La Sala IV del máximo tribunal penal federal ratificó la pena contra un hombre que aportó una embarcación y una camioneta para intentar sacar del país 196 kilos de droga de alta pureza. El cargamento fue hallado días después en el canal y en playas cercanas al Puerto de Bahía Blanca.
Un bote semirrígido a la deriva y bolsos negros que comenzaron a aparecer, uno tras otro, en el canal de acceso al Puerto de Bahía Blanca y en una playa próxima a la Base de Infantería de Marina Baterías terminaron de sellar la suerte de uno de los acusados por un intento de contrabando de cocaína millonario. Es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a diez años de prisión contra un narco por haber colaborado en la maniobra para sacar del país casi 200 kilos de droga, en junio de 2022.
El máximo tribunal penal federal, integrado por los jueces Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa y confirmó la responsabilidad del imputado como partícipe primario del delito de tentativa de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización y por la intervención de tres o más personas.
De acuerdo con lo que se tuvo por acreditado en el proceso, el acusado aportó un bote semirrígido de su propiedad y una camioneta Ford Ranger 4×4 con tráiler para trasladar la embarcación. Esa logística fue considerada clave para que otras personas pudieran transportar al menos 196 kilos de cocaína con una pureza aproximada del 80 por ciento.
La droga estaba acondicionada en bolsos negros sujetos con sogas, en forma compacta. Cada bulto contenía entre 25 y 26 paquetes rectangulares que llevaban grabada en bajorrelieve la leyenda “Patrón”, un sello que permitió identificar el cargamento en los distintos hallazgos posteriores, y que se lo vincula con la organización que lidera Reynaldo Delfín Castedo.
La investigación determinó que la droga fue trasladada desde el partido bonaerense de Florencio Varela hasta Bahía Blanca. Allí se intentó su salida hacia el exterior mediante un buque de gran porte apto para viajes de ultramar, que no llegó a ser individualizado. El plan quedó trunco por razones que no pudieron establecerse con precisión.
Sin embargo, días después comenzaron a aparecer las evidencias. El 27 de junio del 2022 hallaron un bote semirrígido sin ocupantes en inmediaciones del canal de acceso a la terminal portuaria y luego los bolsos con la cocaína, de manera segmentada, tanto en el canal como en la playa cercana al predio naval.
Por esa intervención, el hombre fue condenado a diez años de prisión efectiva. Además, se le impuso la inhabilitación especial por cinco años para ejercer el comercio, la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de fuerzas de seguridad y la inhabilitación absoluta perpetua, por el doble del tiempo de la condena, para ejercer cargos públicos, junto con las accesorias legales y costas.
En su revisión, la Sala IV descartó todos los agravios planteados por la defensa. Entre otros puntos, rechazó los cuestionamientos sobre la legitimación de la ARCA para actuar como querellante y solicitar condena, la alegada afectación al principio de congruencia, la valoración de la responsabilidad penal y el monto de la pena.
Los camaristas entendieron que el conjunto de pruebas producidas durante el juicio -testimoniales, periciales y documentales- permitió alcanzar el grado de certeza exigido para una sentencia condenatoria y despejar cualquier duda razonable que debiera resolverse a favor del acusado.
También consideraron que la pena impuesta resultaba ajustada a derecho frente a las circunstancias del caso, especialmente por la elevada cantidad y la alta pureza de la sustancia que se intentó extraer del territorio argentino.
