimen general de sanciones previsto en esta ley”.
Además, incorpora un sistema de regularización que permite registrar relaciones laborales no declaradas bajo determinadas condiciones, en el marco de una estrategia orientada a formalizar empleo informal y ampliar la base de trabajadores registrados.
