La implementación total del modelo acusatorio, la cobertura de cientos de vacantes, la ampliación de la Corte Suprema, los juicios por jurados en la Justicia Federal y la puesta en marcha de la nueva Ley Penal Juvenil aparecen entre las primeras decisiones que deberá afrontar el nuevo ministro.
El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia de la Justicia abre una etapa de definiciones clave para el funcionamiento del sistema judicial. Es que el flamante ministro asumirá el cargo con una agenda cargada de reformas pendientes, vacantes sin cubrir y transformaciones que atraviesan tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público.
Sistema acusatorio
La expansión del sistema acusatorio en la Justicia Federal aparece entre los desafíos más inmediatos para el ex Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una reforma procesal que deja atrás el esquema centrado en expedientes escritos y lo sustituye por audiencias orales, con los fiscales como responsables de la investigación y los jueces como garantes del proceso.
De hecho, el tema fue destacado por el propio presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde subrayó el avance del nuevo modelo procesal. “Hemos logrado implementar el sistema acusatorio en el 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio”, afirmó el mandatario ante la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el cronograma vigente, el sistema comenzará a regir el 20 de abril en la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires y en el fuero Penal Económico.
El calendario contempla nuevas etapas de implementación: el 15 de junio en la Justicia Federal de Córdoba, el 24 de agosto en Misiones y el 30 de noviembre en La Plata. La puesta en marcha en los tribunales de Comodoro Py había sido postergada en varias oportunidades por la falta de infraestructura, personal y recursos tecnológicos.
En la gestión de Mariano Cúneo Libarona se realizaron obras edilicias, equipamiento de salas de audiencias, incorporación de tecnología forense digital y programas de capacitación para magistrados y funcionarios. Sin embargo, la transición al modelo acusatorio sigue siendo uno de los mayores desafíos institucionales del sistema penal federal.
Los jueces de la Corte
Una de las decisiones más importantes tiene que ver con la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en 2024, el máximo tribunal quedó reducido a tres integrantes: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Hasta ahora el Gobierno -y tras el paso en falso con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla– había postergado cualquier negociación con la oposición para cubrir esas vacantes, pero la designación de Mahiques podría reactivar ese proceso en los próximos meses.
Vacantes
Un informe reciente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) graficó un panorama desolador sobre el funcionamiento de la justicia federal: uno de cada tres cargos de jueces, fiscales y defensores se encuentra vacante.
La Procuración General de la Nación funciona desde 2018 con un titular interino, el Ministerio Público de la Defensa también y la Defensoría del Pueblo permanece vacante desde 2009.
El informe advierte que esta situación genera un esquema de “acefalía estructural”, con interinatos prolongados y autoridades sin designación constitucional, lo que debilita el funcionamiento institucional y el equilibrio entre poderes.
Sin ir más lejos, el Gobierno demoró el envío al Senado de cerca de 200 pliegos para cubrir cargos judiciales en todo el país. Desde el Poder Judicial vienen reclamando avances ante un nivel de vacantes que, según distintas estimaciones, ronda el 35% de los puestos.
En enero pasado, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, presentó un pedido formal ante el Poder Ejecutivo para que acelere esos nombramientos.
Juicios por jurados
Otro desafío que tiene por delante Mahiques es la incorporación del juicio por jurados en la Justicia Federal. También Milei pidió avanzar con esa reforma destacando en su discurso del domingo 1° de marzo que se trata de una práctica que ya funciona en varias provincias.
El proyecto fue impulsado por el secretario de Justicia Sebastián Amerio y cuenta con dictamen de comisión, aunque todavía no llegó al recinto para su tratamiento legislativo.
Ley Penal Juvenil
A este escenario se suma la implementación de la nueva ley penal juvenil sancionada recientemente por el Congreso, otra reforma que requerirá reglamentaciones, recursos y coordinación entre distintos organismos judiciales y administrativos.
La norma plantea cambios en el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad (baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad) y obliga a reorganizar procedimientos, estructuras y dispositivos institucionales.
